Por Gustavo Trías.-
El seguro automotor argentino está entrando en una etapa de transformación profunda. Durante décadas, el eje del ramo estuvo relativamente claro: proteger a las personas frente a los daños derivados del uso del vehículo, indemnizar pérdidas materiales, responder ante terceros y administrar un universo de riesgos conocido.
Pero ese universo está cambiando. Los vehículos ya no son solamente carrocería, motor, neumáticos y mecánica tradicional. Son plataformas tecnológicas, conectadas, asistidas por sensores, con baterías de alto valor, software, sistemas de ayuda a la conducción y, en un horizonte no tan lejano para Argentina, con capacidades crecientes de autonomía.
Esto no significa que el seguro automotor esté frente a una amenaza. Al contrario: está frente a una oportunidad extraordinaria para volver a demostrar su valor social y económico. Pero para aprovecharla deberá salir de la lógica de la cobertura estandarizada y avanzar hacia una comprensión más fina de los nuevos riesgos.
En distintas conferencias he señalado que la Argentina parte de una situación ya desafiante: un parque automotor envejecido, con problemas de disponibilidad de repuestos, mayores costos de reparación, incremento de destrucciones totales y una percepción creciente del asegurado de que paga más por un vehículo que vale menos. A este escenario se suman judicialización, fraude, robo parcial y presión sobre los costos técnicos del ramo. Dentro de los desafíos del ramo automotor aparecen entonces: la antigüedad del parque, el aumento de costos de reparación, las nuevas motorizaciones, los sistemas ADAS y la necesidad de salir de la comoditización del producto.
Sobre ese mercado, que ya enfrenta tensiones estructurales, empiezan a incorporarse nuevas tecnologías: vehículos híbridos, eléctricos, sistemas ADAS, conectividad, baterías de alto valor y, en el futuro, conducción autónoma. Cada una de estas innovaciones puede mejorar la seguridad vial, pero también abre preguntas técnicas, jurídicas, regulatorias y aseguradoras.
Un primer ejemplo aparece con los vehículos híbridos y eléctricos. En los últimos años comenzaron a incorporarse al parque argentino miles de unidades con nuevas motorizaciones, y el proceso probablemente se acelere por beneficios fiscales, incentivos provinciales y mayor oferta de las automotrices. La ventaja ambiental y de eficiencia es evidente: menor consumo urbano, menor emisión local y una movilidad más alineada con las tendencias globales. Sin embargo, desde la mirada aseguradora, el cambio no se agota en la propulsión.
El cable de carga, por ejemplo, parece un accesorio menor, pero puede convertirse en una discusión compleja. Si un incendio se origina durante la carga del vehículo, ¿estamos frente a un hecho propio del riesgo automotor? ¿El cable forma parte del vehículo? ¿Debe ser considerado un accesorio incluido en la cobertura de casco? ¿La responsabilidad civil del automotor alcanza los daños causados a terceros durante la carga en un garaje, una cochera, una estación o una vivienda? ¿O ese evento debe ser absorbido por una cobertura de hogar, comercio, consorcio, responsabilidad civil general o incluso por una cobertura específica vinculada a infraestructura de carga?
Estas preguntas no son teóricas. Son el tipo de discusión que aparece cuando la tecnología avanza más rápido que los contratos, las cláusulas, la jurisprudencia y la regulación. El seguro necesita anticiparse. No alcanza con esperar el primer siniestro complejo para empezar a discutir si el cable era parte del vehículo, si la carga estaba dentro del uso normal del automotor o si la fuente del daño pertenecía a otra esfera de riesgo.
A esta dificultad se suma una limitación propia de nuestro mercado: la escasa flexibilidad para modificar y adaptar productos con la velocidad que exige la innovación tecnológica. El marco regulatorio argentino ha tendido históricamente a trabajar sobre coberturas uniformes, con condiciones contractuales fuertemente estandarizadas y con procesos de aprobación que, si bien buscan proteger al asegurado y ordenar el mercado, reducen la capacidad de las compañías para diseñar respuestas diferenciadas frente a riesgos nuevos. En un contexto de vehículos eléctricos, baterías de alto valor, cables de carga, sensores, software, conectividad y conducción asistida, esa rigidez puede transformarse en un obstáculo. El desafío no es desregular sin criterio, sino permitir un espacio de innovación responsable, donde las aseguradoras puedan proponer coberturas específicas, cláusulas más claras y soluciones técnicas adecuadas, sin quedar atadas a moldes contractuales.
Algo similar ocurre con las baterías. En un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, la batería no es un repuesto más. Es uno de los componentes más caros del vehículo y condiciona su valor residual, su vida útil, la depreciación y la viabilidad económica de una reparación. Un daño que en un vehículo tradicional podría ser reparable, en un eléctrico puede acercar rápidamente el costo del arreglo al umbral de destrucción total, una batería dañada puede llevar a declarar pérdida total aun cuando el resto del vehículo se encuentre relativamente intacto.
Esto obliga a repensar criterios clásicos del seguro automotor. Si la destrucción total se configura cuando el costo de reparación supera determinado porcentaje de la suma asegurada (por ejemplo, el 80%), la aparición de componentes de altísimo valor puede modificar drásticamente la frecuencia de esos casos. También puede alterar la curva de depreciación. Un vehículo cuya batería se degrada con el tiempo, o cuyo reemplazo resulta muy costoso, puede perder valor más rápido que un vehículo convencional.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿cómo debe reflejarse esa depreciación en la suma asegurada, en la prima, en la política de inspección, en el valor de reposición y en las condiciones de indemnización?
A esto se suma otro desafío: la red de reparación. El mercado asegurador no puede mirar solamente el costo del repuesto. Debe mirar la capacidad real del ecosistema para diagnosticar, reparar, recalibrar y certificar una reparación segura. Los vehículos modernos incorporan sensores, cámaras, radares, módulos electrónicos y materiales más sofisticados. Un golpe menor puede afectar sistemas de asistencia a la conducción. Un paragolpes ya no es solo una pieza estética: puede alojar sensores que requieren calibración. Un parabrisas puede estar vinculado a cámaras de mantenimiento de carril o frenado autónomo. Una reparación mal realizada no solo encarece el siniestro, puede comprometer la seguridad futura del vehículo.
Aquí aparece la otra cara de la transformación: las nuevas tecnologías también pueden reducir la frecuencia siniestral. Los sistemas ADAS (frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de punto ciego, asistencia de mantenimiento de carril, detección de peatones y ciclistas, monitoreo de fatiga, limitadores inteligentes de velocidad) tienen el potencial de evitar siniestros o reducir su severidad. Todas estas herramientas pueden contribuir a reducir choques por alcance, atropellos urbanos, accidentes por distracción o fatiga, y mejorar los hábitos de conducción.
El dilema para el seguro es que la tecnología puede reducir frecuencia, pero aumentar severidad. Puede haber menos choques, pero reparaciones más caras. Menos siniestros leves, pero mayor costo medio por evento. Menor daño corporal en algunos casos, pero mayor complejidad pericial y técnica. Por eso, el análisis actuarial de los próximos años no podrá apoyarse únicamente en la historia siniestral tradicional. Habrá que segmentar por tecnología, equipamiento, tipo de motorización, disponibilidad de repuestos, red de reparación, calibración, uso urbano o rutero, hábitos de conducción y conectividad disponible.
Hay, además, una oportunidad estratégica: la integración entre aseguradoras, automotrices, talleres, proveedores tecnológicos y reguladores. En el futuro, la información del vehículo será tan importante como la denuncia del siniestro. La conectividad puede permitir reconstruir eventos, detectar maniobras, prevenir fraude, mejorar la asistencia, reducir robos y acelerar liquidaciones. Pero para eso se necesitarán acuerdos, estándares, reglas claras de privacidad y una visión compartida.
El seguro automotor argentino no está ante un cambio marginal, está ante una redefinición del objeto asegurado. Durante años aseguramos vehículos, ahora deberemos asegurar sistemas de movilidad. Eso implica repensar cláusulas, procesos de suscripción, inspección, liquidación, peritación, reparación, pricing, prevención, relación con proveedores y gestión de datos.
Por eso, además de repensar productos, procesos y modelos de reparación, será necesario revisar el modo en que el regulador habilita la innovación contractual. Un mercado obligado a operar con coberturas excesivamente uniformes corre el riesgo de responder con herramientas viejas a riesgos nuevos. La protección del asegurado no se logra impidiendo la diferenciación técnica, sino promoviendo contratos claros, solvencia, transparencia y capacidad real de respuesta frente a los cambios de la movilidad.
Los interrogantes son muchos. ¿Debe haber coberturas específicas para baterías? ¿Cómo se valúa su degradación? ¿Qué tratamiento debe darse a los cables de carga y cargadores domiciliarios? ¿Cómo se define la destrucción total en vehículos con componentes tecnológicos de altísimo valor? ¿Qué ocurre si un sistema ADAS no fue recalibrado correctamente después de una reparación? ¿Quién responde si el software falla? ¿Cómo se prueba la responsabilidad en un vehículo autónomo? ¿Qué datos podrá requerir la aseguradora y bajo qué límites? ¿Cómo se protege al tercero damnificado sin frenar la innovación? ¿Y cómo se compatibiliza la necesaria tutela regulatoria del asegurado con la flexibilidad indispensable para que el mercado innove?
La respuesta no debería ser defensiva. El seguro nació para administrar incertidumbre. Y pocas cosas expresan mejor la incertidumbre contemporánea que esta transición tecnológica de la movilidad. El desafío será construir productos más inteligentes, contratos más claros, estadísticas más precisas, redes de reparación más capacitadas y una regulación que acompañe sin bloquear.
La movilidad del futuro será más eléctrica, más conectada, más asistida y, progresivamente, más autónoma. El seguro debe ser parte de esa conversación desde el inicio. No solo para pagar siniestros, sino para prevenirlos, ordenar responsabilidades, dar confianza al consumidor, proteger a las víctimas y hacer viable la innovación.
Los cambios no deben verse como una amenaza sino como una invitación a reinventarnos. En esta nueva movilidad, el seguro tiene un rol más protagónico que nunca. Y cuanto antes empecemos a formular las preguntas correctas, mejores serán las respuestas que podremos darle a la sociedad.
