Morón y Jalil dialogaron sobre los beneficios que traerá la adhesión a la Ley 27.348, acompañados por el gerente general, Fernando Pérez y el asesor de gabinete de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Sebastián Velesquen; y el ministro de Minería catamarqueño, Marcelo Murúa. Esta normativa instaura a las comisiones médicas como instancia administrativa, previa y obligatoria a la que debe recurrir un trabajador para determinar el carácter laboral del accidente o enfermedad sufrida.
En ese ámbito, el trabajador, con el debido patrocinio letrado, puede solicitar la determinación del carácter laboral de la contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo.
Asimismo, se sentaron las bases para la conformación de una mesa técnica que impulse el trabajo conjunto y específico en la cual se intercambiarán datos de relevancia a considerar para su implementación.
Morón resaltó que la adhesión de Catamarca a la ley permitirá “garantizar los derechos de los trabajadores y reducir la cantidad de juicios que hay contra el sistema de riesgos del trabajo”.
Al momento, han adherido 16 jurisdicciones: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Córdoba, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.
Convenio para mejorar la calidad del empleo
Cabe señalar, que la SRT y Catamarca firmaron un convenio específico a través del cual renovaron el compromiso de acciones coordinadas en tareas de inspección sobre los establecimientos laborales de la provincia como parte de una agenda que incluye la mejora de las condiciones de salud y seguridad en la jurisdicción.
La SRT contribuirá -entre otras acciones- en la implementación de capacitaciones a los agentes de la Administradora de Trabajo Local (ATL) para realizar tareas de fiscalización laboral y la provincia se comprometió a ejecutar las acciones de control en los establecimientos con el objetivo de hacer cumplir los deberes y obligaciones que emergen de la Ley 24.557 y sus normas complementarias. El convenio promueve criterios homogéneos de fiscalización para ser aplicados en todas las jurisdicciones del país.
La utilización de un mismo sistema y proceso de inspección -a través de la implementación del Acta Digital Única (ADU) como herramienta para la carga de datos- se vuelve fundamental, ya que genera criterios transparentes de intervención y altos niveles de trazabilidad.
