Por Jorge Vasconcelos, Vicepresidente e Investigador Jefe de IERAL. –
Después de muchos sinsabores, las últimas dos semanas han traído buenas noticias a la gestión económica, ya que se confirmaron “brotes verdes” en dirección a un posible rebote del nivel de actividad, al mismo tiempo que la tasa de inflación mensual bajaba un par de escalones, con un índice de agosto tan moderado que difícilmente se repita en los próximos meses. Este combo puede abrir espacio a un nuevo capítulo de la política económica, menos a la defensiva, con urgencias pasando a segundo plano y una búsqueda más focalizada del tránsito hacia un escenario de crecimiento. Algunos funcionarios han planteado que ese empalme podría lograrse a través de un “pacto social”, aunque otros parecen inclinarse más bien por acuerdos sectoriales o parlamentarios, según el objetivo a abordar, mecanismo éste que luce más compatible con la idea de ratificar las “metas de inflación” para el año próximo, con un límite superior de 17 % anual. Lo cierto es que las condiciones externas e internas requieren un esfuerzo adicional del gobierno para asegurar que los buenos datos de inflación se reiteren y para que la etapa de crecimiento arranque efectivamente. El formato institucional que adquiera esa política está condicionado por la competencia electoral que ya ha comenzado de cara a 2017, pero también por la necesidad del oficialismo de forjar alianzas, dado su carácter de minoría en el Congreso.
Gracias a la obra pública, el consumo de cemento subió 6,6 % interanual en agosto, luego de caer 15,4 % interanual en el período enero-julio. No fue el único dato positivo, ya que las ventas de vehículos cero kilómetro aumentaron 22,4 %, mientras que en bienes de consumo los datos muestran un recorte en el ritmo de caída, con algunos segmentos ya en terreno positivo, fenómeno explicable por el hecho que, en el margen, la variación mensual de los salarios ha comenzado a aventajar a la de los precios. Junto con estas novedades, subsiste un buen número de indicadores en terreno negativo, además del deterioro del mercado de trabajo que sólo podrá revertirse de un modo gradual, dado el rezago con el que funciona.
Ocurre que ante la magnitud de la “inflación reprimida” existente a fin de 2015, dado el nivel de atraso que tenían el tipo de cambio oficial y las tarifas, es inevitable que existan secuelas de las medidas de “inflación correctiva”. Hay que tener en cuenta, además, que la economía había ingresado en recesión en el tercer trimestre de 2015, luego de un período de “estanflación” de cinco años.
En ese contexto, instrumentos y objetivos pueden chocar entre sí, haciendo que los efectos colaterales de una determinada medida impidan que la economía se normalice rápidamente. Se necesita que las exportaciones y las inversiones reaccionen rápidamente para compensar el impacto inicialmente recesivo de la unificación cambiaria y de la suba de tarifas. Sin embargo, eso no es tan sencillo, porque las exportaciones dependen también de la demanda mundial y de las condiciones de producción local, además de factores de “costo argentino” que operan por fuera del tipo de cambio, caso de la logística, los impuestos y la baja productividad.
En buena medida, lo complejo de la transición tiene que ver con el hecho que la estabilidad de precios tampoco está garantizada. Si la inflación se reavivara, esto podría hacer más pesado el lastre que hoy todavía afecta la trayectoria de las exportaciones y de la inversión. Y si el gobierno tuviera que endurecer su política monetaria y fiscal frente al peligro de una escapada de los precios, entonces quedaría comprometida la recuperación de la demanda interna.
Además de estos riesgos hay que tener en cuenta que en la Argentina la rentabilidad de la mayoría de los sectores es bastante acotada, por lo que no es posible prever un boom de inversiones. Este no es un problema sólo local: obsérvese que en los últimos dos años, mientras el Indice S&P 500 de la bolsa estadounidense subió un 12 %, las acciones de una firma como Caterpillar cayeron un 23 %.
Sin embargo, la “demanda insatisfecha” abierta por años de falta de inversión en la Argentina tiene su contracara en oportunidades de negocios. Es el caso de la reciente licitación de energías renovables, para la que se presentaron 123 ofertas, básicamente de fuente eólica y solar, con localización en la mayoría de las provincias, aunque con elevada ponderación del NOA y de la Patagonia. Cuando se proceda al segundo paso de la compulsa, en el que se definirá el precio al que el estado comprará esa energía, es de esperar que en poco tiempo los desembolsos del sector privado asociados a estos proyectos superen los 1500 millones de dólares.
Es clave que cambie el centro de gravedad del ingreso de divisas, desde el actual predominio de los “capitales golondrina” hacia el de inversiones tangibles aplicándose en el país: entre enero y julio, los préstamos y las aplicaciones de portafolio superan ampliamente al ítem de “Inversión directa de no residentes”. Sin embargo, es muy positivo que este último rubro sume 1450 millones de dólares en lo que va del año, que comparan con 900 millones en igual período de 2015.
En otro plano, la suerte puede o no ayudar, pero es posible que a partir de ahora Brasil deje de jugar en contra. Las exportaciones argentinas al vecino país, que venían cayendo al 20 % interanual en enero-julio, cambiaron de signo en agosto, para pasar a crecer 2,6 % interanual. No alcanza para reactivar inversiones vinculadas con el incierto destino del Mercosur, pero si para comenzar a achicar el exceso de capacidad industrial.
La debilidad de los mecanismos automáticos que llevan de la estabilidad al crecimiento tiene un reaseguro relevante en la obra pública. Es muy probable que el dato de agosto de los despachos de cemento sea un buen augurio para esta primavera.
