COBERTURA 100% SEGURO.- Como parte de los paneles de la tarde del I Coloquio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS), uno de los que más atención atrajo fue el de la «Problemática judicial en Riesgos del Trabajo», que contó con la intervención del Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, y otros cinco panelistas: el Dr. Dalmiro Garay, Presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza; Fernando Pérez, Gerente General de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; Mara Bettiol, Presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART); Gerardo Martínez, Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); y Alfredo González, Presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
En este panel, se conversó acerca de las estadísticas en la materia, la litigiosidad, las pericias y la conformación de Cuerpos Médicos Forenses, siendo esa la principal «llave» para combatir la problemática judicial. En el mismo, funcionarios, aseguradores, empresarios y representantes de los trabajadores coincidieron en la necesidad de que se constituyan los cuerpos de peritos forenses que actúan en los juicios laborales, sin que sus honorarios estén atados a las causas.
Dalmiro Garay, el titular del máximo tribunal mendocino, presentó el esquema de reformas que existe en la provincia cuyana, que al momento es la única que tiene establecidos los peritos forenses que dispone la ley. En siete años de reformas, pasaron de 28 mil juicios anuales a unos 15 mil. “Es el 49% del punto de partida. Los peritos cobran medio jus, que hoy son $200.000 por pericia”, sostuvo el magistrado.
Por su parte, Fernando Pérez de la SRT indicó que ese organismo de control procurará continuar este año con las provincias que no están adheridas a la Ley de Riesgos.
Además, explicó que “no hay equilibrio entre lo que dictamina el sistema y lo que dictamina la Justicia»y que se sigue trabajando paraque todos trabajen con el mismo baremo y que los peritos no tengan atados sus honorarios a los resultados de los juicios. “Vamos a conformar el cuerpo de peritos en las cortes provinciales. Vamos a simplificar el baremo”, se mostró optimista el funcionario.
Y alertó: «Son 400 millones de dólares que solo en 2023 fueron a otro lado. No a la prevención ni a beneficios para el trabajador. Sino a abogados o peritos, a la industria del juicio».
Mara Bettiol, la titular de la UART, advirtió que la fuente de litigiosidad del sistema es la diferencia que hay entre los fallos de los jueces y las indemnizaciones que ofrece el sistema. “Mientras haya una brecha, la indemnización del sistema es el piso”, indicó.
Bettiol señaló que “por un lado, se han ido bajando los siniestros y, como contracara de eso, hubo un incremento de la litigiosidad. En 1996 teníamos 149 fallecidos por millón y en 28 años logramos bajarlo a 31,9. Bajó un 80%. Hemos salvado 17.700 vidas y se evitaron casi 4 millones de accidentes”, puntualizó.
Tal como mostró, el pico de ingreso de nuevos juicios fue de 130 mil en 2017 (dio origen a la reforma de ley) y tras bajar a un piso en la pandemia, hoy llegamos a 117 mil nuevos juicios, cerca del récord de seis años atrás. A eso se refirió como «la paradoja del sistema», porque hubo más prevención, menos siniestros y menos graves, más beneficios y protección, pero al mismo tiempo se incrementaron un 25% los juicios en 2023.
Por ello, en línea con sus pares, resaltó que “falta la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses, con honorarios no atados al resultado del juicio” y puso como ejemplo que “el 88% de los juicios fueron casos de incapacidad cero”.
Al ser consultada sobre por qué se demora su conformación, Bettiol fue tajante: «Porque hay intermediarios (peritos y abogado) que se benefician del actual contexto. Es un tema político y económico. De avanzarse en CABA y la provincia de Buenos Aires se resolvería el 60% de la litigiosidad. Lo pidió el ministro de Justicia y falta que la CSJ se expida al respecto».
Y mostró a Mendoza como ejemplo. «Mientras haya brecha entre los procedimientos administrativos y los judiciales, seguirán habiendo juicios. Es necesario que haya un mismo lenguaje y reglas para todos. El que pierde es el trabajador», cerró.
Desde el ámbito sindical, Gerardo Martínez de la UOCRA se mostró en desacuerdo con fusionar a la Superintendencia de Seguros con la de Riesgos del Trabajo, tal como había surgido de rumores no oficiales. “La Superintendencia es un subsistema de la seguridad social y queremos que se mantenga esa diferencia. La Superintendencia tiene que tener una competencia determinada”, dijo Martínez.
El sindicalista se mostró a favor de impulsar una Ley de Prevención de Riesgos del Trabajo y en ese marco sostuvo que «el diálogo social tripartito es la llave maestra para construir una cultura de la prevención».
Por su lado, la máxima autoridad de la CAME, Alfredo González, también coincidió en la necesidad de que los peritos forenses cuenten con sus honorarios tarifados y trazó un panorama sobre la conflictibilidad laboral en el entramado PyME.
