Por Mariano Nimo, Gerente General de Afianzadora.-
Luego de la mayor caída mensual registrada en su economía moderna (abril -26%), Argentina se prepara para salir lentamente de esta agonía que dejará profundas cicatrices en su tejido social y económico.
Con una cuarentena más relajada, la baja de mayo ascendió a -20% y en junio a -10%, números preocupantes pero que indican que lo peor ya pasó. Como estimación anual, la economía retrocederá aún más que en la recordada crisis del 2001 (-11%), con un PBI que arrojará un -13%, comparado con un año previo (2019) de plena recesión (-2,2%).
El reciente acuerdo de la deuda es una muy buena noticia que descomprime el futuro inmediato, pero que lejos está de despejar los múltiples desbalances macro de la economía argenta.
El déficit fiscal orillará el 7% del PBI, muy exigido con el necesario tinte Keynesiano que está aplicando el gobierno para alivianar la compleja situación económica. Esto, acompañado de una expansión monetaria mayor al 95%, augura una inflación repartida en cómodas cuotas anuales, garantizando un valor entre el 40/50% para el 2021/22.
La política de micro devaluaciones seguirá a la orden del día (25% desde la llegada de la nueva gestión) con moderado pase a inflación teniendo en cuenta la recesión imperante, tarifas congeladas, control de precios y poca circulación del peso producto de la pandemia. El 2021 tiene como condimento las elecciones de medio término, donde el oficialismo
mostrará en el primer semestre una leve recuperación económica a tasas chicas (+8%/+10% por efecto rebote) en comparación con el trágico primer semestre 2020 que tuvo de lleno el impacto del Covid-19.
La imprescindible y necesaria inversión, como variable de crecimiento genuino ha tenido una caída del 25% en lo que va del 2020, posándose en apenas un 12% del PBI, valor que no llega a cubrir ni siquiera el desgaste de capital. Será necesario generar, con carácter de urgencia, condiciones atractivas para incentivar este tópico.
A nivel social, la pobreza del primer semestre supera el 50%, existiendo una relación desproporcionada entre el necesario asistencialismo social crónico del Estado y el aumento de la pobreza. La misma relación se observa en los subsidios a los servicios públicos y tarifas congeladas, donde esta combinación generó un desabastecimiento en general y un fuerte deterioro en la matriz energética. Sin dudas, el Estado debe amparar y asistir a aquellos que no pueden hacerlo por sus propios medios, pero el resultado de este tipo de políticas ha profundizado los problemas que venían a tratar de alivianar.
La famosa corrección de la mentada “macro” parece ser condición necesaria para generar mejores condiciones para la inversión, habiendo quedado sobredimensionado el peso del estado en la economía total (44%). Reconocidos economistas indican que es imprescindible darle mayor espacio a la actividad privada. Cualquier relación del peso del Estado en la economía mayor al 28% hace poco atractivo al territorio para invertir.
El 2020 es un año para el olvido, con una estrategia de neto perfil sanitarista que empieza a cuestionarse por sus resultados sanitarios, y por una afectación de la economía de las más profundas del mundo. El año electoral provocará una fiesta del gasto público que, sumado al habitual asistencialismo, podrá generar algún recalentamiento en la variable inflación.
Tarde o temprano, el Estado deberá asumir un gran sacrificio para llevar su talla a una dimensión razonable que permita hacer crecer la IED, única alternativa de desarrollo sustentable. En definitiva, en el primer semestre, la Argentina estará “creciendo a tasas China” (8%), con un gasto público que difícilmente se retraiga en un año electoral. La inflación queda como la gran incógnita.
