El país puertorriqueño cuenta en total con 15 las aseguradoras para asistir a 3.5 millones de personas. Uno de los asuntos más críticos que enfrenta el país y es por eso que las primas son altas y deben ser revisadas por la Cámara de Representantes, de acuerdo a una nota de Buena Fuente.
El hecho de que existan 15 aseguradoras para servir a una población de 3.5 millones de personas en Puerto Rico es la base del problema que enfrenta esta industria y nuestro sistema de salud. Esto tiene un efecto directo en el aumento anual de las primas de sus cubiertas, la reducción de las coberturas, el aumento en los deducibles, reducciones en los pagos a los proveedores, deudas acumuladas a las facilidades de salud del gobierno, los atropellos y el yugo impuesto a los proveedores de servicios de salud”, dijo José R. Sánchez, presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos.
Por otra parte, la Comisión cameral de Salud evalúa un proyecto radicado por la delegación popular de abril de este año. La medida busca enmendar varios artículos del Código de Seguros de Salud y permitir que las aseguradoras grupales e individuales puedan ofrecer planes médicos que cubrán los beneficios de salud. Estos se conocerán como «Planes Médicos de Beneficios Esenciales».
La primera prioridad tiene que ser proteger a los suscriptores y al gobierno en la compra de seguros y cubiertas, estandarizando el control de las operaciones de las aseguradoras. La segunda prioridad tiene que ser proteger a los proveedores de servicios de salud y nuestro sistema de salud, garantizando el pago justo y adecuado por sus servicios” explico el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos.
El proyecto tiene por objetivo que las tarifas tengan la aprobación de los planes médicos en el mercado individual y de grupos pequeños. Los aumentos anuales de un 10% más de las tarifas de planes médicos deberán contar con la aprobación previa del Comisionado.
Mientras las aseguradoras aumentan sus primas, tanto a los suscriptores privados como al gobierno, estas reducen los pagos a los proveedores, limitan la contratación de nuevos proveedores, cancelan contratos a proveedores preferidos por los suscriptores, limitan el acceso a los servicios de salud, aumentan los deducibles y reducen los servicios cubiertos”, «Es por esto que este proyecto tiene que ser lo más específico posible para limitar cambios a la intención del proyecto mediante cartas normativas y reglamentos, como ha sido nuestra experiencia en el pasado», concluyó Sánchez.
