Esta mañana se publicó en el Boletín Oficial una resolución conjunta de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Energía y Minería, a través de la cual manifiestan la aprobación del cuestionado proyecto de construcción de las represas Kirchner-Cepernic sobre el río Santa Cruz. Numerosos medios publicaron esta noticia como un hecho consumado; sin embargo es la justicia quien tiene la última palabra.
Lo que hizo el gobierno es un trámite administrativo con el objetivo de completar un requisito legal, pero de ninguna manera implica la autorización directa para continuar la obra. La justicia tendrá que decidir si considera que hay elementos suficientes para levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema”, aclara Andrés Nápoli, Director Ejecutivo en Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Cabe recordar que luego de la publicación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y la audiencia pública celebrada en el Congreso de la Nación, los diputados y senadores presentaron sus informes. Si bien los informes de las Comisiones vinculadas a temas energéticos y ambientales de ambas Cámaras presentaron un dictamen favorable, hubieron numerosos informes individuales críticos que pusieron de relieve los daños colectivos, las paradojas y falencias del discurso oficial, y los vicios y nulidades del estudio de impacto ambiental. Entre ellos se encuentran los duros informes de Juan Carlos “Cali” Villalonga (diputado ambientalista de Cambiemos), Graciela Camaño (Frente Renovador), Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) y Graciela Cousinet (Libres del Sur). Estos informes se hicieron eco de las críticas manifestadas por las ONG y la ciudadanía durante la audiencia pública. Las mismas no fueron tenidas en cuenta por los ministros Aranguren y Bergman.
La coalición de organizaciones ´Río Santa Cruz Sin Represas´ ha planteado la nulidad del EsIA y de la Evaluación de Impacto Ambiental y ha solicitado una nueva medida cautelar para que las obras continúen suspendidas hasta que se elabore uno nuevo que subsane todos los vicios y omisiones de los que estaba plagado aquél presentado por Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA).
Entre las acciones urgentes señalamos:
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Se efectúe y publique el EsIA respecto del tendido eléctrico de alta tensión,
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se presente el análisis de alternativas de proyectos,
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se presente la evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley de Glaciares,
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se evalúen los impactos en los glaciares que componen el Campo de Hielo Patagónico Sur,
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se completen los relevamientos y campañas sobre la cuestión biológica,
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se analice el proceso de “sismicidad inducida”,
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se completen en su totalidad las tareas de rescate arqueológico,
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se efectúe la consulta previa a las comunidades originarias, se elaboren proyecciones serias de precipitaciones y cambio climático,
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se efectúe el inventario de humedales y se incluyan dictámenes técnicos concluyentes del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el CONICET.
Desde las organizaciones ambientales de la Coalición consideramos que con esta medida el Gobierno buscar avanzar con las represas para cumplir con el cronograma impuesto desde la República Popular de China. Sin embargo, el futuro del Río Santa Cruz no depende exclusivamente de su voluntad. Aunque el gobierno mantenga el discurso de que el Estudio de Impacto Ambiental y la audiencia pública fueron meros trámites, el proceso sigue judicializado y la última palabra la tiene la Justicia.
