Argumentando excusas insolidarias en una provincia asediada por pasivos ambientales, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) solicitó al gobierno provincial que prorrogue por séptima vez la suspensión de la puesta en vigor de la exigencia del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) que rige en todo el territorio nacional por la Ley N° 25.675 (Ley general de Ambiente).
Así lo advierte CAARA en un comunicado oficial, quienes explican que pidiendo que se instrumente un mecanismo que favorezca los intereses de los alcanzados por la obligación de la ley en lugar de asumir lo legislado para garantizar un ambiente sano, como lo establece la Constitución, la Federación Industrial de Santa Fe demandó una nueva prórroga que les permita a sus afiliados seguir sin dar garantías de que cumplirán con la remediación de los eventuales daños ambientales que provoquen a los bienes de uso público.
Santa Fe dictó su normativa complementaria de la federal y puso en vigor la exigencia del SAO mediante el Decreto N° 1879/13, publicado en el Boletín Oficial de la provincia el 16 de julio de 2013 pero apenas un mes después y por tres años consecutivos dictó seis prórrogas semestrales suspendiendo la obligación de contratar el SAO, la última de las cuales expiró el 1° de agosto de 2016, por lo que la exigencia actualmente está vigente. Para disponer las prórrogas el gobierno santafesino asumió los argumentos de los obligados, que invocaban que la lista de compañías que ofrecían el SAO era limitada», detalla la misiva.
Sin embargo, alertan desde CAARA, la oferta del SAO está absolutamente ajustada al tamaño del mercado a través de ocho compañías aseguradoras autorizadas a emitir pólizas, brokers y productores asesores capacitados para informar acerca de los alcances del SAO y pactar operaciones y numerosas reaseguradoras.
El pedido de nueva prórroga de la Federación Industrial de Santa Fe invoca por cuarto año consecutivo el insostenible argumento de la necesidad de esperar que “se instrumente un mecanismo efectivo en cuanto a transferencia de riesgos” y a que “hay que profundizar el debate público en torno a las distintas posibilidades de contratación que satisfagan los requerimientos legales y las expectativas de los sujetos involucrados, a la vez que contribuya a la gestión sustentable del ambiente”.
La cámara industrial santafesina pretende ignorar que la Constitución, la ley y su reglamentación ordenan la contratación de un seguro que garantice, prioritariamente, la recomposición del daño ambiental en favor del Estado en lugar de pólizas indemnizatorias, que bien pueden ser contratadas sin obligatoriedad. La pretensión del legislador ha sido que quien provoca daños al ambiente asuma los costos de su remediación», advierten.
Recientemente vecinos del cordón industrial de Rosario, provincia de Santa Fe, en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), elaboraron un “mapa de contaminación” del Gran Rosario, que incluye 157 denuncias por contaminación ambiental en una provincia que hasta ahora es renuente a exigir el SAO.
El “mapa de contaminación” incluye denuncias realizadas entre 2011 y 2016, pero el proyecto continúa abierto para los vecinos que observen situaciones de contaminación. En algunos casos se denuncia un exponencial crecimiento de cuadros de cáncer de colon en Capitán Bermúdez, enfermedades respiratorias en niños, bebés y ancianos en Timbúes y Puerto General San Martín.
Para prevenir y corregir esas circunstancias, existe en el orden nacional el SAO del Art. 22 de la Ley N° 25.675, que cada jurisdicción puede adaptar a sus características, respetando los presupuestos mínimos, pero la provincia de Santa Fe ha sido renuente a su aplicación, invocando pretextos absurdos frente al daño que la inobservancia causa a la sociedad, cierran desde la cámara del sector.
