El pasado 3 de junio del corriente año, se presentó un Proyecto de Ley en la Cámara de Diputados de la Nación para el desarrollo del Seguro Agropecuario Multirriesgo (ver proyecto completo), con el fin de proteger las inversiones agropecuarias financiadas con recursos propios de los productores, previendo las necesidades de producción y comercialización tanto nacional como internacional y el desarrollo económico integral del sector agropecuario.
La iniciativa fue por parte del diputado Héctor Enrique Olivares de la UCR, quien señala que una Ley de Seguros Agropecuarios otorgará una mayor estabilidad y contención al productor, y por ende, a toda la economía. Recordemos que el desarrollo de los Seguros Multirriesgos es una materia históricamente pendiente para el mercado local, donde su primaje es marginal y prácticamente la totalidad de la producción de seguros se concentra en coberturas de granizo y granizo con adicionales.
Ello mismo se indica en los fundamentos del proyecto, en el que se advierte que «el 96% de las primas corresponden a seguros de granizo, que no solamente carecen del apoyo en su financiación, sino que cuentan con altas cargas impositivas por parte del Estado”.
El diputado de la UCR pretende establecer un Seguro Agropecuario Multirriesgo en todo el territorio de la Nación como un instrumento para incentivar y proteger la producción de alimentos. También, preservar el desarrollo económico del sector rural, promoviendo su ordenamiento, como estrategia para coadyuvar al desarrollo global del país.
Entre los argumentos esgrimidos, se indica que esta ley garantizaría la estabilidad de un productor que, al poder continuar en su actividad, no se vería forzado a tomar decisiones por no poder continuar en su explotación.
Se prevé que esta cobertura ampare los perjuicios causados por todo tipo de siniestro climático derivados del Granizo, Sequía, Inundación y Heladas.
Todos los siniestros enumerados deberán ser ajenos al control del productor o beneficiario, y deben afectar las actividades agropecuarias. El tomador del seguro (productor o beneficiario) podrá amparar los perjuicios causados por uno o varios de estos siniestros”, reza uno de los artículos del proyecto.
La autoridad encargada de que se efectúe correctamente su aplicación será el Ministerio de Agroindustria de la Nación, quien también tendrá bajo su control la Oficina de Riesgos Agropecuarios.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el INTA, Universidades Nacionales, Banco de la Nación Argentina, y las instituciones bancarias oficiales de las provincias, deberán realizar un Mapa de Riesgos Agropecuarios por regiones, altitudes, cultivos y microclimas en un plazo no superior a un año contado a partir de la promulgación de la Ley.
Asimismo, se pretende la creación de la Comisión Nacional de Riesgo Agropecuario que tendrá la función de asesorar al Poder Ejecutivo en cuestiones referidas al Seguro Multirriesgo Agropecuario, como por ejemplo: costo de primas, modalidades del Seguro por zona, tipo de cobertura por cultivo, necesidades de estratificación por tamaño de productor y colaborar en la confección del Mapa de Riesgos Agropecuarios. También podrá evaluar la incorporación de nuevos tipos de siniestros.
Por otro lado, y a fin de financiar la iniciativa, se prevé la puesta en marcha de un Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, que tendrá el tratamiento de cuenta especial, administrado por el Poder Ejecutivo Nacional a través de una Comisión mixta integrada por el Ministerio de Agroindustria, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda de la Nación a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Este deberá destinar recursos para complementar la cobertura del reaseguro por concepto del Seguro Multirriesgo Agropecuario, cuando existan fallas en el mercado internacional de reaseguros que impliquen su no otorgamiento. También para cubrir un porcentaje de la prima del Seguro Multirriesgo Agropecuario, asegurando un porcentaje significativamente mayor a los pequeños productores. Si como resultado de las erogaciones efectuadas por el Fondo, sobraren recursos, pueden ser destinados al otorgamiento de créditos blandos para pequeños productores, a tasas diferenciales del 50% respecto a la tasa efectiva del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de este tipo de crédito.
En complemento a ello, deberá ser el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la SSN, quien deberá establecer las reglas de acuerdo con las cuales el Fondo cumplirá esta función, el monto del aporte que deben asumir las aseguradoras que tengan autorizado el ramo, la forma como se repartirán las primas y la forma y proporción sobre cómo se pagarán los siniestros.
Este Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios no podrá ser inferior a los $1.000 millones, y se establecerá con Aportes del Tesoro Nacional, un porcentaje de los recursos provenientes de las primas pagadas (sin exceder el 20% de su valor neto), utilidades del Fondo y Recursos provenientes de donaciones y aportes.
Además, un punto no menor, todos los productores agropecuarios del país deberán contar con su producción asegurada en un plazo de 5 años. Ante imposibilidades económicas, el Estado Nacional deberá otorgará subsidios para el pago de las primas hasta ese plazo como máximo, luego del cual cada productor deberá solventar el pago de la alícuota que se establezca.
La iniciativa parlamentaria fue girada a las comisiones de Agricultura y Hacienda, Economía, y a la de Presupuesto y Hacienda.
