Tal como lo adelantamos, finalmente Diputados votó en mayoría la reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo, que ya tenía media sanción de Senadores. Prosiguiendo los trámites parlamentarios, y dejando atrás su «imposición» vía DNU, en una intensa jornada, la cámara baja votó las modificaciones a un sistema que pedía a gritos un nuevo esquema regulatorio y legislativo.
La propuesta fue sancionada en el marco de una sesión convocada dentro del período extraordinario con 88 votos a favor, 22 en contra y 44 abstenciones.
En cuanto al bloque de Cambiemos, Daniel Lipovetzky y Luis Petri defendieron la nueva ley. El primero manifestó que «mejora la situación de los trabajadores y sus indemnizaciones, y establece un mandato legal para que trabajemos en la prevención». Y justificó: «No se puede responsabilizar a la industria del juicio. Los abogados lo que hacen es defender los intereses del cliente».
Una de las voces en contra de la iniciativa fue de la Diputada Margarita Stolbizer, quien opinó que será declarada inconstitucional: «Se habla de la necesidad de bajar los juicios y lo que tiene que terminar haciendo un trabajador, frente al cercenamiento de sus derechos, es otra vez ir a golpear las puertas de los tribunales para plantear una inconstitucionalidad, y entonces tendremos juicios más largos y más caros. Fue una mala ley de origen, que ya tenía como intención crear un mercado de capitales a costa de la salud de los trabajadores», sentenció la Diputada en una nota a Infobae.com
Cambios en la Ley de ART
Ahora, con la modificación de la Ley de ART, ante un accidente o una enfermedad laboral, será obligatorio recurrir a una comisión médica para evaluar el caso antes de iniciar un reclamo judicial. Y los peritos médicos que intervengan en los casos deberán integrar el cuerpo médico forense local y sus honorarios no podrán ser variables ni estar vinculados al monto del juicio, tal como indica una publicación oficial de la SRT.
A las comisiones médicas, se les fijará un plazo perentorio, es decir, un «plazo máximo» de 60 días hábiles administrativos para expedirse sobre los casos. Ese plazo será prorrogable por «cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas», de acuerdo una nota de La Nación.
En la Ley, se nombra la revisión de la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional que «agotará la instancia administrativa» del reclamo, aunque «las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central». «El trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la Comisión Médica que intervino», apunta el documento.
Por otro lado, la ley contempla la creación de un Sistema de Homologación para verificar que las indemnizaciones acordadas con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) no resulten inferiores a las establecidas en la Ley y garantizar el cobro inmediato.
Asimismo, se propone la creación del Autoseguro Público Provincial (APP) para que todos los empleados públicos provinciales y municipales sean incorporados al sistema de riesgos del trabajo. De esta manera, se protegerán a más un millón de empleados en 9 provincias, y 1000 municipios y comunas.
También, se introducen mejoras en los coeficientes de cálculo de las indemnizaciones. Los salarios que se utilicen para calcular el monto se ajustarán por aplicación de la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de Trabajadores Estables).
Por último, se establece que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo deberá remitir dentro de tres meses al Consejo Tripartito Consultivo (integrado por representantes del Gobierno, los trabajadores y las aseguradoras), contemplado en la ley de ART vigente, un anteproyecto de Ley de Protección y Prevención Laboral.
