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La SSN sancionó a tres aseguradoras por demoras en el pago de siniestros y la presentación tardía de balances

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) volvió a aplicar sanciones económicas en el marco de su régimen de control sobre las aseguradoras del mercado. En esta oportunidad, mediante tres resoluciones fechadas entre el 12 y el 13 de noviembre pasados, impuso dos multas y un llamado de atención a Providencia Compañía Argentina de Seguros S.A., Aseguradora del Finisterre Compañía Argentina de Seguros S.A. y Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, por infracciones de distinta naturaleza.

En el primer caso, la multa asciende a $30,3 millones y responde a incumplimientos reiterados en los plazos de pago de indemnizaciones por siniestros, además de demoras en la entrega de información requerida por el organismo. En el segundo caso, la multa es de $7,5 millones y se origina en la presentación tardía de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026. En tanto que, en el tercer caso, por el mismo motivo que en el segundo, solamente se aplicó un llamado de atención.

 

Providencia: multa por demoras reiteradas en el pago de indemnizaciones

 

Entrando en el detalle de cada caso,  través de la RESOLUCIÓN SSN 488/2026.-, la Superintendencia aplicó a Providencia Compañía Argentina de Seguros S.A. una multa de $30.360.170, luego de analizar una serie de denuncias de asegurados que señalaron que la compañía no había abonado las indemnizaciones acordadas dentro de los plazos establecidos por la normativa.

El expediente se inició a partir de presentaciones recibidas por la Coordinación de Comunicación y Atención al Asegurado de la SSN. Debido a la cantidad de reclamos que tenían un mismo objeto, el organismo decidió agruparlos para realizar un análisis conjunto. En total, se relevaron 13 actuaciones vinculadas con presuntos incumplimientos de la aseguradora.

Al analizar los antecedentes, la Subgerencia de Sumarios identificó un denominador común: Providencia no habría cumplido en tiempo y forma con su obligación principal de pagar las indemnizaciones derivadas de siniestros sufridos por sus asegurados. Para la SSN, los casos evidenciaban un patrón de conducta reiterado.

Uno de los elementos centrales considerados por el organismo fue la propia documentación aportada por la compañía en respuesta a los reclamos. Providencia presentó los acuerdos de pago celebrados con los asegurados y los comprobantes de las transferencias bancarias realizadas, pero de esos documentos surgió que las indemnizaciones habían sido abonadas cuando los plazos legales ya se encontraban ampliamente vencidos.

La SSN también observó que, en los casos analizados, los pagos se concretaron después de que las denuncias ingresaran al organismo y, en particular, luego de que la compañía recibiera el traslado correspondiente para intervenir en las actuaciones. Además, en uno de los expedientes se había solicitado a Providencia que brindara explicaciones complementarias sobre inconsistencias detectadas en el monto de una indemnización. Pese a haber sido debidamente notificada, la aseguradora no respondió ese requerimiento.

Providencia presentó su descargo el 29 de septiembre de 2026. Entre sus argumentos, sostuvo que, cuando un asegurado y la compañía alcanzan un acuerdo conciliatorio, la normativa de la SSN dispone el cierre del trámite de denuncia, por lo que —a su entender— no correspondía avanzar con un procedimiento sancionatorio.

También cuestionó la relevancia de los casos examinados. Señaló que durante 2025 había recibido 555 siniestros correspondientes a la rama Automotores y al hecho generador de robo total, mientras que las actuaciones analizadas por el organismo eran 13. Según la aseguradora, esa cantidad representaba una proporción reducida del universo de siniestros y no justificaba una sanción por ejercicio irregular de la actividad.

Por otra parte, argumentó que, en los siniestros de robo, hurto e incendio con pérdida total, el plazo para pagar no debía computarse simplemente desde la denuncia del hecho, sino una vez presentada la documentación correspondiente, ajustado el siniestro y determinado o aceptado el monto de la indemnización.

La compañía también cuestionó que las demoras en los pagos pudieran encuadrarse como una infracción administrativa, y sostuvo que la presentación posterior de la documentación requerida no había obstaculizado efectivamente las tareas de fiscalización de la SSN. En relación con uno de los casos, además, discutió el monto que debía abonarse y afirmó que había pagado la suma que consideraba contractualmente correcta.

Sin embargo, el organismo rechazó los argumentos de la aseguradora. Respecto de los acuerdos conciliatorios, aclaró que los convenios cuyo incumplimiento originó las denuncias habían sido celebrados fuera del ámbito de intervención de la Coordinación de Comunicación y Atención al Asegurado. Por lo tanto, lo que motivó los reclamos no fue la falta de acuerdo entre las partes, sino el incumplimiento de los compromisos de pago que ya se habían asumido.

La SSN también consideró que la realización posterior de los pagos no subsanaba la infracción. Según sostuvo, la obligación de la aseguradora no se limita a manifestar su voluntad de pagar o a celebrar acuerdos con los asegurados, sino que exige concretar las indemnizaciones dentro de los plazos correspondientes.

En ese sentido, recordó que el artículo 49 de la ley 17.418 establece que, en los seguros de daños patrimoniales, el crédito del asegurado debe pagarse dentro de los 15 días de fijado el monto de la indemnización o de aceptada la suma ofrecida, una vez vencido el plazo previsto en el artículo 56 de la misma ley.

Para el organismo, en los casos examinados quedó acreditado que las indemnizaciones se abonaron una vez vencidos los plazos legales, incluso cuando ya existían acuerdos transaccionales entre las partes. Por eso, entendió que se había configurado un incumplimiento normativo y contractual que perjudicó a los asegurados.

La resolución también tuvo por acreditada una infracción al artículo 69 de la ley 20.091, que obliga a las entidades a suministrar al organismo de control la información que les sea requerida. La SSN señaló que la documentación solicitada en uno de los expedientes fue presentada recién después de que la compañía recibiera el traslado de las imputaciones. En ese sentido, remarcó que la información remitida al organismo debe ser completa, veraz y oportuna, y que las demoras pueden obstaculizar las tareas de fiscalización.

 

Finisterre: multa por presentar tarde los estados contables

Por medio de la RESOLUCIÓN SSN 489/2026.-, la Superintendencia sancionó a Aseguradora del Finisterre Compañía Argentina de Seguros S.A. con una multa de $7.563.187, debido a que presentó fuera de término los estados contables correspondientes al período cerrado el 30 de junio de 2026.

El incumplimiento se vinculó con el punto 39.8.2 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (RGAA), que establece que los estados contables anuales y los correspondientes a períodos intermedios deben presentarse dentro de los 45 días corridos posteriores al cierre del período correspondiente.

La SSN constató, a partir de un informe de su Gerencia de Evaluación, que Finisterre no había cumplido con ese plazo para la presentación de los estados contables al 30 de junio de 2026. Por ese motivo, le imputó la infracción a la norma reglamentaria y encuadró su conducta en el artículo 58 de la ley 20.091.

El organismo corrió traslado a la aseguradora para que pudiera efectuar su descargo. Sin embargo, pese a haber sido debidamente notificada, la compañía no respondió al requerimiento. Al fundamentar la sanción, la SSN explicó que la presentación tardía de los estados contables no constituye una mera demora administrativa. La información resulta indispensable para que el organismo pueda controlar la situación económica y financiera de las entidades y verificar si cumplen con las exigencias patrimoniales y técnicas establecidas por la normativa.

En particular, señaló que sin la presentación oportuna de esos documentos no es posible verificar si la aseguradora acredita las relaciones técnicas exigidas. Además, los incumplimientos generan tareas adicionales para el organismo —como intimaciones, apertura de expedientes y notificaciones— y pueden demorar o incluso impedir el análisis de la situación económico-financiera de la compañía.

Otro elemento considerado para determinar la sanción fueron los antecedentes de la entidad. La SSN indicó que Finisterre ya había sido sancionada en más de una oportunidad por el mismo tipo de conducta, es decir, por incumplimientos vinculados con la presentación de sus estados contables.

 

Caja Popular de Ahorros de Tucumán: llamado de atención por la misma demora

Finalmente, la RESOLUCIÓN SSN 490/2026.-, ftuvo como destinataria a la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, también por no presentar dentro del plazo establecido sus estados contables correspondientes al período cerrado el 30 de junio de 2026.

Al igual que en el caso de Finisterre, la SSN consideró que la entidad incumplió el RGAA, que establece que las aseguradoras deben presentar sus estados contables anuales e intermedios dentro de los 45 días corridos posteriores al cierre de cada período.

En este expediente, a diferencia de lo ocurrido con Finisterre, la Caja Popular presentó un descargo ante el organismo y expuso los motivos por los cuales había realizado la presentación fuera de término. Sin embargo, la SSN consideró que esos argumentos no alcanzaban para justificar la demora, ya que las causas del incumplimiento eran atribuibles exclusivamente a la propia aseguradora, que debía haber tomado las medidas necesarias para cumplir con la normativa en tiempo y forma.

En sus fundamentos, el organismo volvió a remarcar que la presentación tardía de los estados contables obstaculiza la fiscalización oportuna y efectiva del mercado asegurador. Y señaló que, por tratarse de una empresa especializada, la aseguradora debe contar con una estructura capaz de anticipar, detectar y resolver las contingencias que puedan afectar el cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones. Para determinar la sanción, la SSN indicó que tuvo en cuenta la gravedad de la conducta y los antecedentes sancionatorios de la entidad.