Ambos oradores coincidieron en un único punto de partida: ninguna ley genera empleo por sí sola. A partir de ahí, sus diagnósticos divergieron por completo. Para Rappallini, quien participó en el Consejo de Mayo donde se diseñó la norma, el problema central de las últimas dos décadas fue la incapacidad de crear empleo formal —el país lleva veinte años estancado en torno a los seis millones de puestos registrados— y la reforma apunta a corregir las condiciones que lo obstaculizaban. Para Sola, en cambio, el punto de partida correcto no es la legislación laboral sino un proyecto de inversión productiva que hoy, afirmó, no existe.
El titular de la UIA describió el régimen anterior como un sistema que erosionaba la capacidad del empresario de organizar y dirigir su empresa, con convenios petrificados por la ultraactividad y una litigiosidad que funcionaba como mecanismo de presión sobre la gobernanza interna. Citó el caso del mercado de ART como síntoma: las empresas lograron reducir los accidentes en un 70%, pero los juicios aumentaron un 80%. La incorporación del Fondo de Acumulación Laboral (FAL) fue presentada como un avance clave para las pymes, al darles previsibilidad en las decisiones de contratación y desvinculación. “La ley no habla de los cambios a futuro, pero genera las posibilidades para que esas discusiones se apliquen en los convenios colectivos”, sintetizó.
Sola construyó su argumento sobre un diagnóstico de deterioro generalizado: desempleo en alza con especial impacto en los jóvenes, endeudamiento familiar en expansión y una caída sostenida del consumo minorista. Los sectores que históricamente traccionaron el empleo genuino —construcción, manufactura y comercio— son, según el dirigente, los que más puestos perdieron, mientras crecen las actividades vinculadas a la inversión financiera y la extracción de recursos. En ese contexto, calificó la reforma de “oportunidad perdida” y cuestionó que los trabajadores no hayan sido convocados a su diseño. Sobre el FAL, fue categórico: “Eso es salario diferido de los trabajadores, no es de los empleadores.”
El debate dejó expuesta una fractura que excede lo técnico-jurídico. Rappallini reconoció que queda un trabajo importante de adaptación de la justicia y que la ley abre una negociación que recién empieza. Sola, por su parte, anticipó que la CGT sostendrá la impugnación judicial y reclamó que el sector trabajador sea convocado a las mesas donde se discute su futuro.
