La Legislatura provincial aprobó la adhesión a la ley N° 27.348 que incorpora a las comisiones médicas como la instancia administrativa obligatoria, previa y excluyente en el reclamo de un trabajador por un accidente laboral o enfermedad profesional. Ya suman 13 las provincias que apoyaron los cambios para terminar con la “industria del juicio”.
Mediante la ley provincial N°4955/17 del diputado Roy Nikisch, el gobierno de Domingo Peppo, se sumó al conjunto de distritos que disponen de una herramienta legal para reducir la litigiosidad laboral a través de la intervención de las comisiones médicas. Ya lo hicieron CABA, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, San Juan, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Corrientes, Formosa, Jujuy y Salta.
El proyecto, que reunió 18 votos a favor (bloque mayoritario PJ-Cambiemos) fue abordado en primera instancia por la justicialista Liliana Spoljaric, quien aseguró que “tal como se encuentra actualmente legislado el sistema de riesgo de trabajo luce inviable” y se mostró a favor de adherir a la Ley que “ha comenzado a mostrar buenos resultados en los distritos que la han incorporado”.
Chaco dio un paso adelante en este camino de cambio que se origina en Mauricio Macri y su plan de reducir la litigiosidad y acabar con la llamada industria del juicio en la que pocos ganan mucho y la mayoría pierde”, consideró el legislador Luis Obeid.
En tal sentido, destacó que la adhesión a esta Ley “amplia los derechos de los trabajadores, les da una nueva instancia, fácil y gratuita”, concluyó.
La provincia de Chaco contará con una comisión médica en Resistencia que abarca las circunscripciones judiciales I y V, y una sede itinerante en Presidencia Roque Saenz Peña con competencias en las circunscripciones judiciales II, III, IV y VI.
La ley N°27.348, Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, establece la obligatoriedad dela intervención de las comisiones médicas como paso previo, excluyente y obligatorio en el reclamo de un trabajador por un accidente laboral o una enfermedad profesional.
De esta manera se busca estrechar el vínculo entre el Estado y los trabajadores, brindándoles mejores herramientas en la resolución de su reclamo y mejorando la calidad de atención.
En las provincias que adhirieron, la implementación de la ley no solo se tradujo en una reducción de la litigiosidad contra el sistema, sino también produjo una rebaja en las alícuotas que representó para las empresas un ahorro de 6.500 millones de pesos.
