El Sistema de Riesgos de Trabajo sigue enfrentando en este 2026 un escenario en el que las demandas contra las aseguradoras no paran de crecer, ya que sólo en los primeros tres meses del año, ingresaron 26.697 nuevos juicios; en tanto que en los últimos doce meses el número llegó a 135 mil casos: un promedio de 11 mil cada mes, de acuerdo con los datos proporcionados por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
La causa estructural de la creciente litigiosidad reside en que la mayoría de las Cortes Supremas de las provincias aún no cumplió con lo que establece la Ley al no designar Cuerpos Médicos Forenses que se ocupen de las pericias ante casos de controversia. Esta falta de designación o incumplimiento judicial permite que se mantenga la incertidumbre en la evaluación de las incapacidades, alimentando la industria del juicio.
En marzo, se notificaron a las ART 13.260 juicios, acumulando 26.697 nuevas demandas en los tres primeros meses del año. Con este registro, la litigiosidad presenta un aumento en comparación con el primer trimestre del 2025 y continúa así su crecimiento desproporcionado. Sobre todo, si se tiene en cuenta que enero es mes de feria judicial.
Además, el ingreso de juicios presentó un aumento del 13% contra marzo del 2025 y supera también los registros del mes pasado. Con estos números, en los últimos 12 meses ingresaron 135 mil juicios, lo que representa un flujo de más de 11 mil demandas cada mes.
En ese aspecto, es clave señalar que, de acuerdo con el acumulado en el último año, se puede observar una tendencia creciente y la proyección, para fines de 2026, de más de 138 mil juicios: una cifra que rompe el récord de 2025 (134 mil demandas).
Cabe destacar que, aunque la Provincia de Buenos Aires presentó una baja tras los altos niveles de febrero, registra un aumento de casi diez por ciento en comparación con marzo de 2025.
A su vez, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la jurisdicción con mayor aumento entre las cinco más pobladas del país tanto si se la compara con febrero (+26,2%) como contra marzo (+27,5%) del año pasado.
Asimismo, mientras Santa Fe sostiene su tendencia creciente (+16%), Mendoza y Córdoba continúan con su trayectoria descendente en términos interanuales.
Un trimestre difícil con algunos avances positivos
No obstante, pese a ese contexto desfavorable, se pudieron observar algunos hechos que podrían estar destinados a moderar la acuciante situación que sufre el sistema en provincias como Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En primer lugar, hace un mes la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomó juramento a los primeros peritos médicos forenses que se dedicarán a las causas sobre riesgos del trabajo como parte de la Justicia Provincial. A su vez, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó el proyecto de reforma de la ley procesal provincial, estableciendo la intervención obligatoria del Cuerpo Médico Forense, estableciendo pautas claras para su funcionamiento. Ambos pasos son fundamentales para comenzar a cumplir con la Ley subsanando una de las principales causas de la litigiosidad: la cuestionable tarea de los peritos “de lista”.
En el mismo sentido apunta la provincia de Mendoza, anunció la ampliación del número de peritos dependientes del Poder Judicial.
En ese contexto, también es de destacar el fallo “Galarza”, de la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, que representa un avance fundamental hacia la seguridad jurídica y la racionalidad económica, ya que despeja la incertidumbre de criterios dispares y evita los montos desproporcionados derivados de la capitalización de intereses.
Otra novedad es la aprobación por parte del Congreso Nacional del Convenio del traspaso de la Justicia Nacional Trabajo firmado entre el Gobierno Nacional y la CABA y el avance en el concurso de jueces del Trabajo para el nuevo fuero.
Ante un 2026 que proyecta cifras récord de demandas, la aprobación de la Ley de Modernización Laboral en febrero podría surgir como un pilar adicional para contener la industria del juicio. Este nuevo marco normativo, sumado al compromiso asumido por algunos gobiernos provinciales, sienta las bases para recuperar la seguridad jurídica perdida.
Se trata de un cambio de paradigma indispensable que no solo busca moderar la litigiosidad desmedida, sino asegurar la sostenibilidad del Sistema de Riesgos del Trabajo, garantizando parámetros de previsibilidad que son vitales para el desarrollo productivo y la protección efectiva de los trabajadores en todo el país.
