La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) le aplicó una multa de $41.124.110 a Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada, en el marco de una investigación iniciada a partir de la denuncia de un Productor Asesor de Seguros contra un ex PAS, quien señaló la presunta emisión de 495 pólizas mediante la utilización apócrifa de su matrícula.
En el expediente también quedaron bajo análisis la participación de AGS Comercializadora S.R.L., una firma que, según las constataciones realizadas por la SSN, habría desarrollado funciones propias de una aseguradora sin contar con autorización para hacerlo.
El organismo consideró que el esquema de trabajo entre ambas sociedades excedía una relación de colaboración comercial o prestación de servicios y suponía, en los hechos, la transferencia a un tercero no autorizado de funciones centrales de la operatoria aseguradora. También observó que la compañía no aportó documentación suficiente para acreditar la intervención del productor denunciante en las pólizas cuestionadas ni para reconstruir adecuadamente el circuito de comisiones y cobranzas.
Una denuncia por 495 pólizas y la intervención de una firma no autorizada
Las actuaciones se iniciaron a partir de una presentación realizada ante la SSN por el PAS Gustavo Adrián Briolotti contra el ex PAS José Alberto Mastrobuono, contra Agrosalta y contra AGS Comercializadora S.R.L.
Según la denuncia, se habrían emitido 495 pólizas de seguros utilizando de manera apócrifa la matrícula profesional de Briolotti. El denunciante informó, además, que había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38. Entre la documentación aportada ante la SSN se encontraba una copia de esa denuncia, un presunto listado de las pólizas involucradas y distintos intercambios telegráficos.
En el marco de las primeras actuaciones, la Gerencia de Autorizaciones y Registros de la SSN informó que AGS Comercializadora S.R.L. no se encontraba inscripta ante el organismo de control. También confirmó que Mastrobuono había estado matriculado como Productor Asesor de Seguros desde enero de 1992, pero que su inscripción había sido dada de baja en septiembre de 2004.
A partir de esos antecedentes, la Superintendencia ordenó realizar verificaciones en las sociedades involucradas. Las inspecciones permitieron analizar tanto el funcionamiento de AGS Comercializadora como la operatoria de Agrosalta y, en particular, el vínculo contractual que mantenían ambas entidades.
Uno de los principales hallazgos de la investigación estuvo relacionado con el denominado “Contrato de Administración y Comercialización” celebrado entre Agrosalta y AGS Comercializadora. A partir del análisis de ese acuerdo y de las manifestaciones recogidas durante las inspecciones, la Gerencia de Inspección concluyó que la firma comercializadora habría asumido tareas que excedían ampliamente una prestación de servicios accesorios.
En concreto, habría recibido funciones técnicas y operativas que forman parte del núcleo de la actividad aseguradora. Entre las tareas identificadas por la SSN se encontraban la captación y vinculación de productores, la gestión de cobranzas —incluida la percepción directa de fondos—, la administración de pólizas, la atención de asegurados y la intervención en procesos relacionados con la gestión de siniestros.
Para el organismo, ese esquema implicaba que una empresa que no estaba autorizada ni inscripta ante la Superintendencia desarrollara actividades reservadas a entidades habilitadas para operar en seguros. La situación resultaba especialmente relevante porque, al encontrarse fuera del registro y del control de la SSN, AGS Comercializadora podía llevar adelante esas funciones sin quedar sometida a la supervisión estatal correspondiente.
La resolución también puso el foco en el alcance del contrato firmado entre las partes. Según señaló, el acuerdo no configuraba una relación habitual de intermediación o colaboración comercial. De hecho, una de sus cláusulas establecía expresamente que AGS Comercializadora debía abstenerse de realizar tareas de intermediación en los términos de la ley 22.400, que regula la actividad de los Productores Asesores de Seguros. Para la SSN, esa previsión evidenciaba que las partes habían procurado encuadrar su vínculo fuera del régimen propio de los intermediarios, pero mediante un esquema que permitía a un tercero asumir funciones que, en realidad, correspondían a la actividad aseguradora.
En sus fundamentos, el organismo recordó que la ley 20.091 establece que solamente determinadas entidades pueden operar en seguros y que deben contar con autorización previa de la Superintendencia. Esa habilitación se otorga considerando, entre otros aspectos, las condiciones técnicas, económicas y organizativas de cada compañía.
En ese sentido, la SSN remarcó que las aseguradoras deben disponer de una organización y una infraestructura propias, adecuadas para desarrollar la actividad para la cual fueron autorizadas. Por lo tanto, no pueden transferir a un tercero no habilitado la administración de funciones esenciales de su operatoria. También subrayó que la compañía aseguradora continúa siendo responsable por el funcionamiento de ese esquema y no puede desligarse de sus obligaciones alegando la intervención de otras sociedades.
Falta de documentación sobre las pólizas, las comisiones y las cobranzas
La investigación también identificó inconsistencias en la información vinculada con la intervención del PAS Briolotti en las pólizas cuestionadas. Según la resolución, Agrosalta no presentó documentación respaldatoria suficiente para acreditar que el productor hubiera intervenido efectivamente en esas operaciones. Además, se detectaron diferencias entre los datos consignados en los frentes de las pólizas y los registros internos de la aseguradora.
A esto se sumó la falta de documentación considerada esencial para reconstruir la liquidación y el pago de las comisiones, así como la trazabilidad de las cobranzas. Para la SSN, esas omisiones impedían verificar el circuito económico de las operaciones y representaban un obstáculo concreto para el ejercicio de sus facultades de fiscalización.
La compañía presentó un descargo, pero, tras analizar sus argumentos y la documentación incorporada al expediente, la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la SSN concluyó que no había elementos suficientes para apartarse de las conductas atribuidas ni de los encuadres legales formulados. Por ese motivo, la Superintendencia ratificó las imputaciones.









