ENTREVISTA 100% SEGURO.– Hace unos días, el Senado aprobó por 51 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, el proyecto de ley de «Seguro Verde», que crea un fondo para las inversiones en proyectos de forestación integrado con el aporte obligatorio del 0,5% de la prima que deberán realizar los asegurados del ramo Automotor y que será liquidada trimestralmente sobre los seguros directos, según señala la norma propuesta en su artículo 2°.
La iniciativa, que ahora espera ser tratada en Diputados, prevé lograr una recaudación de alrededor de $1.000 millones anuales y, según advierte el contador especializado en derecho tributario Daniel Dubin en diálogo con 100% SEGURO, tiene varias falencias desde el punto de vista técnico y práctico.
“Esta nueva alícuota no puede ser llamada ‘impuesto’ porque no cumple con los activos legales ni constitucionales para ser un tributo, teniendo en cuenta que los impuestos deben tener como cámara de origen la de Diputados”, comienza diciendo Dubin.
Pero, además, advierte que los impuestos tienen como destino financiar el gasto general y no pueden ser creados con un destino específico. Por ese motivo, asegura que “se trata de un aporte coactivo obligatorio y no es un tributo”.
Asimismo, considera que esta nomenclatura está en línea con lo que él define como “la nueva moda de no decir que es un impuesto lo que sí lo es” dado que, aunque en este caso, no lo sea jurídicamente, sí lo es económicamente.
Por otro lado, desde el punto de vista de la génesis del proyecto, el tributarista considera que “se trata de un intento de financiar más burocracia”. Y es que lo que se hizo por medio de esta norma fue crear una dirección que se ocupa de poner en práctica y financiar la Ley 25.080, de Promoción de las Inversiones que se efectúen en nuevos Emprendimientos Forestales, que promueve el desarrollo de bosques nuevos y cultivados.
“Evidentemente, no tienen los recursos para financiar la Ley de Forestación, que preveía un subsidio no reintegrable a favor de quienes hicieran todos estos proyectos, y no encontraron mejor idea que seguir sumando impuestos a favor de una norma, que además se creó sin respeto del principio de correspondencia fiscal constitucional, que dice que cuando se crean funciones y gastos nuevos es requisito tener los recursos para hacerlo”, apunta el especialista.
En este sentido, asegura que la nueva norma establece que la administración de este aporte estará a cargo de la dirección encargada del saneamiento privado ambiental y forestal y que ésta puede disponer de esa masa de dinero (que es una suma muy importante) libremente y sin decir cómo, para la aplicación de la Ley 25.080 y para difundir la importancia del cuidado ambiental.
“Lo que se hace es crear un organismo burocrático que no tiene un control adecuado de los fondos, dado que al no ser un impuesto, queda fuera de la órbita de la SIGEN. Pero además de que puede hacer un uso discrecional, está autorizado a participar parte de los fondos a las provincias y eso crea una especie de coparticipación del fondo ambiental”, critica Dubin.
Por otro lado, en cuanto a la puesta en funcionamiento, señala que tiene algunas contradicciones la norma. En primer lugar, menciona que “el modo de calcular este 0,5% sobre la prima, que es creciente en función al valor del auto y del tipo de seguro que se tome, implica que se trata de un impuesto progresivo sobre una manifestación de capacidad contributiva, que es tener un auto sobre el que se paga un seguro”.
Pero, por otra parte, critica el hecho de que “una persona que tiene un automóvil híbrido, por ejemplo, tendrá que pagar este aporte cuando claramente está tomando medidas”.
“¿Por qué alguien con un auto híbrido tiene que pagar este aporte a la forestación, si su propia conducta contribuye al cuidado del ambiente? Eso es absurdo y, además, hay que tener en cuenta que esos vehículos son más caros por el momento que los tradicionales, por lo que van a pagar más impuestos, quienes en teoría menos tendrían que contribuir”, señala.
Si bien reconoce que esta alícuota del 0,5% no va a tener impacto en ciertos sectores sociales, no descarta que sí hay usuarios que posiblemente tengan que tomar seguros más baratos a raíz de la medida y bajen sus coberturas, sobre todo quienes están en el límite de sus posibilidades de pago. Esto se debe a que el nuevo gravamen conllevará necesariamente a que el aumento se traslade al precio final de premio que los asegurados pagan.
Así, el experto en tributación considera que esta iniciativa de ley que ya tiene media sanción en la cámara alta, presenta muchos errores y defectos en su origen y alerta que, uno de los más grandes es el de querer poner nuevos impuestos para financiar estas iniciativas en lugar de pensar en desgravar las actividades que promuevan la forestación. Es decir, premiar a las empresas que colaboren con estos fines a través de beneficios impositivos y no con más tasas. Sobre el mercado asegurador ya pesa una fuerte carga impositiva y esto no hace más que echar más leña al fuego.
