Un estudio realizado por La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) sobre 83.500 juicios con Pericia Médica Oficial, muestra la gravedad de la disparidad pericial en el ámbito de la Justicia, la solución pasa por inmediata conformación de los Cuerpos Médicos Periciales dentro del Poder Judicial.
El 2017 fue un año de importantes avances. El Gremialismo, las empresas, el Estado y los legisladores, gestaron el acuerdo para la reforma de la Ley de ART. Progresivamente, fueron adhiriendo a la Ley 10 provincias que concentraban el 85% de los juicios totales. Las primeras cifras en baja de juicios ingresados ya son visibles. En el año se produjo importante jurisprudencia de la CSJN respaldando las fórmulas indemnizatorias, así como los primeros pronunciamientos del fiscal y de algunas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) a favor del nuevo procedimiento administrativo ante las Comisiones Médicas (CCMM).
El problema y el costo de los desvíos periciales en la Justicia.
La UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y las ART que la conforman, realizaron un estudio sobre 83.500 juicios por riesgos del trabajo con Pericia Médica Oficial (PMO). Del mismo, surge que en los dictámenes periciales se produce un desvío en la aplicación del Baremo de 17,5 puntos en la valuación de las incapacidades resultantes de un accidente o enfermedad laboral. Cada punto de discapacidad hoy representa $22.750. Si a esa dispersión, se le suma un 35% por intermediación judicial, la eventual transformación de esos casos en sentencia, implicaría multiplicar por 7 los costos previstos en la Ley para estos pasivos. Hoy disponen de pericia, el 33% de los juicios en stock, aplicando estos parámetros a los 340 mil juicios abiertos, su valuación alcanzaría a U$S 10.600 millones[1].
Dichas pericias se establecieron en un marco en el que los honorarios de los peritos estaban atados al resultado de las sentencias y en el que la discrecionalidad ha sido la regla, tanto sea por la ausencia de una tabla de valuación de las incapacidades, por la falta de un organismo especializado de control, como por la carencia impuesta de peritos de parte en muchas de las jurisdicciones del país.
La solución: conformar los Cuerpos Médicos Periciales, tal como está previsto en la Ley.
Es necesario que la Justicia ponga en marcha lo previsto en el art. 2 in fine de la Ley 27.348 que es la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses o de los Cuerpos Periciales. La constitución de los mismos y la adecuada utilización del Baremo, son condiciones críticas para tornar cierto el costo y la administración del stock de 340 mil juicios, como así también para brindar certidumbre en aquellos casos post Ley 27.348 que, habiendo transitado el paso por la CCMM, decidan apelar a la Justicia. La no constitución de los Cuerpos Médicos Periciales, significa continuar con la histórica discrecionalidad de la que gozan los peritos en la valuación de las incapacidades.
A 12 meses de la reforma, la conformación del Cuerpo Médico Forense (CMF) resulta impostergable.
La presencia de un órgano especializado que realice las pericias médicas o revise los porcentajes periciales fijados en un marco disfuncional y que garantice una correcta valuación pericial en el ámbito judicial no es solo una previsión legal, sino que integra la columna vertebral de la reforma.
La contribución del sistema de ART al colectivo laboral.
Hoy el sistema cubre a 10 millones de trabajadores y asegura a 1 millón de empleadores. Muestra una caída del 70% en los fallecimientos, con actividades de prevención, capacitación y recalificación de trabajadores, a lo que se suma atención médica integral las 24 horas los 365 días del año.
Los valores promedio del punto de incapacidad se encuentran muy por encima del sistema de reparación Civil y la celeridad en el acceso a la cobertura es otra cualidad que distingue al sistema de ART.
Seguir avanzando por más y mejores empleos.
Una mirada objetiva, que privilegie el equilibrio y justiprecie lo alcanzado y lo que está en juego, debe reconocer que mucho es lo logrado pero las amenazas a la sustentabilidad del sistema permanecen en la medida en que no se ordene el descalabro que se produce en la valuación judicial de las incapacidades laborales.
En esta lógica, hay algunos desafíos y previsiones legales que están aún pendientes de cumplimiento. Es el turno del Poder Judicial para avanzar en la conformación del Cuerpo Médico Forense y los Cuerpos Periciales, y de la Justicia Laboral para aplicar adecuadamente el Baremo.
Desde la UART afirman están trabajando para que este sistema funcione acorde a lo previsto en las normas a fin de dar respuesta a empleadores y trabajadores, como sucede en cualquier país previsible. Cada cual en su rol, pero todos con el mismo objetivo.
Así, el empleo registrado, la protección de los trabajadores y la previsibilidad tanto para empleadores como para aseguradores, garantizarán un sistema que pueda seguir brindando respuesta y atención de calidad, agregando valor al tejido productivo.
