Por Guillermo Héctor Bolado.-
El sistema argentino de seguro automotor y de responsabilidad funciona desde hace años cubriendo los siniestros viales. La inmensa mayoría de sus actores -aseguradoras, intermediarios, reguladores y magistrados- cumple su función con profesionalismo y buena fe. Hay oportunidades para tener mejores coberturas y elevar la reputación del sector.
I. El sistema funciona, pero debe mejorarse
El seguro es esencialmente un instrumento de protección ciudadana frente a contingencias que superan la capacidad individual de absorción. La responsabilidad civil automotor, en particular, constituye una red fundamental para reparar a quienes sufren lesiones, pérdidas y daños en accidentes de tránsito. Modernizar esta solución exige conocimiento actuarial, solvencia, regulación prudente y una administración de justicia capaz de resolver conflictos complejos. En todos estos ámbitos, el sistema argentino ha desarrollado importantes capacidades.
Sin embargo, conviene formular esta observación con cautela, ya que se tiende a escuchar con mayor atención a los actores organizados, técnicamente preparados y presentes de manera permanente, mientras que a veces se posterga considerar a los destinatarios individuales, dispersos y carentes de representación organizada.
Esta nota parte de un reconocimiento explícito: productores asesores, aseguradoras, organismos de control y el Poder Judicial cumplen roles legítimos e indispensables. Se propone, entonces, incorporar de manera estable una perspectiva hoy poco considerada: la del asegurado y la víctima. El fortalecimiento del mercado debe medirse también por su capacidad de protegerlos.
II. Solvencia y rentabilidad: la primera protección del asegurado y la víctima
Un seguro es una promesa de pago futuro. Su valor no depende sólo de lo que diga la póliza al momento de firmarla, sino de la capacidad real de la compañía para honrarla años después, cuando el siniestro ocurra. Por eso, conviene decir sin rodeos que la solvencia no es un tecnicismo exclusivo del regulador: es la esencia misma de la protección. Una compañía con capital insuficiente o crónicamente deficitaria no es sólo un dato contable, sino un siniestro futuro sin pagar: otra tragedia luego de un infortunio.
Defender un mercado fuerte y rentable no está en contradicción con proteger al asegurado y a la víctima; son, en realidad, la misma causa.
III. Regulador, foros y justicia
El regulador y sus interlocutores
La Superintendencia de Seguros de la Nación mantiene una interlocución fluida y necesaria con las cámaras de aseguradoras y de productores asesores. Esta relación es plenamente legítima, pues la regulación prudencial requiere un conocimiento profundo de las entidades supervisadas. Sin embargo, actualmente no existe un mecanismo institucional equivalente que canalice de forma sistemática la mirada de tomadores, beneficiarios y víctimas. El canal de ventas cumple una función comercial valiosa y regulada, pero no está diseñado para representar al tomador frente al regulador o a la aseguradora. De hecho, muchas pólizas que se venden en aseguradoras de dudosa solvencia -luego liquidadas- son comercializadas también por ese canal.
Foros profesionales: una agenda que puede ampliarse
Los congresos y jornadas de derecho de seguros producen doctrina de gran nivel y merecen reconocimiento. Su composición refleja, naturalmente, la voz de quienes trabajan profesionalmente en la materia, y es deseable que esas voces estén presentes. Lo que se propone es enriquecer la agenda incorporando, junto a las perspectivas del operador y del intermediario, la experiencia de quienes se sirven del sistema: los propios asegurados y los damnificados, beneficiarios o víctimas.
Acceso a la justicia: litigiosidad
Los costos y tiempos de litigio son excesivos. La litigiosidad tiene múltiples causas: no son sólo los llamados “caranchos”, sino también algunos operadores que postergan sus compromisos como política deliberada y obligan a judicializar los reclamos. Es evidente que se requieren métodos alternativos de solución de conflictos en el sector, como el sistema de “oferta fundada” o “arbitrajes profesionales con dictámenes vinculantes”. Una solución administrativa ágil y aceptada, junto con coberturas suficientes, son la vía más idónea para reducir la litigiosidad actual, que colapsa el sistema judicial sin satisfacer ni al reclamante ni al reclamado.
IV. Brechas que el mercado debe cerrar
Si la solvencia y la rentabilidad son la primera protección, hay otras brechas que, al corregirse, fortalecerán al mercado y protegerán a todos.
A. Que la prima financie el riesgo y no impuestos ni estructuras administrativas costosas
Cada peso de la prima que se destina a impuestos, costos de comercialización excesivos o gastos administrativos innecesarios, es un peso que no llega a cobertura ni a reparación. Aliviar esta carga y depurar sobrecostos abarata el seguro sin debilitarlo, lo hace más accesible, eleva la penetración, reduce los vehículos sin cobertura y amplía el mercado. Los intereses del asegurado (pagar menos por más cobertura) y de la aseguradora (operar en un mercado mayor y más sano) coinciden contra un enemigo común: costos que desfinancian.
B. Cuando la aseguradora se liquida: que no pague el que cumplió
Hoy, cuando se liquida una compañía, la consecuencia recae sobre las dos personas que el sistema dice proteger. El asegurado que pagó de buena fe a la postre debe responder con su patrimonio, y la víctima que pierde su reparación (salvo que le cobre al propio asegurado…). Esto castiga, por fallas ajenas, a quien cumplió. Un fondo de garantía o mecanismo de última instancia, financiado por el propio sistema, como ocurre en otros países, podrá asegurar que la insolvencia de una entidad nunca se traslade a asegurados cumplidores ni a víctimas inocentes. Esto no es sólo equidad; protege la confianza, que es el activo más valioso del sistema.
C. Cuando el tercero se fuga, no tiene seguro o se rechaza la cobertura
No puede aceptarse que una víctima quede sin reparación porque el responsable se fugó, circulaba sin seguro, conducía bajo los efectos del alcohol o las drogas o por falta de pago porque no se le debitó de la tarjeta la cuota de su póliza. Diversos sistemas lo resuelven mediante fondos o consorcios que reparan primero a la víctima y se financian de aportes del sistema, multas o repeticiones contra el responsable. Es necesario también agravar las penas contra el infractor para disuadirlo a no provocar daño y a contar con cobertura.
D. Plazos ciertos, pólizas claras y cumplimiento exigible
La agilidad y la claridad protegen al asegurado y le ahorran costos al asegurador, ya que litigar es uno de los gastos más altos que este afronta. Es necesario avanzar acotando plazos para liquidar siniestros, con intereses previsibles por mora. Deben aplicarse sanciones efectivas y disuasivas a quienes dilatan o incumplen pagos o resoluciones firmes. Esto protege la reputación de la mayoría cumplidora, reduce conflictos y fortalece la confianza.
E. Cobertura insuficiente
El límite máximo de cobertura dispuesto actualmente para los seguros de responsabilidad civil automotor es insuficiente. De los 3 millones de dólares de cobertura en la década del ‘90 (en Europa la cobertura es de 30 millones de euros), actualmente en Argentina es solo de $ 208 millones, que en rigor son solo US$ 140.000. Con la cobertura actual no se repara integralmente a las víctimas fatales ni tampoco a quienes quedan con graves incapacidades. Es ineficaz en siniestros múltiples. El sector debe mejorar la ineficiencia actual que devuelve en pago de siniestros menos del 50% de lo que recauda por primas.
F. La inclusión del asegurado en la gobernanza sectorial
Resulta imperativo institucionalizar la participación del asegurado y de la víctima en los foros de decisión regulatoria. La integración de esta visión es fundamental para garantizar la eficiencia del sistema, permitiendo el diseño de coberturas suficientes, una estructura de costos optimizada y una mayor transparencia. La experiencia del usuario, entendida como el protagonista de los riesgos, constituye un activo estratégico que, lejos de ser un factor de conflicto, resulta esencial para la sostenibilidad y legitimidad del mercado asegurador.
V. Propuestas institucionales para integrar la perspectiva faltante
VI. Un sector fuerte para brindar protección
Un sistema de seguros y responsabilidad civil vial maduro integra miradas y su fortaleza se mide por su capacidad de protección. Aseguradoras, productores, regulador, profesionales del derecho y jueces aportan conocimientos y funciones esenciales. Las perspectivas del asegurado y de la víctima no compiten, sino que se complementan.
Las propuestas expuestas no son adversariales. Defienden un mercado solvente y rentable, que cumple su promesa y repara al asegurado y a la víctima.
