El pasado 14 de mayo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) y la provincia de Salta firmaron un convenio para evaluar y verificar si la ejecución de los 32 permisos de desmontes en bosques protegidos cumple con el marco normativo vigente. Esta evaluación se llevaría adelante en un breve plazo de 30 días, y se reduciría además a la sola consideración técnica de la provincia con la colaboración del MAyDS y Ministerio de Agroindustria de la Nación, sin mencionarse participación ciudadana sobre este respecto.
Los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10 permitieron realizar recategorizaciones prediales en Salta modificando, ante la simple solicitud del titular de la finca, la zonificación establecida en el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) definido oportunamente de manera participativa. De esta manera, durante varios meses se autorizaron desmontes en bosques que habían sido clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo (conservación y uso sustentable, respectivamente). Este mecanismo no solo vulneraba el propio OTBN de Salta aprobado por ley provincial, sino la Ley Nacional 26.331.
En enero de este año, Vida Silvestre y FARN recibieron con agrado la Resolución 56-E/2018 del MAyDS que declaró incompatibles con la Ley Nacional de Bosques Nativos a los permisos de desmonte autorizados por recategorizaciones prediales, y por suponer una modificación regresiva del OTBN salteño, instando incluso a la provincia a restaurar los ambientes desmontados en el marco de aquellas autorizaciones ilegales.
Ante esto, Vida Silvestre y FARN expresan su profunda preocupación, y comunican que han presentado ante el MAyDS un pedido de informes solicitando el texto del acuerdo firmado entre ese organismo y Salta dado que aún no se ha hecho público, como así también, para solicitar mayores detalles sobre sus implicancias prácticas. El producido de tal convenio podría ir en sentido contrario a las disposiciones de la mencionada Resolución 56-E/2018, cediendo así ante las presiones del sector productivo en Salta.
Es importante resaltar que, según los Indicadores Ambientales de la División de Estadísticas de Naciones Unidas, la Argentina fue el noveno país en el mundo que más hectáreas de bosque perdió en los últimos 25 años. Se estima que desde 1990 hemos perdido más de 7.6 millones de hectáreas de bosques nativos. Actualmente sólo se conserva el 27% de la superficie originalmente ocupada por bosques nativos, por lo que la Argentina está en una verdadera emergencia forestal. La Ley de Bosques Nativos, que contó con un histórico apoyo de la sociedad civil, ha sido fundamental para frenar esta situación, y regular el descontrolado avance de la frontera agropecuaria.
Vida Silvestre y FARN reiteran su pedido de que no se sucedan acciones que impliquen retrocesos en los niveles de protección ambiental alcanzados en razón de la Ley 26.331 sino, por el contrario, que cada vez se comprometan mayores recursos y se sea más tuitivos con nuestros bosques, restaurándose el daño por los desmontes ilegales ya sucedidos.
