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Seguros y litigiosidad: cuando la víctima debe esperar cinco años por su pago

El presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros participó de la cumbre del Comité Asegurador Argentino, donde expuso los principales problemas que enfrenta el sector.

El pasado 8 de octubre, en el auditorio San Agustín de la UCA, se llevó a cabo un encuentro organizado por el Comité Asegurador Argentino (AACS, ADEAA, ADIRA, AVIRA y UART) que permitió que profesionales del área analizaran la coyuntura política y económica y sus efectos en el mercado asegurador.

Gustavo Trías, Presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), formó parte de un panel junto a Diego Guaita, Presidente de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA); Irene Capuselli, Presidenta de la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y de Retiro de la República Argentina (AVIRA), Mara Bettiol, Presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) y Eduardo Felizia, Presidente de Asociación de Aseguradores Argentinos.

De izquierda a derecha: Diego Guaita (ADIRA); Mara Bettiol (UART); Irene Capusselli (AVIRA); Gustavo Trías (AACS) y Eduardo Felizia (ADEAA).

Construyendo seguridad

En tiempos de crisis es fundamental recordar el valor de los seguros en la economía de cualquier país. Los seguros contribuyen a la seguridad de los ciudadanos al brindarles cobertura financiera, pero también colaboran de manera significativa con el aumento del empleo y del ahorro, el desarrollo de los mercados financieros, el financiamiento de la inversión y la potencia del crecimiento de los fondos de retiro.

Gustavo Trías indicó que la actividad aseguradora cuenta con treinta mil empleos de calidad, mil oficinas en todo el país, cuarenta mil productores activos y trece mil millones de dólares en inversiones. Estos números ofrecen una imagen de la dimensión del negocio que ofrece trabajo a miles de argentinos.

Sin embargo, la industria de los seguros se enfrenta a grandes desafíos y necesidades, como la inflación, la volatilidad económica, el riesgo cambiario, la digitalización y transformación tecnológica, la baja penetración del seguro, la solvencia, los impuestos, el fraude en el seguro y los aspectos judiciales.

Sobre esto último, el presidente de la AACS mencionó cómo impacta la litigiosidad en el precio de las coberturas: “Hicimos un análisis de treinta y cinco mil sentencias de seguros de automotor en Capital Federal y establecimos que una sentencia de cámara tarda 55 meses desde que se inició el pleito”.

“El primer gran problema que encontramos de esta situación es que la víctima tiene que esperar cinco o seis años. El segundo, es que en todo ese tiempo se van desarrollando tasas de ajuste que son muy superiores a las que se consiguen financieramente”, afirmó el presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros.

Esta coyuntura afecta gravemente al costo de los seguros y, en palabras de Trías, “a una industria que defiende el patrimonio de doscientos veinte mil personas y empresas, asumiendo los riesgos de responsabilidad civil”.

A pesar de las tardanzas burocráticas y las dificultades a la hora de ajustar los montos, el mercado asegurador está decidido a esforzarse para seguir creciendo y continuar ofreciendo productos de buena calidad a sus asegurados, como demuestra el mensaje que leyó el directivo de la AACS:

“Todos sabemos que los últimos años han sido muy negativos para nuestra actividad. El sector se vio golpeado con resultados negativos y con pérdida de solvencia. Sin embargo, estamos convencidos y confiados, y miramos con optimismo el futuro de nuestro país”.

Luego aseguró que “seguiremos trabajando, unidos y con determinación, para sostener el desarrollo de nuestro país y asegurar un futuro próspero para cada argentino”.

El evento fue moderado por el periodista Guillermo Laborda y contó con la presencia del Dr. Guillermo Plate, Superintendente de Seguros de la Nación; Ricardo Arriazu, socio fundador del Estudio Arriazu Macroanalistas, y Alejandro Simón, presidente del CIDeS. El cierre estuvo a cargo del Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación, José Luis Daza.