Los juicios por riesgos del trabajo volvieron a dispararse: en octubre se iniciaron 11.851 nuevas demandas, un 14,3% más que el mismo mes del año anterior. En estos primeros 10 meses se registra un aumento del 7,6%, por sobre un 2023 que ya había crecido 25%. La situación es alarmante: de enero a octubre los casos ascendieron a 105.960 y se estima que en los 2 meses que faltan ingresen otros 22 mil, cerrando 2024 con 128 mil nuevos juicios.
Para la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), esta tendencia en la judicialidad se ha convertido en uno de los lastres que ahoga la generación de empleo de calidad en el país. Las ART hoy cubren a 10.148.061 personas (trabajadores asalariados en blanco) y a 1,06 millones de empleadores. Pero esa población de trabajadores podría duplicarse si se considera a los independientes (registrados y no registrados) y a los asalariados informales.
Desde 2017, la ley 27.348 incorporó como obligación, la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) por parte de la Justicia. Obligación que aún sigue pendiente en todas las provincias adheridas con excepción de Mendoza (que avanzó con una primera conformación). En el caso de CABA, al no tener fuero laboral propio, dicha obligación recae en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La implementación de esa figura es clave para desactivar esta “bomba de tiempo” judicial.
Los números hablan por sí solos: Provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe encabezan el ranking de provincias con mayor cantidad de demandas: 42.550, 19.206 y 13.968 casos en el año, respectivamente.
A modo de referencia, para 2023 Argentina tuvo 114,2 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos, mientras que países como España y Chile registran apenas 9,5 y 5,8.
«¿Hasta cuándo seguirá este “yunque” que impacta directamente en la economía y en la productividad del país?», se preguntan desde la UART.
La entidad solicita una vez más a los Poderes Judiciales de las provincias adheridas a la ley que cumplan y constituyan los Cuerpos Médicos Forenses para bajar los juicios a niveles razonables y no frenar la creación de empleo de calidad. Solicitan el cumplimiento de la norma.
El ordenamiento de las pericias judiciales redundará en menor judicialidad y mejores empleos. Con los Cuerpos Médicos Forenses se profesionaliza y objetiviza la valoración del daño, a la vez que se unifican los criterios entre la instancia administrativa de las Comisiones Médicas (validadas recientemente con un nuevo fallo de CSJN por unanimidad) y la instancia judicial. Es una herramienta clave de equidad para el trabajador y para el funcionamiento de un sistema de seguros, sinónimo de inmediatez e integralidad de la cobertura.
Esta figura pericial en la justicia, prevista en la ley, también terminaría con sobrecostos al eliminar el cobro de honorarios atados al monto de la sentencia, ya que los profesionales cobrarían por sueldo o acto médico. Y de esta manera se desarmaría un incentivo perverso: a mayor pericia, mayor honorario.
«A casi 8 años ya de la sanción de la ley 27348 resulta inexplicable esta demora generalizada en la creación de los Cuerpos Médicos Forenses. Máxime en este contexto donde la creación de empleo formal es uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestra economía», sostiene la UART.
Las estimaciones de juicios para el año en curso anticipan volver a valores cercanos a los 130 mil de 2017, año en que se sancionó con amplio apoyo de todos los sectores, la reforma justamente diseñada para acabar con este gravoso flagelo.
