La SSN continúa cumpliendo su lema: «Menos regulación, más supervisión». En este caso, fue a fondo con una aseguradora de origen familiar, muy prolija y respetada en el mercado, especializada en mala praxis, que comenzó años atrás una nueva etapa a partir de la llegada de nuevos accionistas, con un cambio de su management y su modelo de negocios, derivando a la postre en importantes irregularidades y la presente resolución sancionatoria por parte del organismo de control.
Nos referimos a TPC Seguros, que en base a un programa de verificación por parte de la SSN de sus estados contables, se advirtió que sus balances al 31 de marzo de 2024 presentaban una situación deficitaria en relación al Estado de Capitales mínimos de $1.806 millones.
A eso se sumaba un déficit en el Cálculo de Cobertura de $116 millones y una situación deficitaria en el Estado de cobertura de compromisos exigibles y siniestros liquidados a pagar de $334 millones.
Lejos de terminar ahí, se añaden otras irregularidades a las normas sobre egresos e ingresos de fondos sobre depósito en custodia de títulos públicos de renta y títulos valores en general, detectándose operaciones que “eluden circuitos y procedimientos de control interno relacionadas al manejo de fondos”, tal como se explica en los fundamentos de la norma, en la que también se alerta sobre “graves irregularidades en materia de registraciones, contabilidad, movimiento de fondos, administración y control interno que afectan la integridad y confiabilidad de las registraciones contables de la aseguradora”.
En la misma línea se encuentran las cuestiones relacionadas a las observaciones de la Gerencia de Inspección de la SSN relacionadas a “deudas con asegurados”, “Estado de la Cartera de Juicios y Mediaciones punto 39.6.4”, “Informe de Control Interno” y “Bienes Afectados, Juicios y Garantías”.
Medidas sancionatorias, una por una
En respuesta a este escenario, la SSN emplazó a TPC Seguros para que en el término de 15 días proporcione la información y/o regularización de las cuestiones pendientes. En ese sentido, deberá dar explicaciones en orden al mencionado déficit de $1.806 millones, que representa un 151% del capital mínimo a acreditar, y adopte las medidas para mantener la integridad de su capital, a cuyos efectos deberá presentar un plan de regularización y saneamiento.
En ese mismo plazo de 15 días, a su vez, deberá regularizar el déficit en el Cálculo de Cobertura del orden de $116 millones y el referido déficit en el Estado de cobertura de compromisos exigibles y siniestros liquidados a pagar de $334 millones, mediante su completa absorción.
Ante la gravedad de los hechos, por la presente se le prohíbe a TPC Seguros realizar actos de disposición respecto de sus inversiones, a cuyos efectos se dispone su inhibición general de bienes.
Tampoco podrá celebrar nuevos contratos de seguro, y se le prohíbe realizar actos de administración respecto de sus inmuebles, debiendo abstenerse de celebrar contratos de locación, mutuo y/o cualquier otro que puedan afectarlos.
A su vez, no podrá realizar actos de administración respecto de sus relaciones de reaseguro, por lo que deberá abstenerse de producir innovación alguna que pueda significar una operación de corte de responsabilidad, de cut off, o cualquier otra equivalente que comporte la exclusión de la responsabilidad del reasegurador.
Finalmente, se la intima para que vencido plazo de 15 días, presente sus Estados Contables Rectificados, adjuntando dictamen del auditor externo en el que se certifique la regularización de las observaciones mencionadas e indique específicamente que en la confección de tal estado rectificativo se han tenido en cuenta los criterios que sustentan los ajustes definitivos que se le comunican a la aseguradora.
Esos ajustes tienen que ver con un exceso de inversiones detectado de $1.256 millones, mal cómputo de disponibilidades por $1.228 millones y de créditos por $2.227 millones, y la omisión de registrar compromisos exigibles (saldo de la cuenta bancos saldo acreedor por $8,9 millones y en Superintendencia de Seguros de la Nación por $353 millones).
Como si fuera poco, también deberá proporcionar la información y/o regularización de las distintas situaciones que fueran materia de análisis sobre Deudas con Asegurados (se determinó al 31/12/23, de una muestra de 40 juicios con sentencia, que en 10 casos los pasivos constituidos resultaban insuficientes), Estado de la Cartera de Juicios y Mediaciones (registra atrasos en las presentaciones que debe realizar ante la SSN, quedando pendiente las correspondientes al año 2023 y primer trimestre de 2024), Informe de Control Interno (desde el año 2020 hasta la fecha, se destacan diversas observaciones relacionadas en especial con incumplimiento de límites mínimos y máximos NPPI, registraciones de juicios y mediaciones y circuitos de cobranza, entre otros), y Bienes Afectados, Juicios y Garantías (se detectaron juicios no relacionados con siniestros).
Sin dudas, un sinfín de profundas irregularidades que atentan contra sus asegurados y el resguardo del mercado en general, con un horizonte ciertamente borrascoso.
