Por Ana Durañona y Vedia.-
Durante muchos años, el fraude en seguros fue abordado por las compañías aseguradoras principalmente desde una lógica individual: un siniestro exagerado, una denuncia falsa, un reclamo inflado o un tercero oportunista que intentaba obtener una indemnización indebida, eran eventualmente judicializados cuando existían elementos suficientes para sospechar una maniobra fraudulenta.
Sin embargo, en los últimos años, frente al aumento significativo de reclamos sospechosos y la reiteración de determinadas modalidades de actuación, comenzó a producirse un cambio sustancial en la manera de abordar este fenómeno dentro del mercado asegurador.
Muchas compañías dejaron de analizar los reclamos sospechosos como hechos aislados y empezaron a observarlos de manera transversal, detectando repeticiones, vínculos y patrones incompatibles con la lógica de siniestros independientes.
El análisis conjunto de expedientes, la reiteración de determinados actores, testigos, domicilios, profesionales intervinientes y centros médicos, sumado a investigaciones internas cada vez más sofisticadas y al impulso de denuncias penales acompañadas de abundante prueba documental, dio lugar a investigaciones judiciales de enorme relevancia que terminaron exponiendo algo mucho más complejo: la existencia de verdaderas estructuras organizadas de litigación fraudulenta.
Las causas conocidas públicamente como “Caranchos VIP” en Morón y “Truglio” en Lomas de Zamora, entre otras, terminaron de exponer con claridad esa transformación.
Porque el cambio no es menor. Nos encontramos frente a esquemas profesionalizados, sostenidos en el tiempo, con distribución de roles, reutilización de personas y patrones de actuación repetidos.
Uno de los aspectos más relevantes que dejaron al descubierto estas investigaciones es la lógica de serialidad con la que operan muchas de estas organizaciones. Las mismas personas aparecen sucesivamente como actores, testigos, autorizados, acompañantes, receptores de cédulas o supuestos damnificados en distintos expedientes; se reiteran domicilios, centros médicos y modalidades de accidente, y comienzan a advertirse conexiones entre distintos estudios jurídicos y causas que, en apariencia, no guardaban relación entre sí. El fenómeno dejó de ser un conjunto de episodios individuales para transformarse en una mecánica organizada de litigación fraudulenta.
Y ese cambio exige también una transformación en la manera de investigar.
El verdadero valor está en detectar patrones
Históricamente, muchas investigaciones internas se concentraban exclusivamente en analizar si un determinado siniestro era verdadero o falso. Hoy eso ya no alcanza. La experiencia demuestra que el verdadero salto cualitativo en la detección de estas maniobras se produce cuando las compañías comienzan a cruzar información y analizar los casos de manera global, permitiendo identificar patrones repetitivos. Muchas veces, un expediente aislado puede parecer jurídicamente defendible, sin embargo, cuando se lo observa junto a decenas de casos similares, aparece con claridad el patrón.
Cuando el Ministerio Público empieza a investigar estructuras y no casos aislados
En este contexto, la causa “Truglio” marcó un punto de inflexión institucional y judicial de enorme relevancia para el mercado asegurador argentino.
Recientemente, la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó las condenas dictadas contra abogados integrantes de las organizaciones investigadas, consolidando uno de los antecedentes más importantes en materia de fraude organizado contra compañías aseguradoras en la Argentina.
La decisión no solo ratificó la gravedad de las maniobras investigadas, sino también la necesidad de abordar estos hechos desde la lógica de la criminalidad organizada y no como simples litigios aislados.
Pero además, el caso exhibe otro aspecto trascendental: actualmente se desarrolla el primer juicio oral de estas características en el que la Superintendencia de Seguros de la Nación interviene activamente como particular damnificada, en defensa del sistema asegurador y de los asegurados.
La presencia de la SSN en ese rol institucional representa un mensaje claro: el fraude organizado no perjudica únicamente a una compañía determinada, sino que afecta la estabilidad, transparencia y sustentabilidad de todo el mercado.
Este cambio de paradigma resulta fundamental. Porque implica reconocer que detrás de estas maniobras no solo existe un perjuicio económico individualizable, sino también una afectación al orden público económico y a la confianza sobre la que se sostiene el sistema asegurador.
No resulta un dato menor que muchas de las compañías sistemáticamente afectadas por este tipo de maniobras son, precisamente, aquellas reconocidas en el mercado por mantener políticas activas de pago y cumplimiento frente a siniestros legítimos. Paradójicamente, esa conducta diligente y orientada a brindar respuestas rápidas a los asegurados termina convirtiéndolas en objetivos particularmente atractivos para estructuras defraudatorias organizadas. De hecho, una de las particularidades más alarmantes advertidas en la investigación del caso “Giovanelli” fue que la organización buscaba específicamente asegurados de este tipo de compañías, ofreciéndoles dinero para formular denuncias falsas de siniestros y participar de maniobras previamente organizadas. Es decir, los involucrados no captaban personas al azar, sino que procuraban reclutar asegurados de determinadas compañías previamente seleccionadas, llegando incluso a manejar listados concretos de entidades sobre las cuales convenía operar por sus políticas de cumplimiento y pago, extremo que era promocionado de manera abierta y absolutamente impune mediante publicaciones y mensajes en redes sociales y estados de WhatsApp en los que se ofrecía dinero a cambio de participar en falsas denuncias, utilizando expresiones del tipo: “…si sos asegurado de… y necesitás plata para las vacaciones, comunicate con nosotros”.
El problema, sin embargo, no se agota en el perjuicio económico que sufren las compañías. El fraude sistemático impacta inevitablemente sobre todo el sistema asegurador y termina afectando, directa o indirectamente, a los propios asegurados, quienes soportan las consecuencias de un mercado distorsionado por litigios y reclamos fraudulentos. En efecto, frente al crecimiento de este tipo de maniobras, las compañías se ven forzadas a extremar controles, profundizar auditorías y adoptar criterios cada vez más rigurosos al momento de analizar y abonar siniestros, lo que inevitablemente genera mayores demoras, costos, exigencias y complejidades en la gestión cotidiana de los reclamos.
La importancia del trabajo coordinado
Otro aspecto central que dejaron estas investigaciones es la relevancia del trabajo conjunto entre compañías aseguradoras.
Durante años, gran parte de la información quedó fragmentada y cada aseguradora veía únicamente el tramo de maniobra que impactaba sobre su propia cartera. Las investigaciones comenzaron a avanzar cuando distintas compañías decidieron compartir información, detectar coincidencias y denunciar de manera coordinada, permitiendo reconstruir conexiones que hubieran sido invisibles desde una mirada aislada.
El fraude produce pérdidas millonarias, pero reducir el problema únicamente a una cuestión económica sería un error. Cuando se montan siniestros falsos, se adultera prueba médica, se falsifican poderes o se instrumentaliza el sistema judicial para obtener indemnizaciones indebidas, el daño excede ampliamente a las compañías involucradas. Lo que se erosiona es la confianza en el sistema.
Porque estas maniobras no solo afectan la ecuación técnica del seguro. También instrumentalizan el proceso judicial como mecanismo de obtención ilegítimo de rentas, degradan el ejercicio profesional y erosionan la confianza sobre la que se sostiene tanto el sistema de justicia como el mercado asegurador.
Cuando determinadas prácticas comienzan a naturalizarse, el riesgo deja de ser exclusivamente económico: pasa a comprometer el funcionamiento institucional del sistema.
En muchos casos, además, estas organizaciones operan con altos niveles de profesionalización, distribución de funciones, captación organizada de intervinientes y aprovechamiento deliberado de debilidades estructurales del sistema judicial y asegurador.
Por eso, subestimar el fenómeno o analizarlo únicamente desde la lógica del litigio individual implica perder de vista su verdadera dimensión: la de una criminalidad económica organizada que se adapta, aprende y muta constantemente.
El desafío que viene
Las organizaciones dedicadas al fraude continúan evolucionando: utilizan redes sociales, captan personas vulnerables, profesionalizan sus mecanismos de actuación y aprenden rápidamente de las debilidades del sistema.
El desafío actual del mercado asegurador es consolidar bases de información, detectar patrones tempranamente, fortalecer los equipos antifraude, profundizar la cooperación entre las compañías y sostener una política activa de denuncia penal.
En esa tarea, resulta crucial el involucramiento activo y la guía institucional de la Superintendencia de Seguros de la Nación, no solo como organismo de control, sino también como articulador de políticas de prevención, cooperación y capacitación vinculadas al fraude organizado.
En este sentido, sería altamente valioso avanzar hacia mecanismos institucionales de intercambio de información entre aseguradoras y el organismo de control, mediante sistemas centralizados que permitan reportar y cruzar datos vinculados a siniestros sospechosos, profesionales intervinientes, domicilios reiterados, testigos frecuentes, centros médicos, poderes observados y demás indicadores de riesgo, complementados además con bases compartidas de domicilios, testigos y profesionales, alertas tempranas entre compañías, mesas de trabajo coordinadas con la SSN y fiscalías, capacitación específica para detectar patrones, estadísticas centralizadas de fraude, convenios con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, trazabilidad digital de poderes y denuncias y sistemas de scoring de riesgo de siniestros.
Un esquema de estas características no sólo facilitaría la detección temprana de estructuras organizadas, sino que permitiría identificar conexiones que muchas veces permanecen invisibles cuando cada compañía analiza los casos de manera aislada.
El fraude organizado opera fragmentando la información; la única forma eficaz de enfrentarlo es construir inteligencia colectiva.
Las causas “Caranchos VIP” y “Truglio” demostraron algo fundamental: cuando existe decisión institucional, trabajo técnico y coordinación entre sector privado y Justicia, estas estructuras pueden ser detectadas, investigadas, desarticuladas y sancionadas. El trabajo coordinado entre compañías, organismos de control y Justicia permitió no solo visibilizar estas maniobras, sino también avanzar sobre organizaciones que durante años operaron aprovechando la fragmentación de la información y las debilidades del sistema.
Ese cambio de paradigma probablemente sea el dato más relevante y alentador.
Porque cuando el sector comparte información y sostiene una política activa de investigación y denuncia, el fraude deja de ser un costo inevitable.
El desafío continúa. Pero hoy el mercado asegurador cuenta con más herramientas, mayor experiencia y una conciencia mucho más clara de la dimensión real del problema. Y esa, sin dudas, es la base indispensable para construir un sistema más sólido, transparente y sustentable para las compañías y para los asegurados.
