En julio pasado se cumplieron los primeros 20 años del Sistema de Riesgos de Trabajo, motivo por el cual la UART emitió un boletín a fin de dar cuenta de los avances logrados y los principales ejes de conflicto del mismo, en particular la creciente litigiosidad. 10 millones de trabajadores cubiertos, 69% en la caída de los índices de mortalidad laboral, 11.000 trabajadores recalificados en el último año, 1,5 millones de empleadores asegurados son algunos guarismos que marcan los logros obtenidos.
En este período de dos décadas de trabajo continuo, enfocado a la prevención y atención de accidentes laborales y enfermedades profesionales, el compromiso conjunto de la sociedad argentina a través de sus empleadores, trabajadores, aseguradoras y el Estado en su rol de regulador y fiscalizador, permitió construir un escenario laboral mucho más seguro para los argentinos”, destaca el informe.
A continuación, las reflexiones de Mara Bettiol, Presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
«Estos números, que no son frías cifras, sino que en todos los casos remiten a personas identificables, dan cuenta del camino recorrido, las metas alcanzadas, la aceptación del sistema en la sociedad y la eficacia de su funcionamiento. Demuestran la utilidad del esfuerzo realizado por sus actores. Hoy ya es un valor adquirido y apreciado. 2016, en cuanto a prevención y atención de riesgos laborales, a todas luces nos devuelve una realidad extremadamente mejor que la imperante en 1996.
Hasta ese momento se contaba con un precario esquema resarcitorio. Hoy es un sistema integral que contribuye a la prevención de accidentes y atiende desde el minuto cero y hasta su recuperación total o máxima posible a los trabajadores que sufren un accidente o padecen una enfermedad laboral. La atención se extiende a lo largo de todo el país y se respalda en una enorme cantidad de prestadores médicos de alta, media y baja complejidad, con formación específica para cada patología. La tarea en muchos casos incluye además la reinserción y recalificación laboral. Además, en los últimos tres años y medio las prestaciones dinerarias crecieron 424% mediante la aplicación de la actualización semestral del índice salarial denominado RIPTE.
Dinamismo e innovaciones
En estas dos décadas el Sistema original fue mejorado en múltiples aspectos con el norte claro de ampliar la protección y extender su cobertura con el conocimiento de más patologías y la mejora de los montos indemnizatorios. Asimismo, se produjo la inclusión de nuevos colectivos sociales, como el de los empleados de casas particulares que sumaron más de 500 mil trabajadores. Un sinnúmero de herramientas, protocolos y servicios se fueron poniendo en marcha a fin de perfeccionar y aportar a la mayor calidad y profesionalización del servicio.
El sistema en un laberinto
Todos estos avances en la salud y seguridad ocupacional de los argentinos, sin embargo enfrentan hoy una importante amenaza: el sideral incremento de los juicios a las aseguradoras. La reforma del año 2012, liberó a los empleadores de los juicios por responsabilidad civil, pero esas demandas se redireccionaron hacia las ART. Un sistema pensado para dar respuesta pronta y efectiva en la atención médica y en el resarcimiento dinerario, ha sido puesto tras las cuerdas por un embate judicial desmedido. Lo que el sistema resuelve por una autopista amplia, expedita, rápida y equitativa para todos, ha sido llevado a un escenario de caminos laberínticos con salidas poco asequibles y resultados inciertos. El incremento de la judicialidad, ya más de 300 mil demandas en stock, más 116 mil que ingresarán en 2016, demandan una enorme cantidad de recursos. Ese sobrecosto más el pasivo contingente afecta la estabilidad del sistema.
Los juicios ingresados en el último mes de junio alcanzaron a 10.261. En los primeros 6 meses del año alcanzan a los 54.744 juicios, un 10% más que en enero/junio de 2015. De 2003 a 2016 la litigiosidad se multiplicó por 39.
Las provincias que concentran la mayor cantidad de demandas son Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y provincia de Buenos Aires. En CABA por cada 100 accidentes ocurridos (que se atienden por la vía administrativa), se presentan 38 demandas.
Lo paradójico en este panorama es que aún en los sectores económico-productivos con más riesgo implícito, los accidentes bajan sistemáticamente. El descenso sistemático, constante y progresivo de la siniestralidad, dato que por lógica debería generar menos juicios, no incide hoy en la disminución de las demandas. Ambas variables operan de manera independiente, desenganchadas.
Analizando este fenómeno desde UA RT se entiende que buena parte de la solución a esta grave problemática se encuentra en manos del Poder Judicial, así lo viene predicando desde que, con la entrada en vigencia de la Reforma de 2012, surgieron diversas interpretaciones judiciales en cuanto a su aplicación.
Recientes fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, aclaran y sientan jurisprudencia sobre una serie de cuestiones que proliferaban en los Tribunales con interpretaciones diversas: retroactividad, aplicación de la actualización por índice RIPTE y aplicación del 20% adicional. Entre las materias de notoria y heterogénea interpretación judicial, que inciden de manera muy gravitante en la cantidad de nuevos juicios que ingresan cada año, está el de la valoración de la incapacidad. La Reforma del año 2012 previó una tabla mediante la cual se establecen los porcentajes de incapacidad correspondiente a cada daño o incapacidad permanente, con el objetivo de dar celeridad, certidumbre y tratamiento equitativo a los trabajadores que quedan con una incapacidad permanente.
Esta tabla, que constituye parte inescindible de la aplicación de la LRT, suele no ser utilizada por los peritos judiciales. Por este motivo, además, es necesario avanzar en la regulación del quehacer pericial en el ámbito de la justicia, a la vez que desacoplar los honorarios de los peritos del resultado del dictamen.
Actualmente, hay iniciativas legislativas de diferentes actores del sistema, tales como las focalizadas a modificar el procedimiento administrativo para la determinación de contingencias, por lo cual agradecemos la enorme voluntad y la firme vocación en resolver la alta judicialidad y cuidar los logros del sistema.
Sin perjuicio de lo cual, destacamos que para que dichas iniciativas resulten eficaces, se requiere de diálogo y trabajo conjunto de ese rediseño.
El punto de equilibrio se encontrará cuando se pueda gestionar este sistema con mecanismos que brinden interpretación unívoca de sus parámetros y automaticidad en cuanto a las prestaciones determinadas. De esta manera se podrá operar con bases aseguradoras. Será necesario un acuerdo sistémico ante la definición de contingencias y prestaciones. Y en el caso de subsistir discrepancias, mecanismos ágiles de resolución que remitan a esas definiciones.
Salvado este devenir en materia judicial, se puede afirmar que hoy nada es igual a 1996, todo es mejor. Ya no se trata de una utopía, ni de una idea o desafío de actores sociales, el Sistema de Riesgos del Trabajo es una realidad concreta, que brinda atención y resultados a la sociedad trabajadora en su conjunto: Empleadores y trabajadores. El escenario laboral, en la actualidad, es totalmente diferente al que se trajinaba antes de 1996. Hay un sofisticado andamiaje de servicios, en permanente mejora y en dinámica evolución para prevenir y atender eficientemente a las 10 millones de personas sobre las que tutela. Es un logro en el plano social y económico que debemos conservar. Por eso nuestro mensaje a la sociedad, en
esta difícil coyuntura de aumento sideral de la litigiosidad, es: Cuidemos y Utilicemos el Sistema responsablemente. Está claro que con menos accidentes, ganamos todos. Y con menos juicios, también.”
