El Secretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN), Carlos Haquim, exhortó al Ministerio de Salud de la Nación, a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y por su intermedio a las Cámaras que reúnen a las Empresas de Medicina Privada y a la Asociación de Clínicas Sanatorios y Hospitales Privados (ADECRA) a que realicen el mayor esfuerzo posible, con el fin de evitar el cobro de ‘copagos’ a los afiliados, dado que esto perjudica su posibilidad de acceso a la atención de su salud.
La DPN promovió esta actuación dada la situación en que se verían involucrados los afiliados a las empresas de medicina prepaga ante el presunto cobro de los denominados ‘copagos’, que consisten en el pago de una parte de la prestación que se pone a cargo del afiliado y se abona en forma directa al prestador.
Recientemente, a través de la Resolución Nº 1496/2014, el Ministerio de Salud de la Nación autorizó a las empresas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Medicina Prepaga a incrementar hasta un 7,5% el valor de las cuotas mensuales que abonan los usuarios, a partir del 1º de octubre de 2014.
Pero -tal como surge de las noticias nacionales- tanto las empresas como sus prestadores, clínicas y sanatorios privados, entienden que el aumento debe alcanzar el 9%, por considerar insuficiente el otorgado y han señalado que presentarán un pedido ante la SSS para lograr ese incremento, indicando que si ello no se resolviera prontamente, el próximo lunes 8 de septiembre comenzará el cobro de ‘copagos’ en los distintos centros de atención.
Según se ha difundido los mencionados copagos rondarían entre los 50 y 100 pesos, según la práctica que se solicite. Obviamente, el usuario quedará atrapado entre la necesidad de atender sus necesidades de salud y la exigencia que se impondrá si las autoridades no ceden ante el reclamo.
El Defensor del Pueblo considera que cualquiera fuese la situación que se plantea, la presión no puede recaer sobre el eslabón más débil de la cadena, el afiliado, pues la asimetría existente no permite divisar justicia alguna en la imposición de dicha mecánica.
Por eso instó a resolver el problema a través del diálogo y lograr soluciones alternativas a la propuesta, sin afectar en forma directa a los afiliados, quienes ya soportan parte de la crisis alegada por las empresas al tener que abonar las cuotas con los incrementos autorizados por el MSN.
