Finalmente, terminó primando el sentido común. Tras diversas gestiones realizadas por las cámaras que representan a aseguradoras, reasegurados, Productores Asesores de Seguros y peritos liquidadores, se modificó el proyecto de ley original enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que busca disponer una moratoria ampliada para hacer frente a las circunstancias adversas provocadas por el COVID-19.
Tal como advertimos en una columna de opinión (ver nota), la iniciativa del PEN castigaba a una serie de sujetos y actividades económicas al excluirlos del alcance de la futura ley, entre ellos, a los contribuyentes que desarrollen actividades reguladas por el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Como tomaba a todos los “regulados” por la SSN, dejaba afuera de tan importante moratoria a todo el universo bajo la órbita de la “Súper” de Seguros: desde reaseguradoras, pasando por compañías de seguros, Productores y Sociedades de Productores de Seguros, hasta liquidadores.
“Logramos a través de muchos contactos con las autoridades, el entendimiento que una ley realizada dentro del marco de una crisis financiera y pandémica, no podía excluir sectores”, destacaron al respecto Alberto Gabriel y Carlos Salinas, presidente y director ejecutivo, respectivamente, de la Cámara Insurtech Argentina. En una misiva (ver PDF con la nota oficial), agradecieron a las SSN, a la Secretaría de Finanzas, y a todas las cámaras del sector que apoyaron las gestiones realizadas -con éxito- para modificar el texto original.
Fue así que este proyecto ajustado, dejando atrás las exclusiones que imperaban sobre los regulados por la SSN, BCRA y CNV, terminó siendo aprobado por la Cámara de Diputados el viernes pasado (ver proyecto de ley aprobado por la cámara baja).
Esta iniciativa oficial recibió 137 votos afirmativos -del Frente de Todos y los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo-, tres negativos y 113 abstenciones, de Juntos por el Cambio. Los tres votos en contra fueron de Luis Juez (PRO), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).
El mismo fue girado al Senado para su debate en la cámara alta, esperando así que se transforme en Ley.
Recordemos que esta moratoria alcanzará las deudas de todos los contribuyentes vencidas al 31 de julio y permitirá regularizar con la AFIP una deuda total estimada en $534.000 millones, con planes de pago de hasta 60 ó 120 cuotas, según el caso, y una tasa de interés inicial del 2% mensual, menor a la de la moratoria vigente desde diciembre.
