Por Gustavo Trías.-
La reciente Resolución 258/2026 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (ver nota) puede marcar un punto de inflexión en el desarrollo del sistema de salud argentino. Más allá de su contenido técnico, introduce una posibilidad que hasta ahora estaba vedada para el mercado asegurador: el desarrollo de seguros de salud con prestaciones asistenciales directas.
El verdadero valor de esta decisión no radica en incorporar un nuevo competidor al mercado de las prepagas. La discusión es mucho más profunda. La pregunta que deberíamos hacernos como sociedad es cómo logramos que millones de argentinos que hoy dependen exclusivamente del sistema público puedan acceder, por primera vez, a una cobertura privada básica de salud.
Argentina cuenta con aproximadamente 46 millones de habitantes. Una parte importante accede a la salud a través de obras sociales, empresas de medicina prepaga o PAMI. Sin embargo, alrededor de un 40% de la población continúa dependiendo exclusivamente del sistema público para resolver sus necesidades sanitarias. Son millones de personas que muchas veces deben esperar semanas o meses para obtener una consulta con un especialista, realizar un estudio de diagnóstico o acceder a una cirugía programada.
El problema ya no es solamente la cobertura. Es el acceso efectivo. Porque tener derecho a una prestación no significa necesariamente obtenerla en tiempo y forma. Una consulta médica que demora meses, un estudio que se posterga o un diagnóstico tardío terminan afectando la evolución de la enfermedad y, en muchos casos, incrementando los costos para todo el sistema sanitario. Es precisamente allí donde la reciente resolución abre una oportunidad extraordinaria.
Las aseguradoras cuentan con una larga experiencia en administración de riesgos, desarrollo de redes de prestadores, utilización intensiva de tecnología, análisis de datos y programas de prevención. Esa capacidad puede ponerse al servicio de un nuevo objetivo: ampliar el acceso a prestaciones básicas de salud para una población que hoy no encuentra alternativas privadas acordes a sus posibilidades económicas.
No se trata de replicar el modelo tradicional de medicina prepaga ni de sustituir el Programa Médico Obligatorio. Por el contrario, la fortaleza de este nuevo esquema reside justamente en la posibilidad de desarrollar productos diferentes.
Seguros orientados a la atención primaria, consultas médicas programadas, telemedicina, chequeos preventivos, laboratorios, diagnóstico por imágenes, odontología, seguimiento de enfermedades crónicas, programas materno-infantiles o controles preventivos podrían convertirse en una nueva categoría de coberturas sanitarias de bajo costo y alto impacto social.
La prevención merece una consideración especial. Gran parte de las enfermedades que hoy generan los mayores costos para el sistema pueden detectarse tempranamente mediante controles periódicos. Si una persona puede acceder rápidamente a un médico clínico, un laboratorio o un estudio diagnóstico, aumentan considerablemente las posibilidades de un tratamiento oportuno y disminuyen tanto las complicaciones como los costos futuros.
Desde esta perspectiva, el seguro deja de ser únicamente un instrumento financiero para transformarse también en una herramienta de política sanitaria.
Existe, además, un aspecto que necesariamente deberá formar parte de esta discusión. Si el objetivo es desarrollar seguros de salud verdaderamente accesibles para sectores de ingresos medios y bajos, resulta indispensable revisar el tratamiento tributario vigente. Hoy, las primas de los seguros de salud se encuentran alcanzadas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21%, lo que incrementa directamente el costo que afronta el asegurado.
Si el Estado considera prioritario ampliar el acceso a la salud privada, probablemente resulte oportuno analizar un régimen impositivo diferencial para este tipo de coberturas. La reducción o eliminación del IVA no debería interpretarse como un beneficio para las aseguradoras, sino como una política pública destinada a facilitar que millones de argentinos puedan acceder a prestaciones sanitarias que hoy les resultan económicamente inaccesibles.
Un producto de menor costo permitiría ampliar significativamente la cobertura privada de atención primaria, fortalecer la prevención, acelerar los diagnósticos y, al mismo tiempo, aliviar parte de la presión que hoy soporta el sistema público de salud.
La reciente resolución de la Superintendencia constituye apenas el primer paso. A partir de ahora será necesario construir un marco operativo moderno que incentive la innovación, preserve la protección de los asegurados y permita desarrollar productos flexibles adaptados a las distintas necesidades de la población.
La Argentina no necesita reemplazar el sistema de salud existente. Necesita incorporar nuevos escalones de cobertura.
Hoy, la realidad parece dividirse entre quienes pueden acceder a una prepaga tradicional u obra social y quienes dependen exclusivamente del sistema público. Entre ambos extremos existe un enorme espacio para desarrollar coberturas prestacionales simples, accesibles y orientadas a la prevención, capaces de reducir tiempos de espera, mejorar el acceso efectivo a la atención médica y elevar la calidad de vida de millones de personas.
Ese puede ser, probablemente, el verdadero aporte del mercado asegurador en esta nueva etapa. No competir por los mismos asegurados de siempre, sino incorporar a quienes hoy permanecen completamente fuera del sistema privado de salud. Si logramos ese objetivo, estaremos frente a una de las transformaciones más relevantes del sistema sanitario argentino de las últimas décadas.
