El default complicó los planes de colocación de deuda aún de las emisoras más solventes del país, limitó el crédito de los bancos locales y forzará por esto a la petrolera estatal a financiarse a través de las compañías de seguros en los próximos días.
La empresa tiene previsto salir antes de fin de septiembre con una emisión de obligaciones negociables que podría llegar hasta los $1.500 millones a 10 años de plazo, en al menos dos tramos, y que deberá ser suscripta obligadamente por las firmas del sector asegurador, con un retorno muy inferior al de mercado y muy cercano a la tasa de interés Badlar privada (la que pagan los bancos por los depósitos más grandes), explica iProfesional.com.
El sector debe cumplir antes del 30 de septiembre próximo con el conocido «inciso K», que obliga a las compañías de seguros generales a destinar un 18% de su cartera en instrumentos que financien proyectos productivos o de infraestructura; a las de retiro, con un 14%; y a las de riesgo de trabajo (ART), con un 8%.
Los desembolsos de todo el rubro por este concepto ya llegan a los $11.000 millones,según las últimas cifras de sus estados contables, y necesitaría ampliarse en unos $2.000 millones adicionales para que todas sus empresas cumplan a fin de mes con los requisitos de la normativa.
En busca de estos pesos saldrá la petrolera de Miguel Galuccio, que dejó de colocar deuda en dólares en el exterior desde que, en marzo pasado, hizo su emisión de u$s1.000 millones a 10 años y a una tasa del 8,75% anual.
En el sistema financiero aseguran que tanto el monto como el plazo y las tasas de interés aún forman parte de las conversaciones entre funcionarios, banqueros y ejecutivos de aseguradoras.
Pero que, por estos días, la aspiración del Gobierno es llegar a los $ 1.500 millones, pagar una tasa Badlar pura (sin spread adicional) y con un vencimiento a 10 años.
La oferta suena poco razonable y atractiva para la rentabilidad de las compañías, en un contexto en el que la inflación supera ya el 40% anual y las expectativas de devaluación rozan el 50% anual (según los contratos a futuro de Nueva York, que no están intervenidos por el BCRA).
La última vez que YPF tanteó salir al exterior fue en abril, cuando su asamblea de accionistas aprobó la colocación de u$s500 millones. La operación fue abortada a mitad de junio cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos resolvió no tomar el caso argentino y el país se encaminó a partir de entonces decididamente al default.
Los directivos de las principales aseguradoras ya reclamaron en varias oportunidades al Gobierno la escasez de alternativas que hoy tienen en el mercado local para cumplir con el inciso K de la normativa.
No se trata, según Ambito, sólo de una cuestión de «cantidad»: en las últimas ocasiones todas ellas se vieron obligadas a suscribir bonos de YPF a un rendimiento que fue igual a la tasa Badlar (hoy de apenas el 20,5%), sin ningún spread y muy inferior al de mercado.
El listado de los activos posibles (que no incluye, por ejemplo, bonos de la Ciudad de Buenos Aires) surge de una decisión que toma un «Comité de Elegibilidad» en el que participan sólo funcionarios del Ministerio de Economía y de la Superintendencia de Seguros de la Nación, pero ningún empresario privado.
En la cámara del sector insisten en participar con un argumento concreto: la expertise que llevan encima no sólo los jugadores que llevan más años en la actividad, sino también quienes tienen un buen conocimiento del negocio.
