Trabajadores, empleadores y Gobierno remarcaron la reducción drástica de la litigiosidad en aquellas provincias que adhirieron a la nueva Ley, el descenso en el monto de las alícuotas, mayor previsibilidad para inversiones y un avance en la transparencia de los procesos estatales. Fue durante la jornada de análisis desarrollada con motivo de cumplirse un año y medio de la sanción de la Ley Nº 27.348.
El encuentro, que se llevó a cabo en la sede que la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) posee en Buenos Aires, contó en uno de sus paneles con el análisis del ministro de Producción de la Nación, Dante Sica; del secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Juan Carlos Paulucci; del Superintendente Gustavo Morón; del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo y del secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, entre otras personalidades del mundo laboral.
«Argentina viene padeciendo décadas de inestabilidad y bajo crecimiento económico”, dijo en el arranque de su disertación Dante Sica. Y aseguró: “la inestabilidad macroeconómica hace que nuestros empresarios no tengan previsibilidad”.
Nuestro programa viene a combatir ese modelo de crecimiento, que tuvo siempre un índice muy bajo de productividad. Necesitamos mercados más transparentes, con reglas de juego claras, que permitan la competencia entre las empresas”, sostuvo el ministro de Producción.
El sistema de riesgos del trabajo en cifras
El superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, fue el encargado de poner en cifras lo sucedido a partir de febrero de 2017 a la fecha. “Estamos acá para rendir cuentas”, dijo Morón. “Los resultados son contundentes: en aquellas provincias que adhirieron a la Ley Nº 27.348, los costos de las alícuotas que pagan los empleadoras a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) se redujeron a 2,9% de la masa salarial. Mientras que las que no lo hicieron tienen un costo en sus alícuotas de 3,8%”.
Estamos en condiciones de constatar que, a partir de la sanción de la nueva Ley de Riesgos del Trabajo, la litigiosidad se redujo 34%, se homologan el 89% de los casos presentados en las Comisiones Médicas y se produjo un ahorro como consecuencia del abaratamiento de las alícuotas del 3,02%”, dijo el Superintendente.
Por su parte, su par de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Juan Pazo, sostuvo que “es inentendible que existan provincias que no hayan adherido a la ley aún. Hoy existe un sistema más sólido y más solvente. Existe mayor celeridad en los pagos, pero necesitamos que el baremo sea la única herramienta vigente a la hora de dictaminar un daño. Es el pequeño paso que nos falta”, aseguró el funcionario.
En idéntica línea se pronunció el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, quien destacó el impacto en la competitividad del sector y la importancia del diálogo social como herramienta indispensable para generar una cultura de la prevención.
Esta Ley claramente es el fruto del trabajo en equipo y de un diálogo que permitió unir a las partes y hacer un sistema más eficiente”
A su turno, Daniel Funes de Rioja consideró como “un gran logro de la SRT y del Ministerio de Trabajo haber avanzado en el diálogo social para mejorar y transparentar el sistema siempre pensando en lograr el beneficio para los trabajadores a través de una adecuada reparación”.
En tanto, el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la Nación, Juan Carlos Paulucci, aseguró que “hoy hay orden en el sistema de riesgos del trabajo. Nuestro norte es que no sucedan más accidentes de trabajo, ni enfermedades profesionales y que la prevención sea nuestra principal meta”.
Gerardo Martínez coincidió con Sica en la necesidad de una mayor transparencia en las reglas de juego. “No podemos pensar en otra cosa que en una Argentina competitiva, exportadora. Es hora de terminar con la Argentina del `masomenismo´: todo lo hacemos más o menos”, sostuvo el secretario general de la UOCRA.
El secretario general de la UOCRA aseguró que “desde el Estado hay que trabajar de manera seria y responsable y tanto los trabajadores como los empresarios necesitan seguridad laboral y jurídica”.
Desde la sanción de la nueva Ley de Riesgos del Trabajo, 15 provincias adhirieron a la reforma que, entre otras cosas, introdujo la intervención de la Comisiones Médicas como la instancia administrativa, obligatoria, previa y excluyente antes de cualquier acción judicial.
