En línea con las modificaciones solicitadas en diciembre pasado, la ONG Bitcoin Argentina criticó el proyecto de reforma de la ley de lavado de activos, que el 19 de abril obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, al considerar que la norma “golpea innecesariamente a la criptoeconomía” al afectar la actividad de usuarios finales y pequeños y medianos operadores.
“Este proyecto de ley excede las pretensiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y golpea innecesariamente a la criptoeconomía, en especial a las personas que actúan en el ecosistema, sea como usuarios finales o como pequeños y medianos operadores y prestadores de servicios tecnológicos, comerciales y financieros de valor agregado, que llevan adelante una actividad lícita, muy demandada por la sociedad”, remarcaron a través de un comunicado de prensa.
Y agregaron: “El proyecto de ley sólo beneficia a los grandes operadores de servicios de exchanges —eventualmente a los bancos, cuando el Banco Central los autorice—, y a los operadores internacionales que actúan sin presencia en el país”.
La Cámara de Diputados aprobó ayer con media sanción el proyecto de reforma de la ley de lavado de activos, la cual tiene como principales modificaciones la designación como sujetos obligados a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), quienes deberán registrarse y dar información a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV), que contará con un nuevo registro obligatorio. Además, el proyecto establece nuevas y amplias competencias regulatorias y de supervisión respecto de todas las actividades de los PSAV.
En diciembre del año pasado, la ONG Bitcoin Argentina solicitó dos modificaciones al proyecto. Primero, “excluir del universo de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) a las personas que realizan la actividad de intercambio de criptoactivos de forma individual o en la modalidad P2P (persona a persona), con liquidación en entidades financieras u otras entidades controladas por la UIF y obligadas a informar”. Y segundó, “que el registro de PSAV, recomendado desde el GAFI, sea llevado por la UIF y no por cualquier otro órgano regulatorio”.
“Comprendemos la necesidad de llevar adelante medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero la normativa actual constituye una política legislativa de control innecesario que destruye y criminaliza fuentes de trabajo legítimas. El proyecto actual expulsa a los usuarios hacia la informalidad o hacia los exchanges internacionales, fuera del alcance jurisdiccional de las autoridades locales, y en los cuales los usuarios no tienen ninguna capacidad de evaluar los riesgos y de demandar legalmente ante posibles incumplimientos”, sostuvieron desde la ONG Bitcoin Argentina.
Además, destacaron que “la creación del nuevo Registro de PSAV a cargo de la CNV es una nueva burocracia administrativa” que “duplica las obligaciones informativas de los operadores” y que “encarecerá y entorpecerá los servicios, limitando la competencia”.
“La Cámara de Senadores de la Nación está a tiempo de evaluar las modificaciones necesarias para que esta norma no afecte de forma negativa a miles de personas que trabajan dentro de un sector económico pujante y activo como lo es la industria cripto. Desde la ONG Bitcoin Argentina queremos colaborar en la generación y crecimiento de una criptoeconomía sana, pujante y competitiva. Esperamos que los organismos con competencias ya establecidas por ley las ejerzan para investigar y reprimir las estafas y delitos, sin entorpecer con controles innecesarios el ejercicio de actividades lícitas y socialmente útiles”, concluyeron.
Link al documento de modificaciones solicitadas:
https://drive.google.com/file/
