Foresto-industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, son las principales actividades incluidas en esta iniciativa que buscará cambiarle la cara a la deficitaria inversión privada en la economía doméstica. El plazo que tendrán las sociedades vehículo para adherirse a este conjunto de beneficios será de 2 (dos) años desde la entrada en vigor de la Ley de Bases, teniendo el Poder Ejecutivo Nacional la potestad facultativa de extender este plazo 1 (un) año más, tiempo que técnicamente coincide con el final de mandato del actual presidente.
Para acceder a los incentivos impositivos (ganancias, IVA), aduaneros (tasas, aranceles) y cambiarios que ofrece este régimen a los proyectos que califiquen como “Grandes Inversiones” (a partir de USD 200 millones), estos deberán presentar un instrumento de garantía al Estado ante los potenciales usos indebidos de los beneficios arriba detallados. Dentro de las alternativas, el seguro de garantía (seguro de caución) aparece como uno de los facilitadores para que los interesados tengan la solución en el mercado de fianzas argentino.
Afianzadora y sus cuadros técnicos se encuentran listos para analizar los potenciales proyectos que requerirán garantías en este nuevo régimen que empieza a generar atracción en el inversor privado, tanto nacional como internacional.
