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Renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿podría afectar industria automotriz mexicana?

La industria automotriz mexicana, evaluada por Coface como “riesgo alto”, desempeña un importante papel en la economía del país. La participación del sector pasó de un 1,5% del PIB mexicano y un 8,5% de su producción industrial en 1993, a un 3% del PIB y un 18% de la producción industrial en 2015.  México cuenta con 28 plantas de fabricación de automóviles que generan, directa e indirectamente, 1,7 millones de puestos de trabajo. El discurso del presidente Donald Trump desde el inicio de su campaña electoral, hostil a los acuerdos de libre comercio, aún no ha afectado al sector, pero los riesgos se han intensificado por las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la agenda electoral mexicana.

El sector automotor es uno de los temas más controvertidos en las conversaciones del TLCAN

Desde el comienzo de su campaña electoral en 2016, el presidente Donald Trump no ha cesado en sus ataques al acuerdo TLCAN, responsabilizándolo del déficit comercial entre Estados Unidos y México y de la destrucción de empleo. Uno de los puntos de negociación más controvertidos es la industria automotriz. Actualmente, el acuerdo requiere que un 62,5% de los componentes de vehículos provengan de los países miembros (México, Estados Unidos y Canadá), con el fin de beneficiarse de las importaciones exentas de derechos aduaneros. En el marco de las renegociaciones, Estados Unidos intenta elevar este ratio a un 85%, garantizando el 50% a los productores americanos, propuesta que ha sido rechazada categóricamente por Canadá y México. Esta medida no sería favorable para las exportaciones mexicanas, ya que el 60% de los automóviles producidos en México se exportan a Estados Unidos.

Para Coface, el escenario más probable es el de la consecución de un acuerdo comercial que preserve la mayor parte de los lazos comerciales transfronterizos entre los tres países, a pesar de la retórica anti libre comercio de Estados Unidos y del aplazamiento de las renegociaciones del TLCAN.

Las estrechas relaciones comerciales que existen entre Estados Unidos y México son uno de los factores a favor de este escenario. Si el gobierno de Estados Unidos decidiera abandonar el tratado TLCAN debería hacer frente a la fuerte oposición del sector industrial americano, por un lado, y de algunos estados de ese país, por otro.

Los riesgos se intensifican por la agenda electoral de México y las tendencias de consumo

Las decisiones de los hogares en materia de consumo serán influenciadas, probablemente, por las incertidumbres que rodean a las elecciones presidenciales mexicanas, que tendrán lugar el 1 de julio de 2018 – y que coincidirán con las renegociaciones del TLCAN. A finales de diciembre de 2017 la inflación aumentó a 6,8%. El tipo de interés de referencia se incrementó en 450 puntos básicos desde diciembre de 2015 hasta alcanzar el 7,5% anual en febrero de 2018. En 2017, el registro de vehículos de México se contrajo un 4,6% interanual.

Un cambio de gobierno podría impactar sobre la orientación económica favorable a las empresas, resultando en un cambio radical de la posición mexicana en las negociaciones del TLCAN. El descontento del pueblo mexicano ante el aumento de la criminalidad (2017 fue el año más violento de las dos últimas décadas) y la corrupción han creado un entorno antisistema, lo que ha aumentado las posibilidades de que un candidato populista gane la carrera presidencial.

Pensando más allá de la relación comercial con Estados Unidos

Actualmente, México cuenta con 10 tratados de comercio exterior con 45 países. También parece aspirar a la consecución de nuevos acuerdos y a la actualización de los ya existentes (como es el caso del acuerdo comercial con la Unión Europea). Si el resultado de las negociaciones del TLCAN fuera adverso para México, el país debería concentrar sus esfuerzos en fortalecer su entorno empresarial, ya que el reciente recrudecimiento de la violencia y la debilidad del estado de derecho están obstaculizando las inversiones. De acuerdo con el índice del estado de derecho para 2017-2018 del World Justice Project (WJP), México se encuentra en el puesto 92 de los 113 países evaluados (sólo por delante de Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela de las 30 economías latinoamericanas analizadas).

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