En agosto de 2026 se iniciaron 14.966 juicios por accidentes de trabajo, un aumento interanual de 11,3%. En lo que va del año ya se acumulan 87.553 nuevas demandas en la Justicia de acuerdo con nuevas estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) que proyectan un nuevo récord de litigiosidad para el año 2026.
El registro de agosto se posiciona como el segundo valor más alto desde la creación del sistema, sólo por debajo del pico histórico registrado en marzo de 2017, justo antes de la puesta en marcha de la legislación que sigue en vigencia hasta el día de hoy. Con este ritmo, en los últimos 12 meses se notificaron casi 137 mil juicios, lo que representa un promedio superior a las 11.400 demandas mensuales.
Esta aceleración de la dinámica lleva a pronosticar que a fin de año se volvería a romper un récord y que el sistema habrá absorbido más de 138 mil demandas. Esa cantidad no guarda ningún tipo de relación con los trabajadores asegurados a través de las ART ni con los niveles de siniestralidad, que se reducen año a año. Cada vez menos accidentes y cada vez más demandas judiciales, la paradoja que pone en riesgo la sustentabilidad del sistema para empleadores y trabajadores.
El peso en las provincias y el caso Santa Fe
El impacto de este incremento encuentra sus principales focos en los grandes distritos. La provincia de Buenos Aires (PBA) registró su máximo histórico al quebrar la barrera de los 6.000 juicios mensuales y alcanzó una variación interanual de 16%. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires se mantiene como la segunda jurisdicción con mayor ingreso de causas en el año: creció 4,2% frente a los primeros ocho meses de 2025.
Sin embargo, el caso más resonante es el de Santa Fe, que por segundo mes consecutivo logró superar a CABA en el volumen de ingresos. La provincia alcanzó en agosto su mayor registro histórico con 2.731 nuevos juicios y marcó un fuerte crecimiento interanual de 24,8%.
En ese contexto, al observar el mapa nacional y analizar las principales jurisdicciones, las que presentaron mayores variaciones en el volumen de juicios durante los últimos doce meses fueron Entre Ríos, Santa Fe y la Ciudad.
Dentro de las nueve plazas con mayor cantidad de demandas, Entre Ríos encabeza la escalada: arrojó un aumento de 38% en el acumulado móvil entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.
Por su parte, Córdoba registró un aumento de 28% en comparación con el mismo mes del año pasado y más de cien por ciento respecto a julio de 2026, en el contexto de feria judicial que se corresponden a esa época del año.
El acumulado de los últimos 12 meses permite prever un nuevo récord anual de demandas por accidentes de trabajo en 2026. Fuente: UART.
Avances institucionales que deberían traducirse en menos juicios
Frente a este escenario que amenaza a la sustentabilidad del sistema, existen distritos que intentan avanzar con herramientas institucionales para mejorar la situación.
En CABA, el traspaso de la Justicia laboral representa una oportunidad concreta para construir un fuero con criterios periciales uniformes y aplicar efectivamente las herramientas previstas por la ley. La conformación del Cuerpo Médico Forense puede ser decisiva para reducir la brecha que hoy existe entre las evaluaciones técnicas de las Comisiones Médicas y las pericias judiciales.
En paralelo, en Santa Fe avanza la implementación de los Cuerpos Médicos Forenses, un elemento fundamental previsto por la ley. Sin embargo, en esa provincia la situación expone una paradoja aún mayor. En abril de 2026, se dio una señal política concreta al promulgar la Ley Provincial N° 14.437, una norma orientada específicamente a corregir las distorsiones que alimentan la litigiosidad. Sin embargo, a más de cuatro meses de su sanción y, pese al consenso entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la conflictividad sigue en aumento reflejando una inercia que empuja los juicios hacia nuevos récords históricos, encareciendo el sistema y atentando contra el empleo registrado.
La respuesta a esta escalada infundada no puede ser otra que la estricta aplicación del Baremo y el Listado de Enfermedades Profesionales que junto con cuerpos médicos forenses especializados, debe permitir cerrar la brecha entre la evaluación objetiva y profesional de las Comisiones Médicas y la instancia judicial. Allí está hoy una de las claves para recuperar previsibilidad y sustentabilidad.
El desafío ya no es identificar las herramientas, sino lograr que la Justicia las aplique con celeridad y eficacia.
