El valor promedio fue de 2,97% en julio de este año, registrando una caída de 15,6% respecto a enero de 2016 -cuando el valor representaba el 3,52% de la masa salarial. El dato fue difundido ayer por los directivos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en el marco de la Asamblea de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a la que asistieron representantes de todas las provincias.
Este descenso produjo un ahorro para las empresas que ronda los 17 mil millones de pesos. Además, de un ostensible descenso en el ritmo de la litigiosidad, que hoy se ubica en el orden del 34%.”. Así lo expuso, el gerente General de la SRT, Guillermo Arancibia, ante un auditorio compuesto por un centenar de representantes provinciales nucleados en la CAME, encabezado por su presidente, Gerardo Díaz Beltrán, y el secretario General, José Bereciartúa. Por el lado de la SRT, asistieron el gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales, Fernando Pérez y el gerente de Comisiones Médicas, Ignacio Subizar.
Arancibia puntualizó que la evolución del sistema de riesgos del trabajo a partir de la puesta en marcha de la nueva ley fue significativa. En este contexto, el funcionario agradeció el trabajo que la CAME llevó y lleva adelante en todo el país en pos de que la ley esté vigente en la totalidad del territorio–en la actualidad, son 14 las provincias que adhirieron.
Nuestro diagnóstico reflejaba que debíamos concentrar nuestros esfuerzos en tres patas, en pos de asegurar la supervivencia del sistema: sustentabilidad financiera, la creación de una cultura de la prevención y detectar y corregir las anomalías del mercado”, prosiguió. Y aseguró: “el sistema de riesgos del trabajo no genera empleo por sí mismo, pero sí puede ser un sistema amigable con la generación de empleo”.
El representante de la SRT dijo que “es la primera vez que un cambio normativo impacta de manera directa en el monto de las alícuotas”.
Y adelantó que, si todas las provincias adhirieran a la nueva ley, el ahorro para las empresas rondaría los 6.500 millones de pesos, en lugar de los 5 mil millones producto de las 14 provincias donde la ley ya se encuentra vigente.
Arancibia recordó también que está vigente una serie de mecanismos que benefician al sector pyme, como lo es el régimen de microempresas (previsto en la Ley Nº 26.940). Este régimen prevé un tope en el monto de las alícuotas para pequeñas y medianas empresas que no se venía respetando, ya que ciertos sectores pagaban montos superiores a los previstos. Por esta razón, la SRT instrumentó una herramienta para corregir esta situación, que le permite a las empresas un ahorro de 36 millones de pesos.
“La baja en las alícuotas descomprimen el costo laboral para convertirse en un estímulo laboral”, señaló Arancibia y recordó que “desde diciembre del 2015 a julio de este año, el valor de la alícuota ha ido bajando sistemáticamente, hasta ubicarse en un valor promedio de 2,97%”.
Además, detalló parte del “Plan de digitalización de la SRT”, enumerando los avances que en esta materia logró el organismo de control en estos casi tres años. La “Consulta de alícuota”; “Publicación de datos de contrato”; “Solicitud Electrónica de Cotización”; “Consulta Electrónica de Oferente”; “Certificado de No Objeción” y “Póliza Digital” fueron destacados por Arancibia como herramientas que contribuyen a agilizar la comunicación y los trámites entre empresarios, trabajadores, productores de seguros y el Estado.
Por su parte, el presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán, agradeció la presencia de la comitiva de la SRT y afianzó el compromiso que la entidad tiene con la puesta en marcha de la Ley Nº 27.348 en las provincias que aún no adhirieron. “Hemos trabajado fuertemente en todas las provincias para que la ley entre en vigencia porque estamos convencidos de que es la mejor herramienta para combatir la litigiosidad y favorecer la supervivencia de nuestro colectivo de asociados”, aseguró.
La CAME es, además, una de las patas integrantes del Comité Consultivo Permanente de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, que aprobó este año un anteproyecto de Ley de Prevención laboral que fue remitido al Congreso nacional para su tratamiento. De aprobarse, sería la primera ley en democracia que otorga a la cuestión de la prevención el carácter de tal.
