Ante los sucesos de público conocimiento sobre el derrame de solución cianurada ocurrido en la Mina Veladero (operada por Barrick Gold) en la Provincia de San Juan, desde la Plataforma Argentina de Diálogo “Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable” expresamos nuestra preocupación por esta situación, y bregamos por la pronta resolución de este incidente ambiental, tal como señala un informe de Vida Silvestre.
Aquellos que desde hace años venimos promoviendo espacios de diálogo y construcción de consensos en torno al desarrollo responsable de la actividad minera en nuestro país, consideramos de suma importancia mejorar el acceso a la información relacionada con la actividad minera en general, y con este incidente en particular. Para esto, la transparencia y el acceso a información sobre los procedimientos de contención y mitigación de daños previstos en los planes de contingencia, los procedimientos y acciones implementadas para contener los efectos ambientales del incidente, así como sobre el resultado de las muestras de agua tomadas, resultan fundamentales en pos de informar a la ciudadanía, y mejorar los procesos de toma de decisiones a futuro, y prevenir posibles conflictos.
Por otro lado, creemos imprescindible remarcar la importancia y necesidad de reforzar la institucionalidad pública en lo referido a la gestión de la minería, en especial aquella relacionada al control ambiental en situaciones de potencial impacto como la que vivimos actualmente. Una presencia estatal fuerte, requiere de áreas independientes de Gobierno que coordinen sus acciones, funciones y competencias, priorizando la intervención de los organismos responsables de la gestión ambiental, en la evaluación y control; así como también, contar con información oficial clara y confiable. Por otro lado, es necesario garantizar el acceso a la Justicia y su pleno funcionamiento cuando las circunstancias así lo requieran.
Por otra parte, es importante garantizar espacios de mayor participación ciudadana en todos los niveles y etapas de la gestión territorial. Desde el desarrollo de mecanismos de ordenamiento ambiental del territorio participativos, hasta los mecanismos de consulta adecuados vinculados a las diferentes etapas del ciclo de los proyectos mineros.
Finalmente, siendo la minería una actividad con potencial para el contribuir al desarrollo económico del país, pero en torno a la cual se pueden generar conflictos sociales y ambientales, es indispensable contar con un marco normativo e institucional acorde, para garantizar la gestión responsable y sustentable del territorio y los recursos de nuestro país, así como el bienestar y tranquilidad de la ciudadanía.
