La crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 presagió graves quiebras comerciales e insolvencias corporativas en toda la Eurozona. Aunque el impacto real de la crisis del COVID-19 aún es incierto, las insolvencias, no obstante, han disminuido durante el año 2020 en las principales economías europeas. Según los últimos análisis de Coface, líder en el sector del seguro de crédito, existe una paradoja entre el deterioro de la salud financiera de las empresas y el descenso de las insolvencias. La simulación de Coface demuestra que la disminución de las insolvencias sugiere que éstas han sido postergadas, pero no evitadas, por lo que las llamamos «insolvencias ocultas». Por lo tanto, existen empresas cuya quiebra es solo cuestión de tiempo.
Una tendencia similar en los principales países de la eurozona
En Francia, el destino de 22.000 empresas permanece en suspenso: estas insolvencias «ocultas» deberían materializarse gradualmente de aquí a 2022. Coface estima que el número de insolvencias «ocultas» es de 8.600 en el sector de la construcción, 1.800 en el comercio minorista, 1.500 en el sector manufacturero, 1.200 en las empresas de servicios y casi 800 en el sector del transporte. Hasta ahora, aunque la crisis económica ha afectado a los sectores de forma desigual, el número de insolvencias se ha reducido en todos los sectores, incluidos aquellos que llevan varios meses inactivos. Asimismo, todas las regiones francesas registraron una fuerte caída en el número de insolvencias en 2020, desde el -34% en Bretaña hasta el -49% en Córcega. En el país galo, sin el Fondo de Solidaridad, los resultados operativos del sector de la hostelería se habrían contraído en un porcentaje estimado del 109%, en lugar del 17% calculado por Coface. No obstante, las repercusiones sobre el empleo siguen siendo limitadas, con 126.000 puestos de trabajo afectados por las insolvencias durante el año, el nivel más bajo desde 2006.
Coface estima que el número de insolvencias ocultas en Alemania es el 21% de su nivel de 2019 (alrededor de 3.950 insolvencias). Si bien al inicio de la pandemia, Coface anticipaba un aumento en las insolvencias del 9% en 2020, éstas terminaron cayendo un 15%. Esto se debe, en parte, al hecho de que el gobierno alemán ha suspendido temporalmente la obligación de iniciar un procedimiento concursal en caso de insolvencia (moratoria) con el fin de dar tiempo a las medidas de apoyo para que surtan efecto. Los sectores de la metalurgia y automotor alemanes, ambos en recesión desde mucho antes de la pandemia, experimentaron un aumento de las insolvencias respecto a 2019.
En España, los despidos han resultado eficaces. Por ejemplo, en el sector minorista, las simulaciones de Coface indican que las medidas de despido limitaron la caída de los beneficios a un -26% en el segundo trimestre, frente a un -67% si no se hubieran puesto en marcha. Sin embargo, estas medidas no han podido evitar un aumento meteórico de las insolvencias en el sector turístico, con un incremento interanual del 90% en el segundo semestre. A nivel global, se estima que las insolvencias ocultas españolas rondan las 1.600 (un 34% de su nivel en 2019).
Coface estima que las insolvencias ocultas en Italia ascienden a alrededor del 39% de su nivel de 2019 (es decir, 4.100 insolvencias). De acuerdo con los cálculos de Coface, sin embargo, las insolvencias deberían haber aumentado en un 7%.
Un panorama preocupante
No obstante, no todas las quiebras «ocultas” se concretarán necesariamente en 2021. La continuidad de la moratoria para las insolvencias, así como la de las medidas de ayuda y el apoyo bancario serán factores determinantes. El proceso de “ponerse al día” con las declaraciones de insolvencia a partir de 2021 estará directamente correlacionado con el ritmo de finalización de las medidas restrictivas, que a su vez vendrá determinado por la velocidad de despliegue de las vacunas. Este proceso también dependerá de la voluntad de los Estados de seguir prestando apoyo, sobre todo porque la gran mayoría de las empresas sólo empezarán a devolver los préstamos garantizados por el Estado a partir de 2022 (como es el caso de Francia, por ejemplo).
