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UART advierte: accidentes bajan, beneficios aumentan pero juicios no paran de crecer

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) dio a conocer un comunicado donde brinda un panorama del Sistema de Riesgos del Trabajo, con sus aristas positivas y aquellas que siguen afectando seriamente el sector.

Las “buenas noticias” vienen de la mano de la prevención y servicios:

El Sistema de Riesgos del Trabajo hoy cubre a 9,7 millones de trabajadores y a 1,6 millón de empleadores afiliados.

En los 21 años de vigencia, el trabajo coordinado de todos los actores (empleadores, trabajadores, sindicatos, ARTs y el Estado), consiguió que los accidentes bajen un 35% y los fallecimientos en el lugar de trabajo se redujeran en un 70%. Esta baja se traduce en casi 10.000 vidas salvadas.

En ese mismo período el Sistema tuvo varias reformas normativas a fin de levantar los cuestionamientos que se hacían en la Justicia. Sin embargo, a pesar de la baja de siniestros, de las mejoras prestacionales, de la incorporación de más y mejores servicios, los litigios no dejan de crecer desde el año 2004. En 2015 se iniciaron 106 mil demandas (juicios) y  en 2016 fueron otras 127 mil, un 20% más que el año anterior.

Pero la “paradoja“, advierten desde la UART, es que los accidentes bajan y los beneficios aumentan pero los juicios no paran de crecer.

El nivel de beneficios del sistema de riesgos del trabajo NO se merece esta cantidad de judicialidad, remarcan.

La mala noticia: el embate de la litigiosidad

CABA concentra el 48% del total de demandas notificadas a las ART en todo el país.

En lo que va de 2017, hasta mayo, se notificaron:

  • En CABA: 26.347 juicios (un 31% más que el mismo período del año anterior). Es un valor elevado y con una tasa de crecimiento por encima de la media nacional, aunque pareciera haber alguna desaceleración en la tasa de crecimiento entre marzo/17 y mayo/17. Estos valores incluyen casos pre y pos ley.
  • En total país: 55.321 juicios. Un 24,3% más que el año anterior.

La salida del problema:

Según la UART, para acotar la andanada judicial y dar certidumbre al funcionamiento del sistema, preservando sus logros en materia de prevención y de prestaciones, por iniciativa del Gobierno Nacional, con acompañamiento de las demás fuerzas políticas y con amplio apoyo del sector empresario y sindical, se sanciona la Ley 27.348 que entró en vigencia el 5/3/17.

La misma incorpora la necesidad de pasar por una Comisión Médica con patrocinio letrado gratuito (instancia administrativa previa) antes de acceder a la Justicia. Asimismo, desacopla los honorarios periciales del producido de la sentencia. Prevé la utilización del Baremo o Tabla de Evaluación de Incapacidades como elemento objetivo para cuantificar el daño, a la vez que aumentó considerablemente las prestaciones dinerarias.

Con dicha reforma se busca que la vía administrativa y la vía judicial tomen los mismos parámetros a fin de evaluar un daño. La unificación de criterios es clave a los efectos de bajar la conflictividad o litigiosidad”, aseguran.

 

El impacto de la reforma

CABA es la única jurisdicción en que hay aplicación plena, las ART son notificadas de las demandas entre 2, 3 y hasta 4 meses después de que ingresan. Esto implica que los juicios que ahora se les están notificando, incluyen todavía demandas ingresadas a la justicia antes de la vigencia de la ley.

Por ende, si bien se dispone de las notificaciones, no son suficientes todavía para sacar conclusiones sobre el impacto de la reforma.

 

¿Cómo sigue?

Para la UART, ahora es necesario que cada una de las provincias adhiera a la Ley Nacional. Según explican, en CABA por no tener justicia laboral propia aún, las modificaciones tienen absoluta vigencia. Córdoba ya adhirió, provincia de Buenos Aires tiene media sanción y Mendoza está avanzando.

Sería imprescindible que la Justicia en sus diferentes instancias valide mediante sus fallos las previsiones de la Ley que tienden a abordar las causas de fondo: que es la disparidad de criterios jurisprudenciales que retroalimenta la conflictividad y regulación del quehacer pericial”, concluyen.

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