Estados Unidos Internacionales

Tras el hackeo a 21 millones de personas, renunció la jefa de personal del gobierno de EE.UU.

El pasado 11 de julio, la directora de la Oficina de Administración de Personal del gobierno federal de Estados Unidos, Katherine Archuleta, renunció frente al presidente Barack Obama luego de que sufriera el ciberataque en el que robaron información privada de más de 21 millones de personas, según  informó la Casa Blanca en una nota publicada por Infobae.

La subdirectora de la misma dependencia, Beth Cobert,  reemplazará el cargo de directora en funciones, de manera temporal.

A su vez, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Archuleta ofreció su renuncia “por voluntad propia” y que no fue despedida. Al mismo tiempo, sostuvo que la Oficina de Administración de Personal les sigue debiendo a los ciudadanos afectados por el “información adicional” sobre la filtración y cómo protegerse.

 Es muy claro que se necesitaba con urgencia un nuevo liderazgo, con un conjunto de habilidades y experiencias que son únicas ante los desafíos urgentes que enfrenta la OPM”, dijo el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest.

Dentro de este contexto, legisladores federales acusaron al gobierno chino de ser el responsable y, anteriormente, los  investigadores dijeron a The Associated Press que el gobierno estadounidense cada vez estaba más convencido de que el gobierno de China — y no ciberpiratas criminales — era el responsable. Tras estas injurias, China ha negado públicamente cualquier papel.

El presidente Obama reveló el pasado 9 de julio que los piratas informáticos robaron información privada de más de 21 millones de personas. Como consecuencia de este hecho, los pedidos para que Archuleta fuera reemplazada aumentaron ya que los miembros del Congreso habían exigido la renuncia de la jefa.

Durante el ciberataque, se descargaron números de Seguridad Social, historiales de salud y otros datos importantes. Desde ese primer ataque, el Gobierno ha admitido una segunda invasión a los sistemas que albergan datos privados que introducen los individuos durante las investigaciones de antecedentes para obtener autorizaciones de seguridad. De los datos robados se encuentran historiales delictivos, financieros, de salud, empleo y residencia, así como información de familiares y conocidos. El segundo ataque afectó a más de 19 millones de personas que solicitaron aprobación, así como a casi dos millones de cónyuges, compañeros de casa y otros.

Por último, tras ocurrido el hecho, la Casa Blanca incrementó sus esfuerzos de ciberseguridad. A inicios de junio, empleados gubernamentales recibieron notificación que la OPM ofrece servicios de monitoreo de crédito y seguros contra robo de identidad a los afectados.

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