Por Ana Durañona y Vedia.-
El fin de semana estuve viendo First Reformed, la película de Paul Schrader protagonizada por Ethan Hawke, y hubo una pregunta que me quedó dando vueltas.
Uno de sus personajes, un joven activista ambiental desesperado por el futuro del planeta, se pregunta si Dios podrá perdonarnos por lo que estamos haciendo con su creación. Me quedó resonando porque detrás de esa pregunta hay otra, más terrenal: qué responsabilidad nace de saber.
Y eso me llevó a pensar en el seguro. Si hay una actividad que se ocupa profesionalmente de observar, medir, anticipar y ponerle precio al riesgo, es la actividad aseguradora. Junto con los reaseguradores, son probablemente algunos de los primeros actores económicos capaces de advertir cuándo aquello que históricamente considerábamos extraordinario empieza a dejar de serlo.
Por eso la pregunta de First Reformed puede trasladarse al sector asegurador de una manera menos teológica, pero igualmente exigente: ¿qué responsabilidad tiene quien conoce el riesgo?
Un riesgo que está cambiando
La Organización Meteorológica Mundial confirmó que los años 2015 a 2025 fueron los once más cálidos desde que existen registros y que 2025 se ubicó aproximadamente 1,43°C por encima del promedio preindustrial. [1]
Esto no significa que cada incendio, tormenta o inundación pueda atribuirse exclusivamente al cambio climático. La magnitud de una catástrofe depende también de cuántas personas y bienes están expuestos y de cuán vulnerables son frente a ese fenómeno. Por eso, a medida que las ciudades crecen, se construye en zonas de riesgo o aumenta el valor de los bienes expuestos, también pueden aumentar las pérdidas, aun frente a fenómenos de similar intensidad.
El problema no es solamente qué fenómeno ocurre, sino qué encuentra cuando ocurre. Y frente a ese escenario no alcanza con aprender a medir mejor el riesgo. También tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para reducirlo, disminuir la exposición y volver menos vulnerables a las personas, los bienes y las actividades económicas.
En Argentina tenemos ejemplos demasiado cercanos. El 7 de marzo de 2025, Bahía Blanca recibió aproximadamente 290 milímetros de lluvia en doce horas. Hubo sectores cubiertos por más de dos metros de agua, más de mil evacuados y enormes daños en viviendas e infraestructura. [2]
El Instituto Geográfico Nacional caracterizó el episodio como un evento de recurrencia centenaria. Esto no significa que ocurra una vez cada cien años, sino que tendría aproximadamente un 1% de probabilidad de producirse en un año determinado. Y si cambian las condiciones climáticas, también pueden cambiar esas probabilidades.
Un informe del CIMA-CONICET-UBA concluyó que las condiciones meteorológicas asociadas a aquellas inundaciones son actualmente hasta un 7% más húmedas de lo que habrían sido en el pasado y atribuyó principalmente el aumento de las precipitaciones al cambio climático provocado por el hombre, aunque reconociendo también la participación de la variabilidad natural. [3]
Bahía Blanca muestra además que no hubo solamente lluvia. Había una ciudad, determinada topografía, infraestructura y miles de personas y bienes expuestos. El riesgo es esa combinación.
Y en nuestro país adopta formas muy distintas. Puede ser el agua que en pocas horas cubre una ciudad; la falta de lluvia que durante meses compromete una cosecha, como ocurrió con la sequía de 2022-2023 —que redujo las exportaciones en más de USD 20.000 millones—; o el fuego que en 2022 afectó más de 785.000 hectáreas en Corrientes. [4] [5]
Son fenómenos diferentes, pero plantean una misma pregunta: cuánto queremos seguir reparando después y cuánto estamos dispuestos a hacer antes.
La brecha y el límite de asegurar
Durante 2025, las catástrofes naturales provocaron en el mundo aproximadamente USD 220.000 millones de pérdidas económicas. De ellas, USD 107.000 millones estaban aseguradas. [6]
Aquello que no paga un seguro no desaparece. Lo absorbe una familia, una empresa o, finalmente, el Estado mediante asistencia y reconstrucción. El cambio climático plantea entonces, además de un problema ambiental, una pregunta económica elemental: ¿quién va a soportar el costo de las próximas catástrofes?
Desde la técnica aseguradora, una respuesta frente al aumento del riesgo es recalcularlo: primas más altas, mayores franquicias o condiciones de suscripción más estrictas. Pero esa respuesta tiene un límite.
Si una vivienda se inunda reiteradamente, la prima técnicamente correcta puede terminar siendo tan elevada que su propietario no pueda pagarla. Y puede llegar un momento en que determinado riesgo deje de ser asegurable en condiciones económicamente razonables.
Ahí aparece una paradoja difícil de ignorar: el seguro puede empezar a desaparecer precisamente de aquellos lugares donde más se lo necesita.
Por eso la pregunta no puede agotarse en cuánto debemos cobrar para asumir un riesgo. Hay otra anterior: ¿qué podemos hacer para reducirlo y mantenerlo asegurable?
De indemnizar a prevenir
Tal vez éste sea el cambio conceptual más importante. Durante mucho tiempo el seguro estuvo pensado fundamentalmente para responder una vez ocurrido el siniestro. El nuevo escenario exige ampliar esa mirada: conocer mejor el riesgo, trabajar para reducirlo y, cuando el daño ocurra, indemnizar y reconstruir disminuyendo la vulnerabilidad futura.
El IPCC reconoce al seguro como una herramienta de adaptación y gestión del riesgo climático y señala que puede incentivar su reducción mediante mejores condiciones para situaciones menos riesgosas. [7]
Esto puede traducirse en medidas concretas: construcciones adaptadas a inundaciones, drenajes y barreras, prevención de incendios, protección frente al granizo, planes de continuidad para empresas, sistemas de alerta temprana y relevamientos previos.
No se trata de convertir a las aseguradoras en urbanistas o autoridades ambientales, sino de aprovechar algo que el sector conoce especialmente bien: qué daños se producen y qué medidas pueden disminuirlos.
La misma lógica vale después del siniestro. Reconstruir exactamente aquello que acaba de demostrar ser vulnerable puede significar financiar el próximo daño. De ahí la importancia de reconstruir mejor, de modo que la indemnización contribuya, cuando sea posible, a disminuir la vulnerabilidad futura.
Las aseguradoras tienen además un activo decisivo: información. Miles de siniestros permiten identificar qué lugares se dañan reiteradamente, qué estructuras resisten mejor y qué medidas preventivas funcionan. Esa información sirve para suscribir y poner precio, pero también para prevenir, alertar a los asegurados y dialogar con los organismos públicos.
Asegurar por un lado, invertir por el otro
Las aseguradoras no son solamente gestoras y portadoras de riesgos. Son también inversores institucionales de largo plazo. El Forum for Insurance Transition de Naciones Unidas destaca ese triple rol y propone que las decisiones de suscripción y de inversión no se piensen como universos separados. [8]
Ahí aparece otra paradoja. Una aseguradora puede dedicar enormes recursos a calcular cuánto deberá pagar en el futuro por inundaciones, incendios o sequías y, al mismo tiempo, invertir parte del capital que administra en actividades que contribuyen a profundizar algunos de esos riesgos. Dicho de otro modo: puede terminar financiando, por el lado de sus inversiones, riesgos cuyas consecuencias deberá indemnizar por el lado de sus seguros.
No existe una relación directa entre una inversión determinada y una catástrofe concreta, ni la solución consiste en elaborar listas simplistas de sectores prohibidos, ignorando criterios de solvencia y rentabilidad o la necesidad de financiar la transición de actividades existentes.
La pregunta es otra: ¿existe coherencia entre aquello que una aseguradora reconoce como riesgo, aquello que decide asegurar y aquello que decide financiar?
Esa misma capacidad inversora puede ser parte de la solución. Infraestructura resiliente, obras hídricas, tecnologías de prevención y alerta, eficiencia energética y actividades productivas capaces de adaptarse a nuevas condiciones necesitan financiamiento.
El seguro tiene así una posibilidad singular: invertir hoy en disminuir algunos de los riesgos que mañana tendrá que asegurar. No como filantropía, sino como estrategia de largo plazo.
Una responsabilidad compartida
Sería absurdo pretender que las aseguradoras resuelvan el problema por sí solas. Una compañía puede incentivar que una vivienda esté mejor protegida frente a una inundación, pero no impedir que una ciudad siga desarrollándose en zonas inundables. Puede financiar infraestructura resiliente, pero no reemplazar las obras públicas ni el ordenamiento territorial.
No existe un mercado asegurador sostenible frente a riesgos catastróficos crecientes sin políticas públicas igualmente serias de prevención y adaptación.
Argentina cuenta desde 2026 con el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029, aprobado por la Resolución 334/2026. El Plan establece como prioridades comprender el riesgo, fortalecer su gobernanza, invertir en su reducción y mejorar la preparación y la reconstrucción. [9]
Además, dentro de su eje económico incorpora expresamente a las aseguradoras entre los actores con los que debe desarrollarse una estrategia vinculada con inversión, daños y pérdidas y desarrollo productivo. [10]
El dato es importante: el propio marco argentino reconoce que las aseguradoras tienen un lugar en esa estrategia. El desafío ahora es traducirlo en prevención, mejores coberturas, utilización de datos, incentivos a la adaptación, inversión resiliente y mecanismos de articulación con el Estado y el reaseguro.
El marco ya existe. El desafío es convertirlo en acción.
Pagar rápido sin dejar de controlar
Hay un último problema que conozco especialmente y que tampoco puede quedar afuera: el fraude. Las catástrofes generan miles de reclamos simultáneos, pérdida de documentación y urgencia por indemnizar. Ese contexto puede ser aprovechado para exagerar daños, incorporar perjuicios preexistentes o montar maniobras organizadas. No es casual que la National Association of Insurance Commissioners contemple expresamente la coordinación antifraude frente a catástrofes. [11]
Pero la respuesta no puede ser transformar a cada damnificado en sospechoso. El desafío es pagar rápido e investigar mejor, utilizando información y análisis de patrones para agilizar los reclamos compatibles con el evento y concentrar la investigación donde aparecen verdaderas anomalías.
El propio cambio cambió
Hay algo más de First Reformed que me quedó resonando. La película habla también de la desesperanza que puede provocar saber que algo está ocurriendo y sentir que ya no podemos modificarlo.
Quizás ese sea uno de los riesgos del debate climático. Si solamente repetimos que aumentarán las catástrofes, crecerán las pérdidas y determinados riesgos pueden volverse inasegurables, es fácil concluir que ya es demasiado tarde.
No creo que sea así. Habrá fenómenos que no podremos impedir, pero hay daños que podemos reducir: ciudades mejor planificadas, construcciones más resistentes, sistemas de alerta eficaces y capital orientado a disminuir vulnerabilidades futuras.
Rafael Echeverría, sociólogo y uno de los principales referentes de la ontología del lenguaje y del coaching ontológico, sostiene que aquella vieja idea según la cual “lo único constante es el cambio” ya no alcanza, porque “el propio cambio cambió”: dejó de ser lineal y acumulativo y pasó a ser exponencial y sistémico. Ese escenario exige a las organizaciones una capacidad permanente de transformación y aprendizaje. [12]
Quizás eso sea exactamente lo que enfrenta hoy la industria aseguradora. El seguro se construyó históricamente observando el pasado para anticipar el futuro. Eso seguirá siendo indispensable, pero puede no ser suficiente cuando están cambiando las propias condiciones bajo las cuales ocurrieron aquellos acontecimientos.
Adaptarse no significa solamente recalcular el riesgo. Significa estar dispuesto a cambiar nuestra manera de actuar frente a él.
En Laudato si’, el papa Francisco resume una idea que atraviesa también esta discusión: “todo está conectado”. La cuestión ambiental no puede separarse de la economía, de nuestras formas de producción ni de las decisiones que tomamos y sus consecuencias sobre los demás. Y plantea además una pregunta difícil de eludir: “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?”. [13]
Tal vez esa mirada sea particularmente útil para pensar el rol del seguro. Porque tampoco podemos separar el riesgo que aseguramos de la manera en que construimos nuestras ciudades; las pérdidas que indemnizamos de aquello que hacemos para prevenirlas; ni aquello que reconocemos como amenaza de las actividades hacia las cuales dirigimos nuestras inversiones.
Al terminar First Reformed, la pregunta queda abierta: ¿Podrá Dios perdonarnos por lo que estamos haciendo con su creación?
No sé si corresponde al sector asegurador responderla. Pero hay otra pregunta, más terrenal, que sí le pertenece: cuando conocemos el riesgo, ¿podemos limitarnos a esperar que ocurra?
El cambio climático obliga al seguro a utilizar aquello que sabe no sólo para calcular cuánto costará reparar un daño, sino también para contribuir a reducirlo, invertir en resiliencia y trabajar junto con el Estado y la sociedad para que los riesgos sigan siendo asegurables.
Si el propio cambio cambió y, además, todo está conectado, tampoco podemos pretender seguir respondiendo siempre de la misma manera.
Frente a un riesgo que cambia, también nosotros tenemos que cambiar la forma en que lo comprendemos, lo prevenimos y actuamos frente a sus consecuencias.
Fuentes y referencias:
[1] Organización Meteorológica Mundial (OMM). State of the Global Climate 2025, 23 de marzo de 2026. [2] Instituto Geográfico Nacional. Interpretación de imagen satelital – Inundación de Bahía Blanca – 7 de marzo de 2025. [3] CIMA / CONICET-UBA. Osman, Marisol y otros, Informe rápido de atribución – Lluvia e inundación en Bahía Blanca, marzo de 2025. [4] Ministerio de Economía de la Nación. Memoria del Ministerio de Economía 2023. Impacto económico de la sequía 2022-2023. [5] Gobierno de la República Argentina. Acciones del Gobierno nacional para combatir los incendios en Corrientes, febrero de 2022. [6] Swiss Re Institute. Natural catastrophes in 2025: the persistent rise of wildfire and storm risk, Sigma 1/2026. [7] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Chapter 17. [8] United Nations Environment Programme Finance Initiative – Forum for Insurance Transition. Insuring and Investing in the Transition, 2026. [9] Ministerio de Seguridad Nacional. Resolución 334/2026, Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029. [10] SINAGIR. Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029. [11] National Association of Insurance Commissioners (NAIC). Antifraud Task Force. [12] Rafael Echeverría. Reflexión sobre la transformación del cambio, publicada en Revista Capital Humano – SOFOFA / Newfield Consulting. [13] Francisco. Carta Encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común, 24 de mayo de 2015.
