Actualidad

El Ministerio Público bonaerense y ADEAA firman acuerdos para mejorar las investigaciones judiciales y la prevención del delito

El Dr. Aldo Álvarez, Presidente de ADEAA (izquierda), junto al Dr. Julio M. Conte-Grand, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (derecha), firman convenios de cooperación.
ADEAA (Asociación de Aseguradores Argentinos) y el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires firman acuerdos de trabajo conjunto en capacitación y transferencia tecnológica, a fin de enfrentar ilícitos y fraudes que afecten al mercado asegurador. Estos acuerdos, sin precedentes en el sector asegurador, constituyen un enorme paso adelante y un carril de entendimiento entre la institución que lleva adelante la investigación de las conductas ilícitas y un sector como el asegurador, permanentemente expuesto a ellas. Con esta interacción se busca no sólo un mayor conocimiento en la materia, sino también proporcionar herramientas para la investigación de posibles delitos.

El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) firmaron tres acuerdos institucionales orientados a fortalecer la cooperación entre ambas instituciones, promover la capacitación de sus equipos y avanzar en el desarrollo de herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar las investigaciones judiciales y la prevención del delito.

Los convenios fueron suscriptos por el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Julio M. Conte-Grand, en representación del Ministerio Público, y por el presidente de ADEAA, Dr. Aldo A. Álvarez, en nombre de la entidad que nuclea a 30 compañías de seguros de capital nacional y privado y está próxima a cumplir 25 años de trabajo institucional.

El primero de los acuerdos establece un Convenio Marco de Colaboración, cuyo objetivo es crear un ámbito institucional permanente de cooperación entre ambas organizaciones. A través de este marco se promoverá el intercambio de información y conocimientos, el desarrollo de acciones conjuntas, la realización de reuniones periódicas de trabajo y la coordinación de iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad pública, el acceso a la justicia y la optimización de los servicios que ambas instituciones brindan a la sociedad.

Con el acuerdo general como base, las partes rubricaron dos más: el primero, un Convenio Específico de Capacitación y en segundo término, un Convenio de Cooperación Tecnológica.

 

Convenio Específico de Capacitación

Prevé la organización conjunta de programas de formación continua, jornadas y cursos destinados a fortalecer las capacidades técnicas de los equipos de ambas instituciones. En este esquema, el Ministerio Público aportará especialistas y profesionales para el dictado de las actividades, mientras que ADEAA colaborará con la organización, logística y recursos necesarios para su realización.

 

Convenio de Cooperación Tecnológica

Está destinado a desarrollar e implementar herramientas informáticas y soluciones digitales que faciliten el intercambio seguro y eficiente de información entre el Ministerio Público y el sector asegurador. La iniciativa apunta a agilizar los procesos de investigación penal y optimizar los recursos disponibles mediante la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de comunicación.

Asimismo, se contempla la posibilidad de incorporar a otros organismos públicos en las actividades de capacitación, así como la realización de reuniones periódicas de seguimiento para coordinar las acciones previstas y supervisar los proyectos de cooperación.

Por su parte, el presidente de ADEAA, Dr. Aldo Álvarez, señaló que se trata de un hito para el sector asegurador en su totalidad, no sólo por la amplitud e impacto de los acuerdos firmados, sino también porque en la provincia de Buenos Aires debido a su magnitud se concentra la mayor litigiosidad.

“Por eso, la articulación entre el sistema judicial y el sector asegurador, entre el sector público y el privado, permitirá generar herramientas que contribuyan a mejorar la prevención del delito y a fortalecer la seguridad jurídica acelerando tiempos en la resolución de conflictos, estableciendo parámetros claros e igualitarios y detectando anomalías que pudieran enmascarar ilícitos. Anticipamos así transitar un fructífero camino conjunto”, afirmó Álvarez.

Los tres convenios tendrán una vigencia inicial de dos años, con renovación automática por períodos iguales salvo decisión en contrario de alguna de las partes, y no implican compromisos económicos directos para las instituciones firmantes.

 

Algunos datos numéricos:

  • Se estima que el fraude impacta generando un incremento de entre 15% y 20% en los valores de las coberturas.
  • 1/3 de las denuncias de siniestros generan sospechas de fraude.
  • El 65% de los casos investigados corresponden a automotores.
  • El 70% de los casos se detectan en el AMBA.