Por Alejandra Caballero. Abogada, especializada en planificación financiera, directora del Programa Ejecutivo de Gestión de Inversión Público-Privada de la USal.-
Argentina acumula un déficit de infraestructura que incluye además de obras nuevas, la finalización de iniciadas, la puesta en valor y el mantenimiento de los activos existentes.
La política en inversión pública definida por el Gobierno cuenta con respaldo generalizado de actores, domésticos e internacionales de la infraestructura, a pesar de la mala praxis del gobierno anterior que hace más empinada la cuesta arriba, de los errores propios del actual gobierno, y de los eventos y circunstancias imprevistos que ocasionaron esquirlas que impactaron en el proceso.
La pregunta es: Qué más se puede hacer para acortar la brecha? Dejando de lado la atención del déficit por demanda natural progresiva, hay que encarar un shock adicional que atienda el stock de demanda insatisfecha acumulado en décadas, para lograr un verdadero salto cualitativo y cuantitativo.
Pero cómo hacerlo cuándo aún no se logra alcanzar las condiciones necesarias para estabilizar aspectos centrales y estructurales, requeridos para acceder a financiamiento en volumen y en condiciones que lo hagan viable?
Las restricciones presupuestarias en Argentina y en todo el mundo son condicionadas por diversos factores y por el tiempo que demanda reordenar las estructuras de gasto público corriente y de gasto social.
La decisión es un desafío que genera oportunidades y riesgos, pero resulta ineludible ver que la salida hacia adelante es doblando la apuesta, es decir aumentando y acelerando la ejecución de inversiones en infraestructura. El quid de la cuestión es “cómo”.
Existen factores y condicionantes clave para el financiamiento de inversiones en infraestructura bajo la modalidad de PPP, llamado a ser el instrumento que posibilite la ejecución de entre un 15 y 20% incremental de infraestructura, siempre y cuando no se pretenda que este sistema tenga éxito para cualquier tipo de obras o que sustituya a los demás sistemas y su ejecución financiada por fuentes tradicionales y menos aún que sea el único sistema vigente.
Factores y condicionantes clave:
- El tiempo y la celeridad en definir los ajustes y correcciones necesarios para alcanzar los “closings financieros” de los contratos PPP celebrados y también para asegurar ofertas en las licitaciones de los proyectos priorizados a licitarse;
- La sincronía fina entre políticas e instrumentos, es decir la estructuración de “vehículos de garantía ejecutables” que aloquen y mitiguen los riesgos percibidos por los mercados; con patrimonios integrados por un mix de: i) carteras de activos físicos, ii) flujos de fondos afectados por el Estado, iii) recursos provenientes de bancos públicos, iv) contragarantías de Organismos Multilaterales de Crédito; y v) fondeo a través de fideicomisos, proveniente de inversores institucionales domésticos;
- Realismo en la “viabilidad efectiva de concreción” de las estructuras y en la “estimación de los plazos de instrumentación”, con ajuste en pautas y proyecciones de crecimiento, en el cumplimiento de los compromisos asumidos ante el FMI; y que sean lo “suficientemente atractivos” y acordes con los requerimientos de los comités de crédito que aprueban el financiamiento de inversiones y el “cierre financiero” por encima de la firma de un contrato;
- La capacidad de reacción, además de la de gestión técnica y política del equipo responsable de convertir planes en obras concretas; y la capacidad de escucha y de aprendizaje que logren desarrollar y mantener en forma permanente durante el proceso;
- La madurez del sector privado doméstico para reorganizarse, capacitarse y estar a la altura de las circunstancias, incluyendo la adopción de mejores prácticas en gobernanza, compliance y transparencia;
- La cuota de realismo que será punto de equilibrio entre las necesidades y las posibilidades, entre las posibilidades y las probabilidades; y entre las expectativas del gobierno y la decisión de los inversores, principalmente domésticos y también extranjeros.
Pilares sobre los cuales edificar el nuevo sistema de inversión pública:
- Planificación estratégica, con visión federal, regional e internacional, que articule sectores productivos y con las provincias, gestionando acciones conducentes para la toma de decisiones de corto, mediano y largo plazo al más alto nivel del
- Plan de inversiones económicas y sociales que priorice paquetes de obras de concreción posible, incluyendo además de obras nuevas y su mantenimiento, la puesta en valor de las existentes.
- Equipos técnicos reforzados con capacitación permanente de cuadros profesionales en priorización, formulación, evaluación y gestión de proyectos; en aspectos técnicos, económicos, financieros y
- Plan de financiamiento, realista, acorde con pautas de crecimiento económico que considere de manera efectiva la mitigación de riesgos estructurales con garantías y seguros de cobertura efectivos, comprometiendo de manera equilibrada distintas fuentes de
- Iniciativa desde el ámbito privado que fortalezca, asista técnicamente y capacite al sector público nacional y sub nacional, así como al sector privado
El gobierno enfrenta incertidumbres en el frente externo, no sólo por el ajuste en las previsiones para financiamiento de largo plazo en infraestructura dispuesta por Basilea III para bancos de inversión (que ya parece historia antigua), así como por la calificación de riesgo requerida para que fondos de pensión y compañías de seguros puedan invertir; sino también ante países competitivos en todo el continente con trayectorias exitosas, estrategias agresivas, más seguros en términos de riesgos y con historial en seguridad jurídica.
El Gobierno tiene la decisión política y la capacidad de dar señales contundentes de madurez orientadas a recuperar “confianza”, con acciones concretas para recuperar seguridad jurídica, con garantías y reaseguros. Es así posible que la respuesta sea el acceso a financiamiento para la concreción de obras, que son motor de crecimiento y desarrollo con impacto en la economía, aunque entrar en ritmo, aumentar el volumen y acelerarlo podría tomar más tiempo del proyectado inicialmente.
¿De qué se trata todo esto?
- Se trata de qué necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida y para generar verdaderas oportunidades de progreso para la mayoría;
- Se trata de entender para qué sirve usar el sistema de contrataciones PPP y conocer sus limitaciones;
- Se trata de definir el país que queremos ser y sostener en el tiempo, de manera coherente la hoja de ruta, independientemente del color político del gobierno de turno. Con estrategia, con metas posibles, trabajando a partir de acuerdos intersectoriales para generar consensos; y de la ejecución eficiente de planes y acciones enmarcadas en políticas de estado acertadas.
La expectativa es directamente proporcional a los interrogantes y dudas: no es la primera vez que Argentina intenta transitar esta senda.
Por eso todavía es tiempo de siembra, en materia de infraestructura es tiempo de avanzar en la concreción de las primeras inversiones en infraestructura económica y social con realismo, hasta que sea tiempo de cosechar: progreso, actividad económica, crecimiento con desarrollo, oferta de empleo genuino, creación de PyMes sólidas.
La infraestructura es un medio para lograr un fin; es el soporte físico para el desarrollo humano y el financiamiento también es un medio para lograr un fin: la concreción de infraestructura.
Los procesos en marcha son relevantes porque no es una prueba de ensayo y no hay demasiado margen de error. Se espera que además den señales contundentes de solidez política, seguridad jurídica y solvencia técnica.
Es fundamental el fortalecimiento institucional porque los países que en la última década lograron un salto cualitativo con crecimiento y desarrollo genuinos son los que apostaron a fortalecer y modernizar sus instituciones.
Por un tiempo, la variante argentina de PPP/PFI será aplicable bajo parámetros más estrictos que en otros países. Para mitigar el “riesgo estado” y el “riesgo privado local” reputacional, los inversores y los mercados, analizarán además de la calidad de los proyectos, la solidez de proyecciones económicas, de estructuras financieras y de garantías como “seguros de cobertura del riesgo desconfianza”, antes de determinar su viabilidad y tomar la decisión de invertir.
El rol de la industria aseguradora es protagónico en este contexto; no sólo en el diseño de seguros de cobertura específica de riesgos, sino también en la generación de vehículos de fondeo que permitan apalancar financiamiento, sobre todo de inversores domésticos y en eso estamos trabajando.
Estamos decididos a construir una verdadera, sólida y perdurable asociación público privada, dispuestos a mitigar riesgos estructurales transitando un camino de previsibilidad y desarrollo duraderos, porque el secreto del capitalismo moderno está en definir los incentivos correctos que permitan alcanzar los objetivos del Estado de manera equilibrada con los objetivos del sector privado.
Los Estados persiguen rentabilidad social y los gobiernos rentabilidad política; los inversores persiguen rentabilidad económica y los ciudadanos rentabilidad de los impuestos en mejores servicios públicos; pero la sociedad en su conjunto en el plano humano, aspira a mejorar su calidad de vida.
Hay acciones claras de decisión política por parte del Gobierno Nacional en el proceso de transformación institucional, política, social, económica y de reinserción en el mundo. 2016 fue año de preparación de la tierra; 2017 fue año de siembra; 2018 está siendo año de sequía; 2019 tendrá que ser año de lluvias buenas porque también deberá ser año de cosecha.-
