En lo que significó el segundo intento de tratamiento del proyecto de adhesión -el anterior había sido en 2022-, finalmente los legisladores de Chubut aprobaron las disposiciones principales de la Ley 27.348, sancionada en 2017, que regirá en una provincia que enfrentó sobrecostos laborales aproximados en 2023 por un valor de casi 7.000 millones de pesos, que equivaldría a la contratación de poco más de 1.100 trabajadores en un año.
Los beneficios que esta norma reporta al trabajador pueden traducirse en aumento de las indemnizaciones integrales, oportunas y directas, mayor transparencia en cuanto a que las prestaciones e indemnizaciones se depositan en la cuenta sueldo; mayor extensión de cobertura médica -de 2 a 3 meses en caso de caída del contrato de afiliación- y compensación de gastos médicos que realice la ART y sean imputables a la obra social y viceversa, entre otros.
Los legisladores que votaron a favor del proyecto de adhesión fundamentaron su decisión en la garantía que otorga la ley de resoluciones “rápidas y justas” de los expedientes, en la “gratuidad” de los servicios de patrocinio de los trabajadores y en la “imparcialidad y profesionalismo” de los dictámenes médicos.
El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, aseguró que la medida contribuye “a poner fin” a la industria del juicio que, a criterio del mandatario, atenta contra la productividad del territorio y toma “como rehenes a los trabajadores y a los que generan trabajo”.
Por su parte, el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, celebró la decisión de la legislatura y resaltó que “la medida significa el compromiso total de la provincia de Chubut en el combate de uno de los principales flagelos que enfrenta el sistema de riesgos del trabajo hoy, que es la creciente litigiosidad en claro contraste con la disminución de la siniestralidad”.
