La provincia adhirió a la reforma aprobada por el Congreso de la Nación en febrero de 2017. Ya lo hicieron CABA, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, San Juan, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Corrientes, Formosa y Jujuy.
El Senado salteño aprobó la adhesión a la Ley Nacional 27.348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 que establece la obligatoriedad de la intervención de las Comisiones Médicas (CCMM) como paso previo en el reclamo de un trabajador por un accidente laboral.
Desde el inicio de la actual gestión se ha llevado a cabo un plan de descentralización de las CCMM. En 2015 había 35 comisiones médicas en todo el país y sólo una en el conurbano bonaerense, hoy ya son más de 50 sedes distribuidas a lo largo y ancho del país. Se prevé para fines de 2018 se contará con más de 80 sedes médicas en toda la Argentina. En este sentido, se logrará el desafío de que el 90% de los trabajadores cuenten con una comisión médica a menos de 50 km del lugar donde viven o trabajan.
El nuevo régimen, además de reducir la litigiosidad, apunta a bajar la siniestralidad laboral a través del fortalecimiento de la prevención. Incrementa las indemnizaciones y prestaciones al elevar la base de cálculo, reduce los plazos de cobro y establece que la indemnización convenida con el trabajador debe depositarse en su cuenta sueldo.
Gracias a las provincias donde la Ley ya entro en vigencia la litigiosidad se redujo casi un 16% en el cuarto trimestre del 2017 a nivel país y en las provincias con los mayores volúmenes de actuaciones judiciales se registraron los mayores retrocesos, por ejemplo, en CABA hubo un descenso del 63%, en el caso de Córdoba de un 84%, y en Mendoza un 49%, según datos de febrero de 2018.
La normativa que impulso el Gobierno nacional encomienda además al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar convenios de colaboración y coordinación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con el objeto de crear Comisiones Médicas Jurisdiccionales en todos los Distritos Judiciales de la provincia de Salta.
Cabe destacar que en diciembre del año pasado la Cámara de Diputados provincial le había otorgado media sanción a la adhesión que forma parte de la ahora Ley de Promoción y Estabilidad Fiscal para la Generación de Empleo impulsada por el Gobernador Juan Manuel Urtubey.
La implementación de la ley de riesgos del trabajo no solo se tradujo en una reducción de los niveles de litigiosidad contra el sistema, sino también produjo una rebaja en las alícuotas que cobran las aseguradoras del sistema, que en promedio alcanzó en enero último al 3,04% de la masa salarial, lo que representó una disminución del 10% respecto del nivel registrado previo a la puesta en marcha de la ley, cuando se ubicaba en el 3,52%. Según los cálculos, esa reducción representó un ahorro para las empresas de $ 6500 millones, en menos de un año de vigencia de ley 27.348.
