La moto es uno de los vehículos que mayor aporte puede hacer a la movilidad sustentable de una comunidad. En la alta conflictividad que hoy presenta la fluidez en el tránsito de nuestras ciudades es una herramienta de alta eficiencia por su excelente relación de ocupantes por superficie de uso dinámico de la calzada frente a otros vehículos de uso privado.
Sin embargo, la vulnerabilidad de sus ocupantes, la falta de percepción de ese riesgo y una generalizada displicencia en la habilitación de sus conductores por parte del Estado, generan severas consecuencias en materia de siniestralidad vial, tal como señala la última publicación de ISEV. (Ver informe completo)
Aumenta la cantidad de motos, aumenta el riesgo, pero las políticas públicas, los programas de seguridad de las empresas y el cuidado personal, parecen NO acompañar con eficiencia esa realidad.
Cada día, más camas de hospitales, están siendo ocupadas por personas que se trasladaban en motocicletas, como consecuencia de un tránsito vehicular cada día más violento.
Se requieren políticas activas (tanto desde el Sector Público como privado), para enfrentar el problema.
Hasta el año 2005 la participación de la moto en la siniestralidad vial grave argentina (siniestro con participación activa de una moto) no superaba el 10% del total (o sea de cada 10 vehículos partícipes en siniestros solo 1 era una moto). Una década después, luego de una progresión casi geométrica, en los presentes años, dicha participación se ha triplicado, alcanzando en el año 2016 el 30.6 %.
Para el año 2016 el siniestro vial que involucra al vehículo Moto evidencia una problemática muy generalizada en el entorno urbano.
El total de los siniestros viales graves (aquel siniestro que como mínimo tuvo un lesionado con fractura) en los que participara activamente, por lo menos, una moto se distribuyó territorialmente en las 24 jurisdicciones del pais conforme los porcentajes expresados en el mapa.
Son datos absolutos y no se encuentran relacionados a cantidades de población y parque vehicular.
Desde ISEV, recomiendan generar acciones específicas en los Programas de Acción, entre otras:
- Más seriedad y responsabilidad en la capacitación y habilitación de los nuevos conductores por parte del Estado
- En la venta de motos y ciclomotores el casco debe ser parte de la “unidad”. Se debe reglamentar en forma precisa y controlar en el comercio, por parte del Estado
- Asimismo, el control en vía pública debe ser permanente y particularmente intensificarlo en las zonas geográficas donde el uso es mayor.
- Implementar programas especiales de formación seguridad vial para los colectivos profesionales que utilizan la moto en las empresas
- Asegurar la provisión básica en las unidades de flota empresaria de cascos para motos, ciclomotores y bicicletas, ropa adecuada de protección y reflectiva, e incentivar su uso.
- En lo personal: Asumir responsablemente la revisión y mantenimiento de mi vehículo y conducir respetando TODAS las normas de tránsito, y asegurarnos que nadie viaje en nuestro vehículo sin utilizar el casco
