En la última edición del Boletín de FAPASA, se publica una nota editorial que transcribimos a continuación, en la que se analizan los programas de gobierno para fomentar el consumo y donde se requiere de seguros colaterales:
«Las operatorias que el Gobierno Nacional ha dispuesto, dentro de sus políticas tendientes al fomento de la actividad económica, abarcan, entre otras, la construcción de viviendas y la adquisición de bienes, tales como automotores de diverso tipo. Tales operatorias se materializan y potencian a través del crédito, como modo de alcanzar la mayor cantidad de postulantes.
Colateralmente, y para proteger tanto a quienes incorporan esos bienes a su patrimonio como a quienes les otorgan créditos para hacerlo, se requiere de coberturas aseguradoras adecuadas. Hemos señalado el interés asegurado de ambas partes porque, en ocasiones, suele postergarse el de los primeros en aras del negocio de los segundos.
Es natural y lícito que esa actividad financiera implique una utilidad para las empresas que la brinden. Pero ello debe tener claros límites cuantitativos y también éticos, especialmente tratándose de planes que contemplan en una medida significativa el aporte y la decisión del Gobierno Nacional. Nuestra experiencia y nuestras convicciones, basadas no solo en un interés sectorial sino también en una comprobación muy extendida de ejemplos, propondrían la conveniencia de que dichas contrataciones contaran con el debido asesoramiento de los profesionales del tema. Es probable que de ellos surgiera un doble efecto positivo: mejores coberturas y economías de costos para los programas oficiales.
Pero no queremos postergar lo bueno en la esperanza de lo mejor. Nos bastaría por el momento con advertir que, aún sin nuestra participación, una acción decidida del Estado puede evitar que se produzcan los sobre costos (sin sobre coberturas, naturalmente) que son moneda corriente en la mayoría de aquellas contrataciones de seguros donde una de las partes o un tercero interesado, se encarga de cubrir los riesgos de otro que, siendo el destinatario final de una buena iniciativa, termina siendo un «convidado de piedra» a la hora de definir quién, cómo y a qué precio le asegura sus bienes.
No queremos dejar de advertir a los organismos de control, tanto de seguros como de las operatorias de las que hablamos, por aquello de que «… Hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan». No hay que olvidarse de que, todos los días, encontramos aseguramientos que, en razón del mecanismo de contratación, encierran un sobre costos que no mejora ni extiende la cobertura, sino que se dirige a los bolsillos colaterales que sólo aportan el apetito de ganarlo.
Sin dar nombres aquí (porque sería injusto en una corruptela tan extendida), hemos encontrado una aseguradoras importante de nuestro mercado, que en un seguro (más bien en un Certificado de Incorporación Automotores Prendas) facturó el 28 de julio de 2014, $2.434,58 mensuales por una cobertura que, requerida exactamente un mes después en la misma entidad, pero fuera de ese Plan Mágico, hubiera costado $930,36. Ni al gaucho más enamoradizo le sale tan cara la «prienda». Si los destinatarios de este mensaje quisieran buscar situaciones similares en la cobertura de créditos hipotecarios, encontrarán también que, tanto los beneficiarios de los planes, como el Estado Nacional, estarán siendo los destinatarios de semejantes maniobras, ya sea para pagarlas como para tolerarlas impunemente.
Nosotros nos limitamos a señalarlos y a apoyar cualquier iniciativa oficial que se dirija a la eliminación de esta rémora de un mercado que, queremos creer, hoy está decidido a «crear conciencia aseguradora» y a lograr «desarrollo genuino».
