Se llevó a cabo el Primer Coloquio Anual del CIDeS (Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro), bajo el lema “El Impacto de la Litigiosidad en la Economía Argentina”. Jurisprudencia y Seguros. Propuestas Legislativas y Normativas en Argentina, y su impacto a través del seguro en el entorno competitivo y el crecimiento económico de la Nación.
Alejandro Simón, Presidente de CIDeS, además de reafirmar el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible a través de una industria aseguradora cada vez más afianzada, sostuvo que el sector del seguro sufre el “flagelo de la judicialidad”. Y describió aspectos recurrentes y distorsivos como la falta de uniformidad en los criterios jurisprudenciales para la determinación del daño, los mecanismos de actualización de los pasivos judiciales que afectan la solvencia y estabilidad financiera, los incentivos que fomentan la disposición a iniciar acciones legales muchas veces injustificables, los esquemas de honorarios periciales que generan conflictos de interés y distorsionan la realidad de los daños sufridos, mecanismos de mediación obligatoria que han demostrado ser ineficaces, entre otros.
Con un panel específico sobre el impacto de la litigiosidad en Riesgos del Trabajo, la UART, Unión de Aseguradores de Riesgos del Trabajo, expuso el acuciante panorama que el creciente número de demandas genera y dejó en claro el camino para resolver la problemática: constitución de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF). La visión fue compartida tanto por el resto de los de los panelistas, que abordaron diferentes aspectos de la problemática, como por la mayoría de los prestigiosos disertantes presentes a lo largo de la jornada.
Mara Bettiol, Presidente de la UART, abrió su panel explicando la paradoja que se produce. A pesar de disminuir significativamente los accidentes por las políticas de prevención y control, mejorar la cobertura en servicios y extensión, aumentar y mantener actualizadas las indemnizaciones dinerarias, haber realizado numerosas modificaciones al sistema, contar con más de 20 fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidan su funcionamiento, “no hay razones vinculadas al desempeño del Sistema que justifiquen el volumen actual de ingreso de nuevos juicios, cercanos a la cantidad pre-reforma de 2017”, sancionada específicamente para disminuir las demandas. En efecto, en 2023 ingresaron 117 mil nuevos juicios. Lo cual contrasta con la caída sistemática de los fallecimientos y de los accidentes en el ámbito laboral. Acumulando en fallecimientos una caída del 80% que implicó haber salvado 17.700 vidas y una caída en accidentes del 50% que evitó 3,9 millones de accidentes.
Bettiol explicó que al problema de la cantidad de juicios, se suma el aumento del valor de los juicios por la aplicación de tasas de actualización inalcanzables e impredecibles, ya que en los diferentes tribunales del país se utilizan disímiles criterios para calcularlas.
La solución, para la UART y para la mayoría de los actores del Sistema es cerrar la brecha existente entre el procedimiento administrativo y el judicial, para determinar daños sobrevinientes de un accidente de trabajo. ¿Cómo hacerlo? El mecanismo se encuentra previsto en la ley 27.348. Son los Cuerpos Médicos Forenses. Su puesta en marcha depende de la decisión de cada Superior Tribunal de las provincias adheridas y en CABA de la CSJN, al menos hasta tanto se traslade el fuero laboral a CABA. A la fecha Mendoza ha sido la única provincia que lo puso en marcha, el año pasado. El procedimiento pericial de la ley 27.348 prevé: 1) que los profesionales sean elegidos por concurso de antecedentes y no por simple anotación en un listado; 2) que cobren honorarios por sueldo o acto médico y no como porcentaje de la sentencia en base al daño que ellos mismos determinan; 3) que se referencien en el baremo (tabla de medición de incapacidades) que también forma parte de la Ley, como lo hacen las Comisiones Médicas; y 4) que sea aplicable a todos los casos.
Respecto de las actualizaciones, Mara Bettiol comentó que, a partir del último fallo de la CSJN, caso Lacuadra, la reglamentación de una tasa específica por parte del BCRA contribuiría a una mayor racionalidad de las actualizaciones, tanto en materia laboral en general como de riesgos del trabajo.
Hubo coincidencia entre todos los integrantes del panel respecto de la necesidad de acotar la litigiosidad. Guillermo Plate, Superintendente de Seguros, afirmó que 60% del stock de juicios en el sector asegurador corresponde a Riesgos del Trabajo, un sistema que funciona porque es útil para el trabajador y la empresa”. Dalmiro Garay, titular de la Corte de Mendoza, presentó el esquema de reformas que hay en la provincia cuyana que al momento es la única que tiene establecidos los cuerpos médicos. En siete años de reformas, pasaron de 28.000 juicios anuales a unos 15.000. “Es el 49% del punto de partida. Los peritos cobran medio JUS, que hoy son $200.000 por pericia” valor desacoplado del porcentaje de daño que determinan, dijo el magistrado. Fernando Perez, gerente General de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), indicó que ese organismo procurará continuar promoviendo la adhesión a la Ley de las provincias que aún no lo han hecho y enfatizó que van a trabajar por conformar el cuerpo de peritos en las cortes provinciales, así como para simplificar el baremo y dar curso al proyecto de ley de prevención que se trabajó en el pasado conjuntamente con los actores sociales. Gerardo Martínez, Secretario General de la UOCRA sostuvo que la cobertura de riesgos del trabajo es un subsistema de la seguridad social y se mostró a favor de impulsar una ley de prevención de riesgos laborales trabajada con la SRT. Finalmente, el Presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, también coincidió en la necesidad de que los peritos forenses tengan honorarios tarifados, además de mencionar una serie de medidas que debieran implementarse en el ámbito judicial para tornar más competitivas a las empresas sin que esto implique recortar derechos.
Estuvieron presentes en el evento, analizando la problemática de la alta litigiosidad concentrada en el sector, el Dr. Ricardo Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, los Superintendentes de Seguros y de Riesgos del Trabajo, Guillermo Plate y Gustavo Morón, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cinco diputados de diferentes partidos, el secretario de Finanzas de la Nación Pablo Quirno, entre otros.
