El 28 de abril es -para el movimiento sindical y a nivel mundial- el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos y fue a petición distintas organizaciones de trabajadores que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueve el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo desde 2003. Ratificado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) bajo la consigna de evitar accidentes y enfermedades laborales a través del diálogo social, este día adquiere una particular relevancia en 2021 por los desafíos que la pandemia COVID-19 le ha planteado a los gobiernos, empresas y asociaciones sindicales a nivel mundial.
Tal como explican desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en un reciente comunicado, la OIT sostiene que los traslados hacia los establecimientos laborales y la convivencia de trabajadores, son momentos propicios para la propagación del coronavirus, sobre todo en ámbitos cerrados con escasa ventilación, que no permiten el distanciamiento adecuado o con diseños de planta y procedimientos que dificultan la aplicación de protocolos para prevenir o minimizar contagios. En cuanto al impacto psicológico señala el caso de los trabajadores de la salud, expuestos a una gran carga laboral y emocional que ha generado síntomas de estrés y depresión.
Sobre el teletrabajo implementado en una gran cantidad de países para trabajadores esenciales, se constató que –si bien ha sido fundamental para detener la propagación del virus y mantener la continuidad operativa de las empresas y estados- ha generado algunos problemas adicionales por la disolución de la demarcación entre vida familiar y laboral, los trastornos músculoesqueléticos por la improvisación de puestos sin diseño ergonómico adecuado y el aislamiento social que afecta el desarrollo profesional. En el caso de las trabajadoras, se verificó una doble carga laboral y un aumento notable de los casos de violencia doméstica.
En línea con la invitación de la OIT de preparase para responder a ésta crisis en invertir en sistemas resilientes de seguridad y salud, nuestro país ha incorporado nueva normativa destinada a restringir la circulación de personas no esenciales, implementar el teletrabajo para evitar la saturación de los entornos laborales, adoptar protocolos capaces de prevenir los contagios en actividades esenciales, reconocer presuntivamente al COVID 19 como enfermedad profesional no listada e impulsado cambios en los modos de gestionar el sistema de riesgos del trabajo en líneas generales. Siempre bajo la premisa de defender la salud para promover de éste modo las actividades productivas y de servicios, que fueron duramente golpeadas durante 2020.
«La SRT invita a los todos los actores del sistema a seguir fortaleciendo la capacidad de dar respuestas oportunas y eficientes, ampliando la cobertura de enfermedades y accidentes y promoviendo activamente la prevención y reparación de daños ante una pandemia que crea nuevos riesgos para los trabajadores y agrava otros ya existentes», concluyen.