La diputada nacional por Mendoza de La Libertad Avanza (LLA), Mercedes Llano, presentó un proyecto de ley que propone eliminar los gastos de intermediación y comercialización en las contrataciones de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) realizadas por el Estado Nacional.
La iniciativa plantea modificaciones a la ley 26.773 y tiene como objetivo, según los fundamentos del proyecto, “optimizar el uso de los recursos en el Sistema de Riesgos del Trabajo, fortalecer la transparencia en las contrataciones y licitaciones públicas y adecuar el marco normativo a las necesidades actuales del país”.
El proyecto se enmarca, argumenta la iniciativa parlamentaria, en una lógica de reducción de costos estatales y mayor control sobre el uso de fondos públicos destinados al Sistema de Riesgos del Trabajo.
Qué busca modificar el proyecto
La propuesta apunta específicamente al artículo 16 de la Ley 26.773 de Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que actualmente establece límites para los gastos administrativos y no prestacionales de las ART.
La normativa vigente permite que las aseguradoras destinen hasta un 5% de sus ingresos a gastos de comercialización e intermediación. Lo que propone el proyecto es prohibir expresamente esos gastos cuando las contrataciones sean realizadas por el Estado Nacional o por entes públicos mediante licitación pública o contratación directa.
En ese sentido, el nuevo texto establece que en las contrataciones públicas no podrán reconocerse ni pagarse recursos vinculados con:
- Promoción o publicidad.
- Comisiones o remuneraciones a terceros.
- Honorarios derivados de la intermediación de contratos.
Además, el proyecto dispone que los presupuestos de las ART deberán ajustarse exclusivamente a costos administrativos y operativos necesarios para la prestación del servicio.
El argumento central: eliminar “sobrecostos innecesarios”
Uno de los ejes centrales de los fundamentos del proyecto es la crítica a los costos de intermediación en las contrataciones estatales.
“El contexto económico que atraviesa nuestro país, caracterizado por una crisis fiscal y una creciente demanda de eficiencia en el uso de los recursos estatales, vuelve imprescindible eliminar estos gastos superfluos”, sostiene el texto.
La iniciativa cita además doctrina especializada en derecho laboral y riesgos del trabajo para respaldar la propuesta. Entre ellos, menciona al jurista Mario Ackerman, quien sostiene que “la sostenibilidad del sistema depende de que los recursos no se desvíen de su fin prestacional hacia estructuras burocráticas excesivas”.
También incorpora referencias al especialista Miguel Ángel Maza, quien considera que los “costos de adquisición” o intermediación en el sector público “carecen de causa técnica y configuran un sobrecosto innecesario”.
El rol de los PAS y la discusión sobre la intermediación
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el cuestionamiento al rol de la intermediación en las ART contratadas por organismos públicos.
El texto argumenta que la participación de intermediarios pierde sentido en el ámbito estatal por tres razones:
- La cobertura de ART es obligatoria para el empleador estatal.
- Las prestaciones están reguladas y homologadas por ley.
- Las contrataciones públicas ya se rigen por mecanismos administrativos específicos previstos en el decreto 1023/2001.
En los fundamentos se sostiene que, dado que el Estado cuenta con organismos técnicos para realizar licitaciones y contrataciones, “la existencia de un productor no tiene razón de ser” en este tipo de operaciones, m0strando a las claras el desconocimiento sobre el alcance del asesoramiento de un PAS o broker tanto en la venta como en la posventa.
Asimismo, el proyecto recuerda que la propia Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo contempla la figura del autoseguro estatal, lo que demostraría (según la autora) la capacidad técnica del Estado para gestionar directamente sus riesgos.
Transparencia, auditorías y sanciones
Otro de los pilares de la iniciativa es el fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización.
El proyecto incorpora nuevos artículos que obligan a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a la Superintendencia de Seguros de la Nación a reglamentar criterios técnicos claros para clasificar gastos administrativos, comerciales y de intermediación, además de implementar procedimientos de auditoría y control.
También establece un régimen sancionatorio para las ART que incumplan las nuevas disposiciones, con multas de hasta el 5% de los ingresos anuales declarados, suspensión para participar en licitaciones públicas e incluso inhabilitación de hasta cinco años en casos graves o reiterados.
Las sanciones deberán publicarse en el portal oficial de la SRT “con fines de transparencia y conocimiento público”.
Ley 26.773, adecuación y adhesión provincial
La reforma propuesta impacta sobre la ley 26.773, sancionada en 2012, que forma parte del esquema normativo del Sistema de Riesgos del Trabajo. Esa legislación fue creada con el objetivo de ordenar la reparación de los daños derivados de accidentes laborales y enfermedades profesionales, complementando la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.
Entre otros aspectos, la norma regula prestaciones dinerarias y médicas, establece criterios indemnizatorios y fija parámetros para el funcionamiento de las ART, incluyendo límites sobre gastos administrativos y no prestacionales.
El proyecto de la diputada Llano apunta específicamente a este último aspecto, bajo el argumento de que el actual contexto fiscal exige revisar los costos indirectos vinculados con las contrataciones públicas de coberturas laborales.
La iniciativa prevé un período de transición de 180 días desde la publicación de la ley para que las ART adapten sus presupuestos y procedimientos al nuevo esquema.
Además, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones o dictar normas similares en sus respectivas jurisdicciones.
En los fundamentos, la diputada mendocina sostiene que la propuesta busca “fortalecer el Sistema de Riesgos del Trabajo promoviendo un uso racional de los recursos y garantizando la transparencia en las licitaciones y contrataciones públicas evitando direccionamientos con fines espurios”.
