En los juzgados laborales de la ciudad de Buenos Aires se acumulan ya prácticamente el doble de causas pendientes de resolver que las que había hace sólo cuatro años. Las razones son varias, pero lo cierto es que año tras año se incrementa la cantidad de litigios ingresados, algo que, según se prevé, se agravará si la crisis en la actividad económica deriva en más conflictos y despidos, informa en una nota el Diario La Nación.
En 2013, en los 80 juzgados de primera instancia del fuero se recibieron 64.590 demandas, un 19,5% más que en el año previo y un 108% más que en 2007, según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La estadística -los informes comienzan con datos de 2007- muestra que este año, en los primeros cinco meses con actividad judicial (de enero a junio) ingresaron unos 29.800 juicios: si la dinámica siguiera a un ritmo similar en el resto del año se llegarían a algo más de 65.500 casos.
La cantidad de expedientes en trámite pasó, entre fines de 2013 y junio de este año, de 116.865 a 121.097. Con respecto a 2007, el número se multiplicó por 3,4: en ese entonces había 35.623. Y en 2010, los casos eran 65.449. El crecimiento anual promedio del período fue de 22 por ciento.
La tendencia a hacer demandas por parte del personal ejecutivo que se desvincula de una compañía -algo inusual hasta hace unos años-; la mayor cantidad de casos en los que se considera que hubo una decisión discriminatoria -junto con el agravamiento de las sanciones previstas para esos casos-, y los reclamos por casos de enfermedades y accidentes laborales son algunos factores que explican la mayor judicialidad. El último tema mencionado resulta una gran fuente de litigios: hasta hace dos años fue así porque la Corte Suprema había puesto en jaque al sistema, al declarar en 2004 la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley; luego la norma se reformó y se corrigieron los aspectos cuestionados, pero aun así, y si bien bajaron los reclamos contra empleadores, no cede la alta litigiosidad contra las aseguradoras.
También tendrían su incidencia factores propios de la jurisdicción: en la Capital Federal, la tasa de interés aplicada a los montos a cobrar por quien gana un juicio es mucho más alta que en otros lugares del país, como la provincia de Buenos Aires. Y hay casos en que existe la posibilidad de optar por el lugar donde se radicará la demanda. En este punto, varios laboralistas coinciden en que, a mayor interés dispuesto en los fallos, la empresa está más dispuesta a firmar un acuerdo en la instancia obligatoria de conciliación previa al juicio.
La estrella del año son los juicios de ejecutivos; es que cuando una empresa reestructura, un ejecutivo es igual a 15 empleados, y además suele haber unificaciones de áreas con reducción de gerentes», explica el abogado Julián De Diego. ¿Y qué reclaman? Al desvincularse, estos empleados con jerarquía piden que en la base de cálculo de la indemnización se consideren los montos vinculados a prestaciones en especie como el celular, el vehículo y la tarjeta de crédito.
Los abogados consultados por La Nación coincidieron en que la situación coyuntural no se refleja en mayores índices de litigiosidad. No porque no haya problemas, sino por las políticas empresarias.
El abogado Eugenio Maurette lo explica así: «En las grandes empresas, donde hay control sindical, se apela primero a las suspensiones y a los retiros voluntarios, con acuerdos homologados [por el Ministerio de Trabajo]; eso evita juicios». Diferente es el caso de las pymes, donde sí se recurre con frecuencia directamente al despido si caen las ventas. El abogado advierte: «Hay empresas que piensan en recorte de beneficios y eso derivará en más litigiosidad en unos años, cuando esas personas se empiecen a ir».
Otra causa de juicios que avanzó en los últimos años es la discriminación que, según entiende quien demanda, se da en el acto del despido. «Por la ley antidiscriminación se ordena el pago de la indemnización y del daño moral, y también la reinstalación del trabajador en su puesto», recuerda Luis Discenza, del estudio AMZ. A pedido del afectado, la ley 23.592 dispone que se deje sin efecto la decisión discriminatoria, algo que llevado al plano laboral implica que un despedido vuelva a su empleo.
Según Galli, es frecuente que los reclamos por discriminación tengan que ver con quienes se asumen como representantes de hecho de sus compañeros, sin un cargo sindical formal. El abogado agregó que otro tema protagónico en las demandas es el vinculado con las tercerizaciones y subcontrataciones.
Entre los reclamos por discriminación están los de diferencias salariales, por incumplimiento de la garantía de igualdad de ingresos a igual tarea. «La garantía está en el artículo 14 bis de la Constitución y en el artículo 82 de la ley de contrato de trabajo; los fallos dicen que si hay diferencias deben basarse en criterios objetivos», dice De Diego, que cita sentencias que le dan la razón a mujeres con cargos gerenciales que habían recibido menores subas en sus ingresos que sus pares varones.
UN SISTEMA TODAVÍA EN RIESGO
Una cuestión que no muestra el impacto positivo que se esperaba en cuanto a los índices de litigiosidad es la reforma de la ley de riesgos. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) proyecta que este año cerrará con 82.670 nuevas demandas en todo el país, un 5,3% más que en 2013, año en que hubo un 22,4% más de juicios que en 2012. Los cambios legislativos contemplaron una suba significativa de las indemnizaciones para los damnificados. Y además, se corrigió el artículo que impedía, por la existencia del seguro, que el trabajador demandara a su empleador. A partir del nuevo marco hay un efecto de menor judicialidad contra los empleadores, pero no contra las ART.
¿Las razones? Una es la disparidad de criterios en la Justicia. «Algunas salas no aplican el baremo que dispone la ley para cuantificar los daños, y se toman criterios diferentes entre los jueces en otros aspectos [por ejemplo, si la nueva ley es retroactiva]», afirma Mara Bettiol, presidenta de la UART. La solución, en ese sentido, llegaría con un fallo de la Corte que unifique la voz. «La disparidad de criterios alienta la judicialidad», dice Bettiol.
Los primeros cuestionamientos de la Corte a la ley de riesgos de 1996 llegaron en 2004. Ese año, las demandas habían sido 3878. Desde entonces y en el lapso de una década, la cantidad de nuevos casos se multiplicó por 21.
En los últimos años, la jurisdicción donde más crecieron los juicios contra las ART fue la Capital Federal; mientras que en 2013 hubo 27.104 casos, para este año se proyecta un total de 33.809, con un alza de 27,4 por ciento. «La Cámara, en una acordada, elevó a 36% anual la tasa de interés para los montos de las sentencias; se puede decir que está en línea con la inflación, pero desde las empresas no hay cómo cubrirse con inversiones de capital», dice un directivo del sector, respecto de las causas tramitadas en la ciudad.
Hasta principios de este año, cuando la Cámara tomó la mencionada decisión, se consideraba un interés de referencia que hasta 2013 fue de 18,6%; ahora ese índice directamente se duplicó, aunque aun así, la tasa anterior era más alta que en otros lugares.
