El pasado 8 de junio, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó una Jornada sobre Derechos Ambientales. En este contexto, el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor anunció la creación del Observatorio Ambiental y su primer informe de trabajo “Gestión ambiental de pilas y baterías usadas”, el mismo fue entregado a todos los legisladores, jueces y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la jornada, la Subsecretaria de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Bárbara Rossen, y el titular del flamante Observatorio Ambiental de la Defensoría, Antonio Brailovsky estuvieron presentes, tal como revela una publicación del sitio web de la Defensoría.
La problemática ambiental que generan las pilas y baterías usadas es porque: “se trata de residuos peligrosos contaminantes que actualmente en la jurisdicción no cuentan con un tratamiento sustentable, es por eso que se realizó este trabajo de investigación y se elaboró la correspondiente recomendación a la Agencia de Protección Ambiental”, señaló la Subsercretaría Rossen.
El tema nos lleva a poner en discusión el rol de las grandes empresas que fabrican y/o comercializan pilas y baterías, y en nuestra opinión, estas empresas necesitan ser revisadas y contar con políticas públicas específicas”. El titular del Observatorio Ambiental acentuó que “una estrategia de las grandes empresas en esta sociedad industrial es la obsolescencia programada, es decir pensar en reducir la vida útil de los productos para que se transformen en residuos lo antes posible”, comentó el titular del Observatorio Ambiental.
Al momento del segundo panel, disertaron el Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli, el responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal, Blas Michienzi, y el Director de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Invernizzi.
La autoridad de la Cuenca (Matanza Riachuelo) tuvo un histórico enfrentamiento entre Nación y Ciudad, que se daba especialmente por la relocalización de la población en el espacio de la Ciudad de Buenos Aires. Desde que las autoridades son de un mismo color político pensamos que íbamos a tener mejores novedades, pero no es así”, manifestó Nápoli.
Asimismo, además de hacer foco en la necesidad de un plan integral de gestión de residuos y de un programa de control de vertidos para sanear y depurar el Riachuelo, Nápoli opinó que: “el propósito central de la cuestión es que finalmente se pueda conformar la autoridad de Cuenca y que se tengan como eje principal la atención a la población y el ordenamiento ambiental del territorio”.
Por su parte, Michienzi relató la tarea que lleva a cabo la UFEMA en virtud de las infracciones ambientales existentes y de las denuncias por maltrato de animales.
Por último, en relación al cambio climático, el Director de Ambiente de la Defensoría requirió la reglamentación de las leyes de las terrazas verdes o las que promueven las energías sustentables. Invernizzi, a su vez, nombró los casos de contaminación del aire por hidrocarburos, los ruidos molestos producidos esencialmente por los colectivos y los vehículos de carga, los incesantes inconvenientes por los residuos sólidos urbanos y la subida de las napas y la falta de cuidado por parte del Estado del arbolado público.
